En junio de 2007, después de más de 2 años de idas y vueltas, el Senado provincial convirtió en Ley (N° 9.783), el proyecto presentado por el entonces diputado Julio César Aldáz, adhiriendo a la Ley Nacional N° 26.052, que autorizaba a toda la Justicia y la policía de Entre Ríos, a actuar en delitos menores de narcotráfico, que desde siempre estaba reservado solo para los 2 únicos jueces federales que tiene la provincia. El gobernador de ese momento, Dr. Jorge Busti, primero prometió promulgarla en 90 días, pero no lo hizo. Luego dijo, “hasta tanto se determinen las necesidades económicas de todas las dependencias del Estado y solicitar el envío de dinero desde la Nación”, lo que era dejar todo el esfuerzo de las legislaturas en una vía muerta.

Pasaron más de 6 años de aquella sesión y como a nadie le importó volver a ocuparse de esa ley, el tráfico y consumo de drogas creció exponencialmente. Pero actualmente en el Senado se está analizando un proyecto, que ya tomó estado parlamentario y que tendría similares metas. La iniciativa posibilitaría que la Justicia y la Policía de la provincia tengan facultades de intervención en los casos del llamado “narcomenudeo”, es decir, en la venta de droga a pequeña escala. Al respecto, el senador Enrique Tomás Cresto explicó que “estamos adheridos a la Ley 26.052, que impulsó Néstor Kirchner cuando era presidente y que dejaba abierta la posibilidad a las provincias de involucrarse aún más en la lucha contra las drogas. Pero sin embargo, la misma quedó sin aplicación. Hoy todos los senadores estamos promoviendo que la provincia pueda actuar en estos casos. Hay una fuerte voluntad política del gobernador Sergio Urribarri de arbitrar todos los medios para liberar a Entre Ríos de este flagelo”.

Cresto argumentó que frente al “narcomenudeo”, la policía “hoy tiene las manos atadas, puesto que cuando aparece droga en algún procedimiento o hay un conocimiento real de que se está vendiendo dicha sustancia, se debe informar de la situación al juez y al fiscal de turno, para pedir una orden de allanamiento. Pero desde la justicia ordinaria no se la pueden librar, porque tienen que dar primero intervención al Juzgado Federal. Ahí se inicia una serie de procedimientos muy rigurosos, que en realidad están enfocados mucho más en la venta a gran escala, por lo que quienes venden poco, se escapan. Cuando la orden llega, si es que llega, el vendedor ya está fuera del alcance de la policía y pudo deshacerse de la prueba. Por eso lo que planteamos es ‘desfederalizar’ el delito del narcotráfico, para que la policía pueda actuar en conjunto con la justicia local y los procedimientos sean más rápidos y efectivos”.

Durante esta semana, la Comisión de Legislación General del Senado, se reunió con la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y con el Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge García, con quienes analizaron dicha propuesta. La funcionaria judicial dijo que “estamos viendo situaciones que nos llevan a poder decir que no existe una posición contraria a la que plantea y propone el proyecto, pero trataríamos de encontrar el mejor modo posible para aplicar la norma”. En ese marco se refirió a la necesidad de la participación y preparación de otros organismos del Estado, especialmente de las áreas de salud, “porque hablamos fundamentalmente de salud pública cuando hablamos de droga y de jóvenes”.