Rodríguez Signes: “Queremos recuperar las 200.000 has. que son indudablemente de Entre Ríos”

El Fiscal de Estado del gobierno de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, dialogó con El Observador sobre temas de relevancia dentro de esta área. Defendió la posibilidad de recuperar las islas del sur provincial. Señaló que es un punto vital para fomentar la productividad del territorio. Asimismo aseguró que desde la Fiscalía pretenden accionar en todas las entidades o empresas en la que la provincia ocupa un rol importante. Además destacó el crecimiento entrerriano en estos últimos años, pero indicó que es necesario equilibrar el presupuesto “donde existen algunos problemas de déficit previsional”. También apuntó a la mejora del sistema portuario, como una clave para la exportación.

– ¿Qué perspectivas tiene para esta segunda gestión del gobernador Urribarri?

– Aún tengo frescos los recuerdos del 2001 y si comparamos la provincia con lo sucedido en aquel momento, evidentemente que la situación actual es mucho más fructífera, ha cambiado enormemente. Ahora estamos en un camino de crecimiento, empuje y desarrollo. No obstante hay algunos temas sobre los cuales debemos trabajar. Tenemos que equilibrar el presupuesto provincial donde existen algunos problemas de déficit previsional y no hay un proyecto de ley de reforma. Por otro lado no logramos ponernos de acuerdo con la Nación en el financiamiento de ese déficit. En teoría la Nación debería financiar la Caja de Jubilaciones tal cual lo comprometido cuando algunas provincias transfirieron sus cajas. Ahora el gobierno nacional nos reclama armonizar y contar con un sistema previsional más o menos uniforme en cuanto a las condiciones de acceso al beneficio. Es preciso hacer hincapié en ese aspecto porque es un tema sensible, no solamente en el cambio de régimen previsional sino también en la relación con la Nación en este punto específico. Por otro lado, en cuanto a materias pendientes hay que reglamentar el régimen de concurso en la administración pública el cual está reflejado en la Constitución. La cuestión de incrementar la recaudación propia es un tema central, se está actuando en ese proceso mediante la designación de Marcelo Casaretto como director de ATER, es un punto central en la administración pública. El gobierno apunta a mejorar la recaudación provincial para poder equilibrar el presupuesto y algunas obras que evidentemente son fundamentales para Entre Ríos. Personalmente es relevante apuntar a la mejora del sistema portuario. Es el gran desafío. Hemos hecho una gran gestión en lo que es Vialidad, se seguirán haciendo caminos y rutas, pero la gran meta es sacar nuestra producción desde puertos entrerrianos. Es un tema central y por eso se está trabajando en mejorar el dragado de Diamante y del puerto de Uruguay, como así también en el puerto Ibicuy. Éste último brinda una enorme oportunidad, no nos damos cuenta lo clave que resulta, ya que es capaz de receptar buques de ultramar con toda facilidad. Entre Ríos tiene un gran potencial para producir alimentos para el mundo pero nos falta un punto desde el cual comercializar.

– ¿Qué grados de importancia tiene para la provincia, el hecho de darle utilidad productiva a las islas?

– Una línea de acción consiste en seguir trabajando en la defensa de la propiedad pública de ese territorio. Estamos hablando del Delta de Entre Ríos, que está compuesto por casi 1 millón de hectáreas, que van del sur de Paraná o Diamante hasta el límite con Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay. Toda esa superficie apta para la producción, es de una riqueza enorme. En principio las islas fiscales pertenecen al dominio público del Estado, salvo que pertenezcan a un privado con un título suficiente para hacer prevalecer su propiedad. Sin embargo a lo largo de 50 ó 100 años, la provincia ha sido sometida al despojo de sus tierras o a la venta irregular sobre todo en épocas del gobierno de facto. Ahora estamos en un período de defensa y recuperación. Queremos recuperar las 200.000 has que son indudablemente de Entre Ríos, y por otro lado estamos planteando la revisión de aquellas situaciones donde ha habido ventas irregulares, ese es uno de los cursos de acción. Lo que estamos analizando es que no solamente se trata de la defensa jurídica sino de un aprovechamiento económico de ese territorio. Nadie piensa en provocar daños al medio ambiente, pero sí aprovechar productivamente ese lugar,para incrementar la producción y los ingresos de Entre Ríos. En eso trabajamos actualmente, se dio un paso con la Ley 10.092 que luego se derogó.

– ¿Cuáles fueron los aspectos que trabaron la ley?

– Existieron diversos factores. Por un lado tuvo que ver el factor ambiental por medio de organizaciones que reclamaron. También algunas personas plantearon que allí no se puede hacer explotación agrícola. Personalmente tengo mi posición respecto a eso, es un aspecto discutible, insistimos en que ese sector, de casi el 10% del territorio provincial, tiene que cumplir no solamente una función ambiental sino también productiva. Me enojó la posición de la intendente de Rosario (Mónica Fein) y del ex intendente de Rosario y actual senador de Santa Fe (Miguel Lifschitz), porque desde esa ciudad comenzaron a impugnar las ideas que tenemos con relación al territorio entrerriano. No creo que Rosario y sus alrededores estén en posición de cuestionar las políticas ambientales de Entre Ríos, desde esa zona protagonizan y lideran la agresión al medio ambiente.

– Estuvo en la resolución del caso Yedro…

– El juicio fue un proceso penal en el que a Mario Yedro, la cámara penal de Concordia lo condenó y en la sentencia ordenó el decomiso de un campo de varias miles de hectáreas en el centro de la provincia de Entre Ríos, concretamente en el departamento Tala a 17 km. de Maciá. La Fiscalía no intervino en ese proceso penal, sí lo hizo en la gestión o en lo que implicó el decomiso del bien, tal lo establecido por la sentencia. Hubo que recorrer un largo camino hasta obtener que el ex senador Yedro le entregara el dominio de ese bien al Estado provincial. Pasaron 2 años de trabajo donde fuimos visitando el lugar, custodiándolo, en medio de una enorme cantidad de gestiones judiciales. Finalmente el gobierno lo tiene en su poder y existen varios proyectos respecto al mismo. Uno de ellos es impulsado por el Ejecutivo y consiste en una especie de colonización. Se pretende darle utilidad a un sector, para la producción de porcinos. Debe quedar claro que el Estado no venderá ese inmueble, sino que permanecerá en propiedad del gobierno que hará hincapié en la puesta en valor productivo de esa propiedad.

– ¿Qué otros asuntos les preocupa al gobierno provincial en cuanto a asuntos vinculados con tierras fiscales?

– Actuamos en pos de la defensa de la provincia en todas las causas. Vemos permanentemente juicios de usucapión, en donde particulares pretenden la posesión de una propiedad luego del transcurso de un tiempo prolongado. El caso Yedro fue una situación particular porque es uno de los pocos juicios en el país en el que un tribunal condena y ordena el decomiso de un bien inmueble. Generalmente los bienes decomisados son producto del delito o los que se han utilizado en el delito, pero donde el tribunal ordena el decomiso de un inmueble adquirido presuntamente con recursos del enriquecimiento ilícito, conozco solamente este en particular.

– ¿Qué demandas de particulares hacia el gobierno existen o cuáles son los asuntos de relevancia en este momento?

– Existen algunos conflictos con lo que fue la sucesión Basalo, en la cual se legaron bienes a favor de la provincia y existen ciertos inconvenientes legales en ese tema. Hoy estamos más centrados en el control de las empresas públicas que es algo en lo cual insistimos. También pretendemos participación de la Fiscalía de Estado en las sindicaturas de ENERSA, también en el Instituto del Seguro y en SIDECREER. En general pretendemos accionar en todas las entidades o empresas en la que la provincia es parte. Queremos poner en caja el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda. Hay mucha morosidad en el cumplimiento de las cuotas, estamos insistiendo en ese aspecto porque el abono significa mayores recursos para la edificación de más unidades habitacionales. En cuanto a ENERSA actuamos en el contrato de concesión nuevo entre ese organismo y la provincia, para optimizar el servicio de distribución de energía eléctrica.