Productores preocupados se reunieron en Crespo por fallo judicial que restringe fumigaciones

Productores de la región se reunieron esta semana en Crespo, preocupados por la incertidumbre que tienen, ante el fallo de la Justicia de Entre Ríos de aceptar la demanda del “Foro Ecologista” y la “Asociación Gremial del Magisterio”, a través de la cual se rechaza un decreto del Ejecutivo Provincial, que establecía distancias límites de 100 y 500 metros, para las fumigaciones terrestres y aéreas, alrededor de escuelas rurales. Con esa resolución, se dejaba firme la anterior sentencia, de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, que establecía la prohibición en una distancia de 1.000 y 3.000 metros respectivamente. Si bien la medida fue apelada por el gobierno provincial, en el sector agropecuario hay una enorme preocupación, ya que de ratificarse el fallo judicial, quedarían 300.000 has. sin poder ser sembradas con cultivos que necesiten fitosanitarios.

Un productor explicó a El Observador que “muchos estamos analizando qué hacer. No sabemos si invertir o no, porque, ¿qué pasa si a días de haber sembrado se rechaza la apelación del gobierno y no podemos fumigar? Lo que tengo en claro es que a la gente del campo no se la deja trabajar nunca tranquila, o si no es por las retenciones a la exportaciones, es por los elevados impuestos, por los caminos intransitables o por medidas judiciales como estas que nos afectan muchísimo. Lo que sí sabemos es que cuando el Estado no tenga plata para poder pagar los miles de sueldos que tienen, ahí si nos van a pedir por favor que sembremos y les generemos riquezas. Es una locura no poder utilizar más de 280.000 hectáreas”.

En el encuentro estuvo presente el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, quien expresó que “hay una expectativa respecto del recurso que presentó el gobierno provincial (ante el Superior Tribunal de Justicia). Nos parece que establecer esas medidas (por la prohibición de fumigar a 1.000 y 3.000 metros de escuelas) son exageradas, tienen un tinte ideológico y contra eso, es muy difícil. Tenemos a favor, argumentos académicos y técnicos, pero de parte de ellos hay una posición del punto de vista filosófico fundamentalista. Los productos que se están usando son más amigables con el medio ambiente, pero además, hay una cantidad de tecnología que se puede usar para prevenir situaciones que no sean las adecuadas para el momento de las aplicaciones, pero todo eso no es tenido en cuenta por quienes están decidiendo sobre el futuro de nuestras actividades. Los ambientalistas y los docentes hicieron un reclamo sin tener en cuenta a cientos y cientos de productores que no van a poder usar sus medios para producir y vivir”.

Por otra parte, Bel agregó que “en la reunión también hablamos sobre el tema de los caminos, que lamentablemente es otro de los problemas que tiene el sector, sobre todo en lugares donde hay actividades intensivas. Nuestra provincia tiene una importante cantidad de productores que siguen estando en el campo, que necesitan diariamente de la red vial, como la avicultura, la producción de cerdos, la lechería y otros. En ese sentido, vemos provincias cercanas que tienen una impronta mucho más activa en materia vial, como el caso de Corrientes o Buenos Aires, que tiene un plan que está llevando a afirmar 4.000 km por año. O en Córdoba, donde se organizan con consorcios camineros. No es muy difícil buscar experiencias que puedan mostrar cosas que se están haciendo bien en otros lados y que se podrían aplicar acá” expresó en diálogo con Canal 6 ERTV.

 

Comunicado de los productores  

 

Tras la reunión en Crespo, los productores y dirigentes (de los Departamentos Paraná, Diamante y Nogoya) emitieron un comunicado en el que expresan que “la prohibición de aplicar plaguicidas que ha establecido un fallo de la Justicia entrerriana, ignorando la información científica técnica disponible, significa para nuestras empresas agropecuarias, la irracional obligación de someternos a la negativa de producir. Para el actual proceso productivo, tenemos como herramienta fundamental la aplicación de plaguicidas, que nos permite proteger a los cultivos, agrícolas y forrajeros, contra las malezas, insectos y hongos. De no poder hacerlo, es igual a tener muy poca producción o no tenerla. Por otra parte, la prohibición de ‘fumigar’ en un radio de 1.000 metros respecto a una escuela rural, representa mínimamente unas 300 hectáreas sin producción alrededor de la misma. Para los productores vecinos a las escuelas, puede significar que toda su empresa quede fuera de la producción. Es por esto que los productores, fuertemente perjudicados por la Justicia, ya están considerando diversas salidas frente a este problema inverosímil, como la de abandonar la producción y migrar a las ciudades en busca de empleo. También, retirar sus hijos de estas escuelas rurales, muchas de ellas construidas en terrenos donados por sus abuelos y que funcionan actualmente porque tienen cooperadoras sostenidas por esos mismos productores vecinos y padres de los niños que asisten a dichos establecimientos educativos. La asistencia de los guríses y de los maestros a esas escuelas se ve impedida muchos días al año, debido al mal estado de los caminos rurales, otro problema permanente e insoluble para los productores que no logran que sus reclamos sean atendidos por la Provincia y Vialidad. Es por eso que esta prohibición de producir por estar cerca de una escuela rural, es un factor que hará forzar en muchos casos la decisión de mandar los guríses a una escuela en la ciudad, produciendo un éxodo rural y por ende, un desarraigo del lugar donde se está viviendo. Es impensado para una familia que de la noche a la mañana, no pueda disponer de sus tierras para producir, es su modo de vida, su sustento. Se están observando ya las consecuencias psicológicas que esto acarrea y que destruye sueños de familias de campo. El fallo judicial no ha tenido en cuenta que para cuidar la salud de los guríses del campo, no es necesario sacar de la producción más de 300.000 hectáreas en la provincia, si no requerir otras medidas, cuyo incumplimiento son responsabilidad del mismo Estado. Antes de prohibirnos de producir, deberían haber tenido para el sistema productivo que requiere este fallo, todas las herramientas viables y sostenidas en el tiempo para poder cambiar el actual modelo de producción”.