“Migrar no es un delito”: Desde la Iglesia reprueba modificaciones a ley vigente en Argentina

La Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación ante las modificaciones en el régimen migratorio anunciadas por el Gobierno Nacional, que “afectan principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y estigmatizan a quienes eligen habitar en nuestro país”.

Así lo expresó en el documento conclusivo de su Encuentro Nacional, realizado días pasados en Luján, donde representantes de diversas diócesis compartieron “proyectos, iniciativas y sueños” en favor de las personas migrantes, especialmente las más pobres y vulnerables.

La preocupación principal de quienes trabajan por los migrantes está enfocada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que impone modificaciones a la Ley de Migraciones vigente, que es “modelo internacional en política migratoria debido a su enfoque humanitario, que garantiza el respeto a los derechos humanos”.

El mencionado decreto, emitido a fines de mayo por el Gobierno de Milei, “ajusta el control migratorio, restringe el acceso gratuito a salud y educación para no residentes permanentes, aumenta los requisitos para obtener residencia permanente, establece límites más firmes en materia penal y migratoria, entre otros ítems”.

La Pastoral se apoya en que el artículo 1° de la actual ley de migración establece que “el derecho a migrar es esencial e inalienable de toda persona” y que ello no invalida la necesidad de “un control migratorio justo y ordenado”.

“Migrar no es un delito”, subrayan desde la pastoral, y aseguran que “un país que se cierra al mundo se empobrece no sólo demográficamente, sino también en lo cultural y en lo económico”.

“Se pretenden justificar reformas regresivas en nombre de la seguridad” y recuerdan que “todo delito debe ser prevenido y sancionado en el marco del derecho penal, sin recurrir a generalizaciones xenofóbicas o discriminatorias que estigmatizan a los migrantes y a sus comunidades” publicó ACIPrensa.

“Negarles o dificultar el acceso a la salud, a la educación o a la protección social, como sugiere la reforma impulsada, no sólo vulnera tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino: vulnera nuestra humanidad”, sentencian.