M. Grande: Directivos de Crecer Solidario se entrevistaron con Julián Froidevaux

Rubén Galante y José Federico Mastaglia, presidente y secretario, respectivamente de Crecer Solidario de M. Grande, se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Julián Froidevaux, para abordar diferentes temáticas especialmente sobre la política de seguridad pública de la provincia.

En este sentido manifestaron que partiendo de la base que la misma no debe ser antagónica al respeto por los Derechos Humanos, se planteó la necesidad de reforma de la Ley de Creación de la Policía de Entre Ríos N° 3815 que data de 1952, donde también se disponen contravenciones que a la realidad del mundo actual, tiende a criminalizar acciones que pueden ser cotidianas para algunos vecinos.

También se mostró preocupación por el tratamiento de la normativa que intenta regular el uso de cámaras de seguridad o video-vigilancia, tal como se encuentra en el proyecto originario. Al respecto los representantes de “Crecer Solidario” manifestaron que puede entenderse necesaria, ante el vacío legal existente, una legislación que reglamente el uso, cada vez más asiduo, de video-cámaras que graban las acciones ciudadanas en el ámbito público, ya que la utilización de estos sistemas, afectan indefectiblemente derechos fundamentales de las personas, tales como la intimidad, a la libertad ambulatoria, el derecho de la imagen, a la privacidad, el honor y otras tantas prerrogativas que se derivan de las anteriores. Argumentaron que “la regulación que se prevea, debería ser específica, clara y detallada, sin lugar a lagunas interpretativas, porque se debe poner atención, que el uso de dichos sistemas, ya implican de por sí, el desmedro de varios derechos fundamentales receptados en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos. En cuanto al manejo del sistema otorgado a la Policía, el proyecto en tratamiento colisiona con las autonomías municipales, ya que los sistemas de video-vigilancia al ser aplicados en el ámbitos de las ciudades, deberían ser los mismos municipios los encargado de definir o no, su establecimiento y regulación.

“La implementación tecnológica de cámaras de video-vigilancia para la ‘lucha contra el delito’, constituye una propuesta incompleta y onerosa frente a los escasos efectos positivos que pueda provocar” remarcaron los directivos.

Para finalizar señalaron que “el tratamiento de esta iniciativa amerita un debate más amplio y plural. Incluso se hace necesaria la consulta a las organizaciones sociales, en el marco de audiencias públicas, a fin que todos aquellos interesados puedan exponer sus argumentos en la Legislatura y enriquecer el proyecto originario”.