Desbaratan un plan criminal gestado en la UP9 para asesinar al juez Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Roncaglia

En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un plan de sicariato orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Frigerio manifestó su respaldo absoluto al trabajo realizado y afirmó: “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”.

El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti y le ministro Néstor Roncaglia.

Tras lo sucedido, el gobernador Rogelio Frigerio expresó a través de sus redes sociales su repudio y destacó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”.

En ese sentido, el mandatario calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, y remarcó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos.

“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador.

La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado a un narcotraficante de Diamante que se encuentra alojado en el Pabellón E de dicha unidad. Según los datos recolectados, habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.

Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía “vengarse” de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía.