Absolvieron a la abogada crespense acusada de intentar engañar a jueces

La Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná absolvió de culpa y cargo a la profesional de esta ciudad que fue juzgada por estafa procesal. Había presentado un amparo contra el Iafas.

La abogada oriunda de esta localidad salió llorando de emoción del salón de audiencias de la Sala II de la Cámara del Crimen, ayer al mediodía. Después de cuatro años procesada, la absolvieron de culpa y cargo del delito de estafa procesal, una acusación grave para un profesional del Derecho, ya que esta figura penal se da cuando una persona oculta o adultera un instrumento para inducir al juez a cometer un error.

La letrada que fue representada por Rubén Pagliotto conocerá recién en mayo los fundamentos del tribunal Ad Hoc de la Sala II que la juzgó.

“No puedo hablar, estoy emocionada y quiero estar con mi familia”, dijo la letrada, quien aseguró: “Nunca entendí este proceso, pero igual me sometí a la Justicia, porque creo en la Justicia”.

Junto a ella fue juzgada su clienta, M.I.A., quien no había sido acusada por el fiscal Rafel Cotorruelo. El representante del Ministerio Público Fiscal había reclamado seis meses de prisión condicional para la abogada, que había presentado vía amparo el pago de salarios atrasados de su clienta, quien era un excontratada del Iafas de Crespo.

La historia que tiene como protagonistas a la abogada y a su clienta se inició en 2007. Ese año la ex empleada, que trabajó hasta 2004 en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) bajo la figura de locación de servicio, se quedó sin trabajo cuando transcurría su quinto mes de embarazo e intentó saber si podía reclamar por sus derechos. Al parecer, la mujer fue informada verbalmente que había concluido su relación laboral con el Iafas. La abogada entendió que “como la estabilidad laboral se presume” y “su clienta no había sido notificada de la finalización del contrato” se podía reclamar.

La vía elegida para pedir que le restituyan el derecho fue el amparo, que cayó en la Cámara del Crimen de Paraná. Los jueces de la Sala II de la Cámara, Héctor Vilarrodona, Jorge García y Raúl Herzovich fueron quienes analizaron el recurso. Los camaristas sostuvieron que la acción era una “aventura judicial”. Para los jueces, el reclamo perseguía “la ilusoria intención de lograr de ese organismo jurisdiccional una resolución ordenando el pago de una remuneración que indudablemente conocían no le correspondía a la empleada”, y valoró que el proceder de la abogada constituía “una conducta inconciliable con los deberes mínimos de lealtad y buena fe procesal, a los que están obligadas las partes”.

Por eso el tribunal rechazó el amparo, apercibió a la abogada y remitió la causa al Colegio de Abogados de la Provincia para que analice la conducta disciplinaria de la letrada. Confiada que su accionar había sido lícito, la profesional apeló ante el STJ. Allí expuso su tesis y explicó que “la estabilidad se presume”, y precisó: “El amparo fue presentado fundado en la base legal de la garantía de la estabilidad absoluta del empleo público que garantiza la Constitución nacional”.

Según la abogada “una garantía constitucional vulnerada a través de contratos de empleo público nulos, cuyos vencimientos implicaron la pérdida del trabajo, y por ende, del salario”.

Además, dejó en claro que presentó todos los recibos y toda la documentación pertinente. Muchos abogados se mostraron preocupados por esta causa, ya que, según dicen, “no se puede terminar denunciando a un abogado por cuestionar contratos que son irregulares”.

El juicio contra la abogada crespense llamaba la atención de los hombres del Poder Judicial. Abogados y jueces entrerrianos sostienen que “se trata de una interpretación jurídica en una ciencia social como el Derecho, no te pueden condenar por pensar distinto”. En los pasillos de Tribunales varios profesionales dijeron: “El tribunal tendría que haber dicho ‘no hace lugar’ y fundamentar, si no, imaginate que cada juez que no esté de acuerdo con un planteo te denuncie…” (Diario Uno)