Visitó el “Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos”, con sede en Crespo, el jefe de la División Trata de Personas de la policía provincial, Crio José Zárate, quien en diálogo con el director de El Observador, Cont. Fernando Alberto Huck, brindó detalles impresionantes de cómo cerraron casi todos los prostíbulos de Entre Ríos, tras la aprobación de la Ley Nº 10.186, clausurando sólo en 2013, 41 lugares nocturnos donde se ofrecía el comercio sexual a cambio de dinero.

– ¿Se podrá desterrar definitivamente la trata de personas en Entre Ríos?

– Estamos trabajando en ese sentido y para lo cual se han implementado medidas en cuanto a lo legislativo y operativo. Cuando hablamos de trata, no solamente es la comercialización de mujeres para el ejercicio de la prostitución, sino también está enmarcado el trabajo forzado, la servidumbre, la venta de órganos o los matrimonios serviles (que es cuando se elige una determinada persona para contraer enlace por conveniencia económica a través de un contrato con la persona para que a lo largo de un tiempo cumpla ese fin). En nuestro caso, a partir de 2008, cuando por decisión del jefe de la Policía de E. Ríos, Crio Gral. Héctor Massuh, se creó esta división, empezamos a trabajar primeramente con el tema de los prostíbulos, ya que nuestra provincia era un corredor importante del tráfico de personas. En conjunto con los demás organismos oficiales y con los municipios, hicimos un sondeo y se determinó que había más de 100 de estos locales nocturnos, camuflados como wiskerías o cabarets. Veíamos que en esos lugares estaban mujeres que no eran de esta provincia, en su gran mayoría de origen misionero, paraguayo, boliviano o dominicano. En base a ese cuadro de situación, se empezaron a hacer controles, a determinar quiénes eran los propietarios y con la aprobación de una legislación, se tuvieron las herramientas necesarias para eliminar estos focos infecciosos de posibles casos de trata. La primera ley aprobado en el país sobre esta temática, daba lugar al consentimiento de las mujeres y los resultados no eran lo positivo que se querían, pero en la segunda normativa, que se aprueba en 2012, dicho consentimiento no es considerado válido, porque se entiende que la persona que está en esos locales, está en un estado de vulnerabilidad.

– ¿Fue un cambio cultural muy importante en Entre Ríos…?

– Sí, porque ya estaban en la sociedad, eran lugares de asidua concurrencia para ciertas personas, que no lo veían como un lugar para posibles casos de trata. Pudimos cerrar esos 100 locales y seguimos trabajando con los que han querido resurgir e incluso en 2013, hubo otros procedimientos positivos. Cuando intentaron volver, otra vez camuflados, logramos hacer las investigaciones correspondiente, llevar esos datos a la justicia y lograr las clausuras y detenciones de las personas que los estaban regenteando.

– ¿Qué debe hacer una persona que quiera denunciar un caso de trata de personas?

– Debe recurrir a la oficina policial, desde donde nos van a dar intervención y tomarán la denuncia como corresponde. Hay que hilar fino y ser puntilloso al momento de interrogar a la supuesta víctima o si es una persona que conoce a la misma, para saber y llegar en tiempo y forma al rescate. Cada cabecera departamental tiene un “delegado de trata”, con el cual nos reunimos periódicamente para delinear acciones y que son los encargados de comunicarnos las situaciones que se plantean. En Paraná, nuestra sede está en Churruarín y Ayacucho, el mail es [email protected] y nuestro teléfono es 0343-4344726 o 154-602021.

– ¿Les alcanza el personal para poder controlar toda la provincia?

– Tenemos un plantel de 20 personas para la parte operativa. Junto a quien me acompaña como subjefe, tuvimos la oportunidad de perfeccionarnos con un diplomado en Córdoba, dictado por la Universidad de Villa María en cuanto a la trata de persona. A esos conocimientos los hemos bajado a nuestros compañeros y de ahí en más, tenemos delegaciones en todas los departamentos provinciales, las cuales nos hacen un sondeo y un monitoreo de la situación que tienen en sus jurisdicciones y de ser necesario, concurrimos y procedemos.

– ¿Hay personas detenidas por haber sido dueños de prostíbulos?

– Sí. Hay 11 personas que detuvimos en los procedimientos, que primero quedaron a disposición del Juzgado Federal y que hoy están cumpliendo su pena… Hay una persona que está prófuga y que la Justicia Federal lo está requiriendo… En estos años logramos establecer cómo se movía esta gente, cómo hacían ingresar a las mujeres formoseñas por Villaguay y Gualeguay, a las misioneras por la zona de Gualeguaychú y Uruguay…

– ¿Estaba concentrada en pocas manos la prostitución en Entre Ríos?

– Este negocio es un pulpo que se esparce por todos lados y de nuestra parte, tratamos de localizar los puntos neurálgicos, pero también queremos llegar a las cabezas…

– ¿Hay aún prostíbulos encubiertos?

– Apuntamos a que no los haya… Hay muchos que funcionan como bares, pooles y en ese marco, la investigación lleva su tiempo. Hay que reunir los elementos para no pecar de inocentes y no perder la información que se logró.

– ¿Hay más prostitución callejera a partir del cierre de esos 100 prostíbulos?

– No. La cantidad no se ha disparado con el cierre de los prostíbulos. Aclaro que la prostitución en la calle no está penada, es de libre ejercicio, lo que sí hacemos con nuestra División, es un contralor en cuanto al marco preventivo. En el caso que estas personas que ofrecen sexo en la vía pública sean potenciales víctimas de casos de trata, actuamos, para lo cual realizamos controles en cuanto a identidad, ubicación, cantidad. En Paraná tenemos entre 30 y 40 personas en las calles de Paraná que desarrollan esta actividad, sí hemos encontrado menores, incluso hemos sacado 15 jóvenes en situación de prostitución, la mayoría era de la provincia de Santa Fe.

– Hay casos emblemáticos en la provincia de desaparición de personas, como la familia Gill de Crucesitas 7ª o Fernanda Aguirre de San Benito, ¿hay investigaciones por alguna supuesta vinculación de estos hechos con casos de trata?

– En diciembre hicimos un relevamiento a requerimientos de organismos nacionales, a fines de establecer cuántas personas teníamos desaparecidas en la provincia y a la fecha, desde 2000, son 7, con la familia Gill, Fernanda Aguirre, un joven que se perdió en la costa del Uruguay y otra persona más, que son casos que están bajo la orden judicial. Los juzgados, a medida que surgen elementos de prueba, van dictaminando los pasos a seguir.

– ¿Hay redes organizadas para el delito de trata de personas o son casos aislados?

– En nuestra provincia hemos tenido la oportunidad de detectar casos de menores que han aparecido en los prostíbulos, que estaban escapadas o por la necesidad económica de salir de donde vivían, pero bandas organizadas y encausadas, exclusivamente por el tema de la trata de personas en la provincia, no tenemos registradas.

– ¿Cómo inciden las redes sociales en el desarrollo de estos delitos?

– Son nuevos elementos en los cuales se ve muchas veces muy vulnerable al ser humano, ya sea en lo económico o en lo sentimental. Se deja plasmado lo que le está pasando a nuestras vidas y esta gente, sabe aprovechar el momento y oportunidad para golpear. Mi recomendación es que deben ser medidos en la información que se sube a las redes y no se ejerce el control necesario sobre el accionar de los jóvenes y después es tarde para arrepentirse…

– ¿Actuaron por los niños que trabajan en la calle…?

– Nuestro gobernador apostó mucho a luchar contra el trabajo infantil. Para eso, el año pasado se aprobó una normativa especial y en nuestro caso, participamos junto con el Ministerio de Trabajo, en los diferentes operativos. En cuanto a los niños en situación de calle, hay distintos puntos de vista. Hemos tomado intervención, en conjunto con el COPNAF (Consejo Provincial del Niño, la Adolescencia y Familia). Como son niños, hay que tener un trato especial, pero nuestra fuerza operativa queda exenta de eso, a no ser que lo requieran.