El pasado miércoles finalizó el paro encabezado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, lanzado el sábado 15, que apuntó a un cese de comercialización de granos y hacienda, en protesta por la política agropecuaria del gobierno nacional. Los dirigentes ruralistas recordaron que la medida comprendió a todos los productos del campo, menos los perecederos y dijeron que se llegó a este punto, ante la negativa de la presidenta de recibirlos en audiencia.

“Decidimos pasar de las propuestas a las protestas”, indicaron los dirigentes, y calificaron de “provocación” las declaraciones de la jefa de Estado cuando dijo: “sabemos lo que están haciendo” en referencia a la actitud de los productores de no vender granos para evitar el ingreso de divisas. Asimismo, se quejaron por “la brecha de precios que existe entre la producción primaria y los artículos al consumidor, que en algunos casos llega del 300% al 1.200%”. Sobre este tema, Esteban Vitor, integrante de la Mesa de Enlace Provincial y representante de la Sociedad Rural Argentina en reemplazo de Luis Miguel Etchevehere, le manifestó a FM Libertad y El Observador que “llegamos a este camino solamente a efectos de querer ser escuchados y plantear el problema que tienen las distintas variantes de la producción agropecuaria, que hoy por el tipo de cambio, se ha vuelto no rentable”. Preocupado por la diferencia en los valores de los productos, explicó: “Por ejemplo, la leche tiene un precio de $1,70 para el productor mientras que el consumidor la paga $7. Algo está mal y lo mismo pasa con cualquier otra actividad que se tome. Estamos haciendo un esclarecimiento y pidiendo una rectificación de las políticas de Estado. Se han cerrado 120 plantas frigoríficas. El esquema de cerrar las exportaciones no ha dado resultado, la carne está muy cara al consumidor, mientras que el productor hace 3 años que posee el mismo precio. Algo fracasó. Tenemos los 3 principales frigoríficos de la provincia cerrados. Se debe rectificar el rumbo”. Continuando con la problemática, el dirigente argumentó que “el kilo de ganado en pie tiene un precio que ronda los $8 para el ganadero, mientras que en las góndolas lo más económico es de $50. Ante esta realidad, pensamos que se pueden hacer políticas que beneficien al consumidor, como en Uruguay que los cortes populares tienen un precio económico y los de exportación tienen otro valor. Entran divisas al país y en el mundo se promociona la exportación, no se la cierra. Estamos a contramano de lo que se hace en otros lugares del mundo”. En cuanto a las medidas que debe adoptar el gobierno para cambiar el rumbo, Vittor dijo: “Pensamos que debe haber una mejora en ese tipo de cambio del que hablo. Eso no significa que haya una revaluación, porque una revaluación va a generar más inflación. Lo que estamos planteando es la mejora a través de una baja de impuestos y de retenciones para que el sistema sea más remunerativo. Las retenciones fueron puestas en otro momento o circunstancia del país. Hoy prácticamente no hay actividad agropecuaria que sea rentable”. El ruralista hizo fuerte hincapié en la pesada carga impositiva que debe afrontar el productor: “La presión impositiva es alta, tanto a nivel nacional como provincial. El Impuesto Inmobiliario hoy tiene gran incidencia en las empresas agropecuarias entrerrianas. Es fundamental una reducción. Además, en el sector exportador han quedado cuatro o cinco actores, no hay competencia, no hay transparencia en los mercados y eso genera una distorsión. Si hay cuatro o cinco que se ponen de acuerdo, perjudican a los miles de productores que están atomizados y no son los que fijan los precios. No sabemos por qué el gobernador se reúne con otros sectores, como por ejemplo de la Bolsa de Cereales y no lo hace con nosotros. Le hemos planteado varias audiencias y no nos recibe. Quizás aún quedaron secuelas del conflicto de 2008, pero hay que mirar para adelante. Si no dialogamos, no vamos a llegar nunca a una solución de estas cuestiones. Una provincia no fija las políticas nacionales, pero el gobernador puede interceder. Nosotros le hemos pedido un plan de facilidades de pago de 45 días y no hemos recibido respuesta. El impuesto inmobiliario el año pasado aumentó el 600% y ATER modificó las cuestiones de multas e intereses. Hace numerosas ejecuciones en la provincia y nos preocupa que se termine en remates de campos…”, agregó.