Una investigación de EEUU confirmó que el cartel de Sinaloa financió una campaña de López Obrador

El Departamento de Justicia y la DEA probaron que el poderoso cartel mexicano aportó entre US$2 y 4 millones en 2006 a cambio de protección y de nombrar al Procurador General de la República.

Pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006 obtuvo Anabel Hernández y publicó en el medio alemán DW.

La investigación fue realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA y hasta el presente había sido mantenida en secreto .

La Fiscalía elaboró en la indagatoria reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio en las que testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman la existencia del financiamiento ilícito.

La encargada de la investigación sobre el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York fue la prestigiada funcionaria Jocelyn Strauber, quien se desempeñó como fiscal de 2005 a 2013. Primero como subjefa y luego codirectora de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. 

La reportera indicó haber tenido conocimiento del caso desde 2020, como parte de una investigación de largo aliento que se realizó desde 2019.

El Gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral de 2006, a nombre del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con lo que publica, la organización criminal pidió a cambio contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.

Continúa diciendo que, por entonces, Beltrán Leyva, alias El Barbas, obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales.

Era parte de la cúpula de la llamada Federación, asociada con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo, entre otros.

En un documento titulado ‘Operación Polanco’, elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, la oficina Ciudad de México y la división de campo de la DEA en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se explica la trama medular.

Sostiene que todo comenzó a finales de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit.

AMLO, siendo candidato del PRD, había sido elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México para el período 2000-2006.

En julio de 2005 presentó su renuncia al cargo e inició su larga precampaña para buscar ser presidente de México.

En 2006 compitió por la Coalición Por el Bien de Todos, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia.

En el primer cónclave en Nayarit estuvieron presentes La Barbie, como representante de Arturo Beltrán Leyva; su suegro Carlos Montemayor González, quien también era integrante del Cartel de Sinaloa; Dipp Jones, y León García.

Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. Se decidió que López Nájera fuera el contacto para hacer llegar el dinero del Cartel de Sinaloa.

La segunda reunión se llevó a cabo en Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, de la colonia (barrio) Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García.

Durante los dos años de investigación, la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama.

Revela el artículo que, por parte del Cartel de Sinaloa, el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva.

También estaban Roberto Acosta Islas, alias El R, uno de los lugartenientes de El Barbas y encargado financiero, así como Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.

Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer de AMLO.

Estuvo a su lado del 2000 hasta 2014 y saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.

Nico estaba a la vista que era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco, al igual que el presidente, desde hacía décadas Mollinedo y su familia tenían una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO, describe Hernández.

Durante la campaña presidencial de 2006, Nico fue el coordinador logístico, y en la de 2012 también fue un operador importante.

El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizarlos a la campaña fue Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Soto Caballero trabajó con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en YouTube en 2022. 

Afirmó haber sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018.

El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García, alias Pancho León, quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. 

León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila; su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo con la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero.

La cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el Cartel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco (Guerrero), ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.

Se pudo corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el Gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cartel de Sinaloa.

En una entrevista de inicios de 2022 a Celeste V., quien fue pareja de Arturo Beltrán Leyva, protagonista del libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, confirmó que efectivamente El R era una de las personas de mayor confianza del jefe del clan de los Beltrán Leyva y era responsable de entregar pagos a funcionarios públicos y algunas de las mujeres del espectáculo con las que el narcotraficante tenía relación.

Una de las veces en que El R entregó dinero a Soto Caballero fue en el restaurante especializado en cortes de carne ubicado en la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco. 

Soto Caballero y Nico estaban en el lugar y el enviado de Arturo pasó a entregarles el dinero. 

En total, de acuerdo con los participantes que declararon ante el Gobierno de Estados Unidos, entre ellos Soto Caballero, llegaron a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares.

Según el informe de gastos de los candidatos en la elección presidencial de 2006 realizado por el Instituto Federal Electoral, oficialmente, AMLO gastó 616,15 millones de pesos en su campaña. 

Cada voto le costó 41 pesos con 75 centavos, 32 millones de pesos, más que lo que gastó oficialmente Calderón en su campaña.

Si bien AMLO en esa oportunidad perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, el Cartel de Sinaloa no solo había apoyado su candidatura, sino que, de acuerdo con lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en la Corte de Distrito Este de Nueva a finales de 2018 y principios de 2019, la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón.

Durante su gobierno, el Cartel de Sinaloa recibió protección de diferentes autoridades, principalmente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En 2008, López Nájera, uno de los protagonistas del financiamiento ilícito a la campaña de AMLO, se hizo testigo colaborador de la PGR en México y fue uno de los testigos que la Procuraduría usó en el polémico caso conocido como Operación Limpieza, en el que al final diversos acusados fueron liberados.

NA