Supuestos abusos en el seminario: Crece la polémica por la demanda civil

La primera fase de una demanda civil contra la Iglesia de Paraná por un caso de abuso de menores ocurrido en el Seminario de Paraná podría tener derivaciones de escándalo a partir de la revelación que hizo el abogado Marciano Martínez, representante legal del cardenal Estanislao Esteban Karlic.

Martínez hizo pública la existencia de una audiencia de conciliación, que se concretó el 28 de diciembre, en el estudio de la abogada mediadora Delma Abt, ubicado frente a la Iglesia Catedral, adonde sólo concurrieron Juan Ángel Fornerón, representante legal del principal acusado, el cura Justo José Ilarraz, y las tres víctimas que lo acusan de abusador, más su abogado querellante en la causa penal, Milton Urrutia.

Así, se abrió camino una segunda causa contra Ilarraz, ya sometido a juicio en el marco de una investigación penal, que tramita el juez de Instrucción Alejandro Grippo.

Martínez , en declaraciones a Elonce TV, dijo que el planteo de las víctimas sólo apunta en un sentido. “Quieren plata”, dijo. Y fue más allá, al señalar: “He recibido comentarios en las cercanías de la Iglesia, que hubo una reunión donde se pidió una indemnización grande, importante, en euros, mucho tiempo antes de la denuncia penal”.

El reclamo civil de las víctimas no sólo va contra Ilarraz, sino también contra el Arzobispado de Paraná, el arzobispo Juan Alberto Puiggari y el cardenal Karlic. Pero ninguno de estos últimos asistieron a aquella audiencia de mediación; tampoco sus abogados, Mario Martínez y Marciano Martínez, respectivamente.

Aquel encuentro conciliatorio, que fracasó, atravesó momentos de mucha tensión, sobre todo cuando Fornerón, según algunas fuentes, habría revelado la existencia de una encuesta de opinión encargada a una consultora de Buenos Aires, que daría un alto nivel de aceptación a la figura de Ilarraz entre la opinión pública.

Con esos datos, Ilarraz estaría dispuesto a plantear una contrademanda, en función de los daños producidos al cura por la divulgación del caso de abusos en el Seminario. La demandaría apuntaría, en ese caso, a la cúpula de la Iglesia de Paraná.

Enterado de las afirmaciones del abogado Marciano Martínez, el querellante que representa a las víctimas, Milton Urrutia, salió a contestarle, y lo acusó de “mentiroso” y de “alucinar”.

“Habla de una indemnización en euros que están pidiendo las víctimas, y eso es una absoluta mentira. No sabía que Marciano Martínez era el abogado del señor Karlic, me entero ahora. Le pido que me diga de dónde sacó esa información, porque las víctimas en ningún momento han hablado de una indemnización en euros. Además, reveló la existencia de una audiencia de mediación, y violó así las actas de confidencialidad de estas audiencias. Pero no sólo violentó el proceso de mediación, sino que también injurió a las víctimas y ejerció violencia psicológica, como antes lo han hecho Karlic y Puiggari”, dijo a El Diario.

Urrutia, que se había llamado a silencio luego de una presentación que efectuara el propio Karlic ante el juez Alejandro Grippo, que investiga los abusos ocurridos en el Seminario entre 1985 y 1993, quejándose de la difusión pública que tenía la causa, decidió ahora salir del ostracismo. “Lo hice a pedido de las víctimas –justificó–, para contestarle al abogado Martínez, que está ensuciando el honor de estas personas y sus familias. Karlic presionó pidiendo silencio, y el abogado de él sale a hablar, y a decir estas mentiras”.

Al respecto, puntualizó “Es una mentira lo del pedido de una indemnización en euros, una falacia, es una alucinación del colega, y si es así, si está hecho ese pedido, que lo demuestre con documentación. A Karlic lo considero hipócrita, quiere acallar a las víctimas, y manda a este señor como su emisario para hablar mentiras”.

La causa penal de fondo, que investiga el accionar de Ilarraz en el Seminario, está ahora en manos de la Sala Primera de la Cámara Penal, que debe resolver dos apelaciones.

Una, presentada por el querellante Marcos Rodríguez Allende, que pretende imputar a Karlic el delito de comisión por omisión –o sea, que no denunció a tiempo los abusos en la Justicia–; y la otra planteada por el defensor general Maximiliano Benítez, que no comparte la tesitura del juez Grippo de mantener la intervención de la Defensoría en la causa.

En forma paralela, tres de las siete víctimas que acusan a Ilarraz iniciaron una acción civil en procura de un resarcimiento económico contra el propio cura, el Arzobispado, el arzobispo Puiggari y el cardenal Karlic.

Aunque una primera acción se concretó a fines de diciembre, no es la primera vez que se habla de indemnización en este caso.

En dos oportunidades, en sendas reuniones que tuvieron lugar en julio y en septiembre de 2012, el abogado Urrutia, y una víctima, se entrevistaron con Puiggari y el abogado de la Curia, Mario Martínez, y en esas instancias se habló de un resarcimiento económico.

La cifra que entonces se manejó fue una oferta eclesiástica de 500.000 pesos, a distribuir entre los afectados, para costear los gastos de atención psicológica y psiquiátrica. Entonces, el caso todavía no había llegado a los medios. Pero cuando empezó la difusión, ya no hubo posibilidades de acuerdo alguno.

En el ínterin, la causa penal contra Ilarraz avanzó, salió a la luz una investigación eclesiástica contra el sacerdote, hecha en 1995 y que concluyó con una sanción y un reconocimiento de los abusos.

De por sí, además, el caso espesó el clima eclesiástico. Urrutia denunció la existencia de “presiones” por parte de la Iglesia hacia algunas víctimas. Nombró a dos sacerdotes, Aurelio Gabriel Battello y Alfonso Dittler, a quienes sindicó como emisarios para convencer a algunas víctimas de desistir de la denuncia.

Molesto por las declaraciones de Martínez, Urrutia anunció que no sólo pedirá una sanción en el Colegio de Abogados, sino que las víctimas le han pedido que le inicie una querella por injurias, que también alcanzaría a Karlic. “Queremos que nos demuestren que existió ese pedido en euros. Utiliza un hecho tan sentido, como el abuso y corrupción de menores para ensuciar la honra, y violenta el secreto profesional, violenta el secreto de la mediación, y violenta la ética profesional. Yo espero que el Colegio de Abogados le aplique una sanción”, afirmó.

 

¿Otro sacerdote que se va?

La versión comenzó a correr con insistencia. Y cobró fuerza no bien se conocieron los traslados de sacerdotes ordenados por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.

De acuerdo a lo que trascendió, un sacerdote, que está en el lote de los reubicados, anunció que no tomaría posesión de su nuevo destino –lo reubicaron del interior de Entre Ríos a Paraná–, previsto para la primera quincena de marzo.

No sólo no acataría la orden de traslado, sino que además le habría anunciado al arzobispo Puiggari su decisión de alejarse del ministerio sacerdotal. El cura en cuestión sería Rodrigo Zabala, cuyo último destino fue la Parroquia Cristo Rey, de Villa Clara, y a quien Puiggari reubicó en la Parroquia San Roque, de Paraná, función que en principio no asumiría.

Si la especie se confirma, sería la segunda dimisión que ocurre en las filas del clero paranaense. El último 13 de diciembre, se conoció la decisión del entonces párroco de Nuestra Señora de Luján, el sacerdote José Carlos Wendler, de alejarse temporalmente del ejercicio del sacerdocio.