La reglamentación del “Jurado de enjuiciamiento”, que se incluyó en la Constitución Provincial con la reforma del 2008, ocupará un lugar en la agenda legislativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que preside el senador Aldo Ballestena (FPV- La Paz). Se trata de un proyecto con media sanción en Diputados desde 2009, que regula la organización y el procedimiento del organismo encargado de evaluar el desempeño de los jueces provinciales.

La Carta Magna establece que los funcionarios judiciales letrados “podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento”.

Dicho organismo estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados en ella que reúnan los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal; dos designados por organizaciones sociales en representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema democrático y los derechos humanos. Los restantes integrantes serán sorteados o designados para que el tribunal quede constituido el 1 de enero de cada año.

El fiscal de Estado, el contador general, el tesorero general de la Provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el director general de escuelas y vocales del Consejo General de Educación, “quedan sometidos al régimen del Jurado de Enjuiciamiento”.

La ley respectiva (que se está analizando) determinará los delitos y faltas de los funcionarios que autoricen la acusación de los mismos ante el Jurado y reglamentará el procedimiento a que debe ajustarse la sustanciación de las causas promovidas, consignó APF.

El funcionario acusado podrá ser suspendido en su cargo por el Jurado durante el curso de la sustanciación de la causa.