La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que introduce modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia (Ley 9754). El expediente, que tuvo despacho de comisión favorable y fue votado por unanimidad, fue girado a la Cámara de Diputados.

En la reunión legislativa estuvieron presentes los 17 representantes departamentales y la presidió la vicepresidenta primera del Cuerpo, Ester González (Feliciano), quien estuvo asistida por el secretario y prosecretario de la Cámara, Mauro Urribarri y Lautaro Schiavoni, respectivamente.

Los cambios son una adecuación normativa, surgida de una comisión que tuvo en cuenta las experiencias en la aplicación y modificaciones que se han ido haciendo a la norma en los últimos años. El Código vigente en casi toda la provincia de Entre Ríos, que se fue aplicando gradualmente, es considerado “de consenso” y es ampliamente valorado por los principales actores de la Justicia entrerriana.

“Es la adecuación normativa del Código que se viene aplicando gradualmente en nuestra provincia”, expresó el senador del departamento Gualeguay, Rubén Matorras, quien fue el miembro informante.

El legislador destacó el trabajo de la Justicia provincial, que intenta, a la luz de la experiencia, “tornarlo más dinámico en su aplicación”.

El trabajo realizado implica que del Código sancionado en 2006 tendrá modificaciones en 140 artículos, deroga 49 e incorpora dos nuevos. Destacó la importancia de aplicar en Entre Ríos el sistema acusatorio y promover la oralidad en todas las instancias, logrando con ello una modernización en la aplicación de las normas penales.

Matorras señaló que con las modificaciones, que tienen en cuenta la experiencia en la aplicación de la norma, se apuntan a fortalecer las prácticas que han tenido un resultado positivo. El legislador añadió que se trata de avanzar en dejar de lado acciones burocráticas que impedían una rápida respuesta a la demanda ciudadana.

“Se trata de avanzar en erradicar la lentitud del proceso”, enfatizó Matorras.

Indicó que hay beneficios concretos como por ejemplo el acortamiento de los plazos. Señaló que se pueden juzgar causas complejas en plazos breves respetando todas las garantías de las partes.

Rescató que también es posible una mayor participación ciudadana y es posible la difusión a través de los medios, que es un aporte más a la transparencia en los procesos y mejora la relación de la comunidad con el servicio de Justicia.