Se incorporarán las pulseras electrónicas contra la violencia de género

La provincia de Entre Ríos, se incorporó al sistema de pulseras electrónicas que serán utilizadas para casos de violencia de género, monitoreando el cumplimiento de las medidas cautelares.

Así lo informó el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, luego de la sesión del Consejo Federal de Justicia (CoFeJus) que se realizó en Buenos Aires.

La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Gobierno Nacional, que en su prueba piloto obtuvo resultados exitosos.

Desde el ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Rosario Romero, ya había iniciado las gestiones para sumarse al sistema y a principio de junio se conoció que la Nación adjudicó la contratación de pulseras electrónicas para ser distribuidas en las provincias que firmen convenio.

El secretario de Justicia, Pablo Biaggini, formalizó la incorporación este martes en el marco del plenario del Consejo Federal de Justicia (CoFeJus) realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Se trata de una herramienta que ha demostrado tener suma eficacia para prevenir el agravamiento de situaciones de violencia extrema. En un principio contaremos con 75 dispositivos que serán monitoreados por la policía de Entre Ríos, de conformidad con las medidas judiciales que así lo dispongan. La semana próxima comenzarán las capacitaciones para la puesta en funcionamiento del centro de monitoreo”, adelantó el funcionario.

“El uso de estos mecanismos de protección representa un cambio de modelo para la atención de esta problemática. Entre otros beneficios, permite que la víctima pueda retomar sus actividades cotidianas fuera y dentro de su residencia, sin quedar desprotegida por el Estado”, señaló María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia de Nación.

Las tobilleras son herramientas de última tecnología usadas en el control, monitoreo y aseguramiento de medidas cautelares dispuestas en el marco de procesos judiciales de violencia contra la mujer. Su uso está previsto para casos de alto riesgo.