Con el acento puesto en la participación y el diálogo, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto destinado a prevenir la violencia escolar mediante la “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”.

Por eso, la flamante normativa establece que se creen distintas instancias de diálogo escolar, sanciones pedagógicas y formativas, acuerdos de convivencia colectivos, una guía de actuación ante episodios violentos y un teléfono para recibir reclamos ante estas situaciones.

La legislación no habla de “bullying”, término inglés utilizado para definir el acoso escolar, porque “es una definición que connota un esquema mental individualista, donde hay agresores o víctimas, es decir, los problemas lo portan sólo las personas”, explicó la diputada Mara Brawer (FPV), autora del proyecto.

Al respecto, la norma pone el acento “en el contexto en que se dan las interacciones, porque la violencia se da en las relaciones, en un contexto determinado, por eso la llamamos de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad”, añadió.

En este sentido, la socióloga Analía Kornblit, investigadora del instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, ponderó a la agencia Télam que la normativa “recalque la importancia de las condiciones sociales, externas e internas a la escuela, que influyen en los episodios violentos”.

Brawer, psicóloga y especialista en mediación, compartió que, según distintas investigaciones, los episodios violentos “disminuyen hasta en un 70%, si la escuela tiene políticas de convivencia”.

Ante esta realidad, la ley contempla que se creen “instancias de participación donde docentes, padres y alumnos puedan prevenir y solucionar situaciones violentas”.

Las escuelas “tienen que generar espacios para que los chicos puedan hablar con adultos preocupados”, por lo que la normativa prevé que se establezcan normas de convivencia que “se construyan colectivamente”, aclaró la especialista.

Asimismo, la legislación habla de sanciones, las cuales deben ser “educativas, porque si hay una transgresión, el alumno debe entender la consecuencia de sus actos, pero jamás debe quedar afuera del sistema educativo”, resaltó la diputada.

En este aspecto, el texto precisa que las sanciones deben ser graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde estudiar, porque debe quedar garantizado “el derecho a la educación”.

Brawer ejemplificó, en diálogo con Clarín, que las sanciones pueden ser variadas, como un apercibimiento o dejar al chico sin un día de actividades aunque con tarea, pero cada escuela deberá definir la sanción a aplicar en cada caso.

Otro aspecto incluido en la legislación “es la importancia de contextualizar las sanciones, y para eso hay que escuchar al chico, porque ponerle 20 amonestaciones y expulsarlo, no es educar. Las medidas deben incluir políticas de convivencia también”.

Ayer, se conoció que una adolescente de 14 años fue atacada por una compañera de la escuela Media Nº 6 de la localidad bonaerense de Quilmes, y “si esta chica hubiera tenido un espacio institucional de contención, donde hubiera hablado de los problemas de vínculo, quizás no se habría llegado al ataque”, opinó la legisladora.

La ley prevé también la elaboración de una guía para docentes que fije pautas de prevención e intervención antes casos de violencia escolar. El Ministerio de Educación de la Nación ya estaría trabajando al respecto, precisó el matutino porteño.

Esta herramienta “es muy novedosa, ya que el gran problema es que los adultos, en general, no saben cómo actuar ante hechos violentos en la escuela. A veces, falta diálogo y espacios de encuentro”, destacó la socióloga Kornblit.

Además, la norma contempla la puesta en funcionamiento de una línea telefónica nacional “pensada para que, quienes no se animan a hablar o no se sienten escuchados en la escuela, puedan hacerlo a través de este medio”, comentó por su parte la autora de la iniciativa convertida en ley ayer.

La idea “es que sea nacional y que el Ministerio de Educación derive los casos a las provincias de donde se recibe la inquietud para que se genere un alerta temprano y se intervenga a tiempo”, agregó.

“Con esta sanción, se le dio fuerza de ley a la orientación de las políticas públicas que viene desarrollando el Ministerio de Educación de la Nación, como así también a los acuerdos del Consejo Federal de Educación porque esta norma impulsa el fortalecimiento de las instituciones educativas, docentes y equipos especializados para su intervención ante situaciones de violencia”, destacó Brawer.