El fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes (cumple esta función desde 2008), recibió en exclusiva al director de El Observador, para hablar sobre los más de 10.000 juicios que tramitan y de los temas más importantes que en este momento se tratan en el órgano que representa, donde trabajan 120 personas, de las cuales un 50% son abogados y contadores. Recalcó la importancia del papel que ocupa Sergio Urribarri en el plano nacional. También dio un panorama de la oposición y del radicalismo en particular, donde supo estar y dijo que no va a haber obstáculos para que se haga la autovía Paraná- Crespo, “porque es una ruta que el gobernador Urribarri prometió”.

– ¿Cómo es su relación con el gobernador?

– Muy buena. Lo conozco desde 1999 cuando yo era presidente del bloque de diputados de la Alianza. En ese entonces, Sergio Montiel era gobernador y Urribarri estaba como presidente del bloque justicialista. Allí estábamos en posiciones enfrentadas.

– Inclusive a usted se lo mencionaba como candidato a gobernador.

– Era en 1999, otro país y otra provincia. Los que en ese momento nos sumamos en aquella expectativa que generó la Alianza, teníamos muchas esperanzas de salir adelante y que las cosas se hicieran bien. Lamentablemente ni en las peores pesadillas uno se podía imaginar lo que pasó después. El tema de la crisis de endeudamiento en Argentina, esa salida tan dramática de la convertibilidad que sepultó las aspiraciones en de montón de dirigentes en el país y al radicalismo, lo llevó a una situación de la que le cuesta enormemente salir.

– ¿Qué piensa de Urribarri como posible integrante de fórmula presidencial?

– Particularmente tengo memoria de todos los acontecimientos políticos desde 1969 en adelante, porque en mi casa se hablaba siempre de esta cuestión. Desde ese punto, le puedo asegurar que Entre Ríos nunca estuvo en una situación tan favorable como en esta ocasión, no solo hablo de los aspectos económicos. En ese marco, Entre Ríos es otra provincia, si uno la recorre. Pero aparte, políticamente creo que Urribarri tiene una incidencia en la política nacional que no la tuvo ningún otro gobernador entrerriano, ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Mario Moine. Es la primera vez que un gobernador entrerriano tiene tantas posibilidades de crecer a nivel nacional y eso nos hace bien a los entrerrianos, más allá de las posiciones políticas de cada uno. Si un gobernador logra insertarse a nivel nacional, sería un paso gigantesco para nosotros.

– ¿Existe una oposición fuerte que pueda hacerle sombra al kirchnerismo?

– A la UCR le cuesta enormemente superar lo que fueron las crisis de 1989 y 2001. Primero la hiperinflación impactó sobre el gobierno de Alfonsín y tuvo que entregar el poder antes del plazo de gestión. Después vino el colapso de 2001 que con la ida anticipada de De la Rúa, también impactó. De modo que a la UCR le cuesta enormemente recuperarse. Por otro lado, muchas de las cosas que plantea el gobierno nacional, son las mismas que planteaba el radicalismo en 1983. Aspectos como la problemática de los derechos humanos, el desendeudamiento, la idea de la soberanía política, económica, la idea del mercado interno o la misma reforma de la Ley de Medios, han sido planteos que también fueron efectuados por aquel movimiento que encabezó Raúl Alfonsín a comienzo de los ‘80.

– ¿Qué le genera la unión entre De Ángeli y Busti?

– A De Angeli lo conocí en 2001 en las mesas de trabajo, de la crisis de aquel año. Es una figura que no está arraigada en un partido político con representación y experiencia. Me parece una figura que los medios de comunicación nacionales han puesto de resalto; pero no le veo arraigo social y político en un partido como para que sea una referencia importante a la hora de gobernar.

– ¿…y el socialismo?

– No sé cómo se va a organizar. El socialismo ha obtenido lugares en las bancas de Entre Ríos cuando ha ido en alianza con la UCR. En esta elección esas posibilidades están reducidas. Son 5 diputados que se renuevan y pienso que la elección se va a polarizar.

– ¿Cuánto demora un juicio en la Fiscalía…?

– Los juicios contenciosos administrativos demoran 5 ó 6 años hasta tener una sentencia definitiva y a veces más. Los laborales, que son más cortos, demoran hasta 3 ó 4 años para tener una sentencia de última instancia. Los juicios ordinarios de responsabilidad de Estado, como una mala praxis en un hospital, o un accidente de tránsito provocado por un vehículo policial, por ejemplo, son 4 ó 5. Siempre son años, hasta que se obtienen sentencias definitivas y eso hace que la Fiscalía de Estado tenga que ser un órgano técnico, algo más desvinculado de la política de gobierno, con el foco en la defensa del juicio y el control de legalidad de la actividad administrativa. Este órgano posee la función de controlar que aquellas tramitaciones que pasan por el mismo, se hagan conforme a la legislación vigente. Ahora estamos interviniendo en lo que es la toma de deuda de la provincia y la emisión de títulos, verificando que estén las autorizaciones legislativas, las del Ministerio de Economía de la Nación y todos los aspectos que hacen que esos actos sean legales.

– ¿Qué otras cuestiones son las que tienen que pasar por la Fiscalía para que los expedientes sigan su curso?

– Todo lo que es la potestad disciplinaria, los sumarios administrativos pasan por la Fiscalía. En general interviene en todos los juicios y en los trámites administrativos en los que el gobernador le pide intervención…

– Otra de las acciones de la Fiscalía, está vinculada con la recuperación de tierras fiscales…

– La defensa del patrimonio público y las tierras fiscales, es una lucha permanente. En particular tuvimos el caso del ex senador Mario Yedro, que fue una resolución de la Cámara del Crimen de Concordia. La estancia que había adquirido, ingresó al patrimonio de Entre Ríos y hoy es la base de un proyecto que realiza el gobierno para la crianza de porcinos. .. Yedro fue procesado y condenado por una causa de enriquecimiento ilícito. Un fallo de los pocos donde se logra decomisar el bien que fue objeto del enriquecimiento ilícito, en este caso un campo de 2500has. El Tribunal ordenó que se transfiera a nombre de la provincia.

– ¿Tuvieron muchas presiones en la Fiscalía por estos temas?

– De ninguna manera, ni en el caso Yedro, ni en el del ex senador Abelardo Pacayut, ni tampoco en el del ex vicegobernador Héctor Alanis que se está sustanciando. En Entre Ríos hacemos el control de legalidad de la administración y defendemos en juicio a la provincia.

– En cuanto a las islas, en un momento se hicieron reclamos desde la provincia de Santa Fe.

– En Rosario la cuestión está discutida, porque hay islas que se encuentran frente a esa ciudad y que pertenecen a Entre Ríos, otras pertenecen al municipio de Rosario porque las vendieron. Es una situación donde estamos al borde del conflicto, y la intendentade esa ciudad fue una de las opositoras al proyecto de arroz del delta entrerriano y me enojé, porque considero que Santa Fe no tiene que opinar qué hacemos nosotros con nuestras tierras. Ese fue un planteo político que hizo la intendenta, no hay conflicto con Santa Fe, ni en materia de límites, ni de islas. Los conflictos son con los particulares y especialmente en el sur de Rosario: Baradero, Ramallo, San Pedro…, porque usurpan, se cruzan y se instalan y después intentan plantear juicios de usucapión y en eso desde hace 5 años, nos hemos puesto muy fuertes con el acompañamiento del Poder Judicial…

– En el caso de la construcción de la autovía Paraná-Crespo, ¿interviene la Fiscalía?

– En todo lo que es liberar la traza interviene la Fiscalía. Durante julio estamos viendo si hay alguna expropiación y si no hay ninguna, mucho mejor, porque es una ruta que el gobernador Urribarri prometió y no va a haber obstáculos para que se haga.

– Ya tenemos prácticamente terminada la autovía en la Ruta 14, la otra que se está ejecutando es Concordia-Villaguay-Paraná; en tanto que se proyecta realizar la de Paraná-Crespo, la cual sería muy importante para el departamento.

– En la anterior entrevista, hablamos sobre la recuperación de la isla “Las Lechiguanas”…

– Lechiguanas es una isla de más de 200.000 hectáreas, donde hay muchos lotes que son de propiedad de la provincia, que administra la Dirección de Tierras Fiscales. Pero hay una parte que fue mal vendida durante distintos gobiernos y nosotros hemos iniciado acciones de recuperación concretamente. No hay una acción sobre el total, sino acciones parciales o específicas de determinados lotes, pero hemos iniciado demandas por nulidad de ventas que se han hecho y se está tramitando en el Poder Judicial…

– ¿Qué va a pasar con el predio El Quebracho de Santa Elena?

– Ahí tenemos un conflicto sin resolver. Porque ese predio fue vendido a Granja Tres Arroyos para hacer un emprendimiento avícola o de cerdos y la verdad es que todavía no hemos podido obtener el desalojo, porque está ocupado por personas que en mi opinión no tienen derecho a estar allí. Son ex empleados del frigorífico Santa Elena. Cuanto antes se resuelva esa causa que está en un juzgado de La Paz, Santa Elena se va a ver beneficiado…