Rodríguez Signes contó cómo el Estado empezó a recuperar tierras intrusadas

Estuvo esta semana en El Observador el fiscal de Estado de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes. El abogado (48 años, ex concejal de Paraná y ex diputado provincial por el radicalismo) en una entrevista con el director de este medio, Cont. Fernando A. Huck, habló de los temas más candentes que giran bajo la órbita de esta repartición provincial. Se refirió al pedido de los intendentes que pretenden la re-reelección, a la recuperación de tierras del Estado que están intrusadas, a los casi 7.000 juicios que tiene el gobierno entrerriano, ratificó su posición de que se deben descontar los días no trabajados por huelga a empleados provinciales, entre otros. También habló del gobierno de Cristina Fernández, Sergio Urribarri y del presente del radicalismo.

– ¿Cuáles son las mayores demandas que tiene hoy que afrontar el Estado y que pasan por la Fiscalía?

– Tenemos que controlar la actividad administrativa de 60.000 empleados públicos distribuidos en toda la provincia. Cuando viene una demanda, por ejemplo, por daños y perjuicios, por mala praxis en un hospital o cuando hay un accidente de tránsito que protagonizó un patrullero, ahí se notan las falencias que tenemos en cuanto a la estructura pública. Y en esa cifra, no están registrados los juicios de la Dirección de Rentas, a pesar de que debieran estarlo. Algunos juicios del IAPV se nos han escapado, los del Instituto del Seguro tampoco están, porque este organismo, a mi gusto está demasiado autárquico, lo que no quiere decir que no pertenezca al Estado provincial. Esos juicios tendrían que ser patrocinados por el fiscal de Estado y hay un decreto que lo establece, lo que pasa es que no se está cumpliendo. La idea es que la fiscalía tenga como tiene la Contaduría General de la provincia, un delegado en cada organismo, donde no se puede emitir un cheque si el contador auditor delegado en ese organismo no lo autoriza. De la misma forma debería ser el control de legalidad. El propósito es llegar a eso, que es la única forma de controlar la actividad administrativa en su totalidad. Instrumentarla implica ir muy lejos en cuanto a la organización y nosotros no tenemos los medios presupuestarios para eso, ni el personal. Con los recursos disponibles, hacemos lo posible, incluso la defensa de lo que es el territorio de la provincia, que es un tema que hemos tomado con mucho énfasis. De los bienes de dominio público, el Estado provincial tiene hoy 200.000 has. en zona de islas, que son indiscutiblemente de propiedad del provincial. Hay 100.000 has. que están intrusadas, pero que además se hizo un plano de mensura y se lo presentó. Nosotros hemos “barrido” con todo eso y jurídicamente, de esas 200.000 has., nos quedarán 15.000 en discusión. En las demás, hemos recuperado la propiedad legalmente. Es difícil poner un policía en la isla y hacer un acto de posesión. Vamos viendo caso por caso. Los jueces en eso han aceptado nuestro criterio, pero ha habido situaciones anteriores en los que se han dictado sentencia y se han hecho lugar a demandas de usucapión y hay casos que se han malvendido tierras. Por ejemplo, frente al Puerto Ibicuy está la península de Las Lechiguanas, que es una superficie importantísima, no solamente por la extensión en sí, sino por el lugar. Es una zona alta del delta que se inunda menos que el resto, que se vendió por licitación, pero por decreto y hace unos días el gobernador por decreto ordenó que se inicie un juicio de nulidad. Ahí debe haber unas 1.500 a 2.000 has.

– En su momento le pertenecieron a la provincia.

– La provincia era dueña de todo eso en los años 70, después un ex gobernador de facto las vendió mal. La empresa que se quedó con Las Lechiguanas quebró y la fueron comprando distintos personajes, en especial un empresario. Nosotros estamos estudiando ese tema y si bien él tendrá sus derechos, nosotros entendemos que parte de esas ventas no son regulares.

– ¿Qué destino se le daría a esas tierras?

– Esa tierra hoy es productiva para la ganadería cuando el río no crece. Se había hecho un endicamiento en la zona y se rompió con la creciente de 1983, pero tiene que ser grave la inundación para que afecte a Las Lechiguanas. Hay ideas de sembrar arroz, que es compatible con el medio ambiente. Entre Ríos siembra 100.000 has. y es el principal productor (de arroz) de Argentina con agua de pozo con bombeo. En el Delta, con ciertas inversiones que hay que hacer, se podría producir otras 100.000 y duplicar la producción que tiene la provincia en ese cultivo, pero para esto hay que dar los pasos previos que es el rescate jurídico, la toma de posesión real y la inversión. A nadie se le da un permiso de uso precario que puede ser revocado en cualquier momento.

– ¿Cuántos abogados hay en fiscalía?

– No llegamos a los 50, tengo la misma estructura que me dejó el fiscal anterior, para afrontar 6.900 juicios, de los cuales el 90% el Estado es demandado.

– El común de la gente siempre reclama más castigos para los funcionarios.

– Tenemos el caso del ex senador Yedro, a quien ya lo condenaron. Esta semana el procurador general me avisó que el juez penal de Rosario del Tala había ordenado el desalojo en 48 horas del campo que tiene de 2500 has. en Maciá. Este es un tema en el que la Cámara Penal de Concordia dicta sentencia y dice que lo condena por enriquecimiento ilícito y le ordena el decomiso del bien que compró con plata proveniente de ese enriquecimiento. En septiembre de 2008 voy y tomo posesión del inmueble, pero fui solo y no logré que este hombre desalojara concretamente. Pasó el tiempo y le mandamos carta-documento y él contraataca y presenta una acción legal diciendo, que ese bien en realidad no era de él, sino de una sociedad constituida por su esposa, hija y demás y traba una discusión legal en el Juzgado Civil y Comercial de Tala. El agente fiscal tomó intervención, se hizo la denuncia al juzgado penal y se ordenó el desalojo en 48 horas. El riesgo es grande desde el punto de vista que tiene una condena de ejecución condicional. Se le impone una prisión condicionada a que no se produzca otro hecho y si se produce usurpación, por ejemplo, puede perder la libertad física.

– ¿Se sufren muchas presiones siendo fiscal?

– Ninguna. Nosotros tenemos un muy buen sistema, no realizamos transacciones como primera medida, salvo que sea evidente que quien nos demande, tiene razón y que es conveniente para la provincia llegar a un acuerdo, para lo cual hay que pedir autorización al gobernador, quien tiene que emitir un decreto. De manera que por más presión, uno puede recibir un pedido, pero no podemos hacer nada que sea contrario a la ley, porque el sistema en ese sentido está muy bien diseñado. Hay una cuestión en la que hemos fijado una posición importante, sobre el derecho de huelga. Le hemos dicho al gobernador desde que asumimos la gestión, que los días de paro no se pagan y se dictaminó de esta forma y se ganaron varias causas judiciales. Hace poco los empleados del IAFAS hicieron retención de tareas y demás, porque estaban en desacuerdo con algunas decisiones del IAFAS y se les descontó parte de los haberes. Esto se judicializó y defendimos la posición de que no se paga, se abonan los días trabajados. Tanto el gremio docente como los estatales plantean que les devuelvan los días descontados, porque esto afectaría el derecho a huelga. No señor, no afecta, porque no es que se los sancionó por adherirse a una huelga, sino que se pagan los días trabajados.

– ¿Y en el caso de la re-reelección de intendentes, en la que su posición es que no pueden ser candidatos en 2011?

– Ese es otro caso emblemático. Estoy seguro que el gobernador o los intendentes querrán la re-reelección. Yo no discuto ese interés político y legítimo. Nosotros decimos que no, porque tenemos que defender la validez de la Constitución. El gobernador no emitió opiniones y yo estoy seguro que está en desacuerdo políticamente con lo que decimos, pero eso habla bien de él, porque jurídicamente aceptó las condiciones…

– El año pasado Alberto Arias del Registro Civil de Concordia puso una objeción de conciencia como argumento para no aplicar la ley de matrimonio igualitario y pidió no realizar casamientos: ¿hubo muchos planteos de esa índole

Rodríguez Signes contó cómo el Estado empezó a recuperar tierras intrusadas

(Viene de Pág. 3) por otros funcionarios que desacatan las leyes?

– Este hombre en principio dijo “no voy a casar a dos personas del mismo sexo”, pero después aclaró que si no tenía más remedio, lo iba a hacer. Nuestra legislación no admite objeciones de conciencia, el funcionario tiene que cumplir la ley. No puede decir “no voy a cumplirla porque no me gusta o porque mi religión no me lo permite”. La tiene que cumplir y caso contrario, debe renunciar y él se dio cuenta de eso.

– ¿Qué opina de los gobiernos de Cristina Fernández y de Sergio Urribarri?

– Este gobierno para mí tiene 2 bases de sustentación que son importantes. Una es el superávit comercial. Argentina tiene más dinero entrando al país del que sale y esto es ampliamente positivo para cualquier economía. El segundo elemento es que hay superávit fiscal. En la época de los comienzos de la democracia, dicho déficit era brutal, además de que el Estado gastaba más de lo que recaudaba. Después se comenzó a corregir eso en los ‘90, pero siguió habiendo déficit fiscal y comercial, pero eso cambió. Otra cosa más que destaco, es en lo judicial: Néstor Kirchner conformó una Corte Suprema de Justicia de la Nación inobjetable, porque sus integrantes son juristas indiscutidos en todo el país y no son kirchneristas, son jueces objetivos. En general, lo veo sólido al gobierno nacional y en la provincia, Sergio Urribarri fue uno de los pocos gobernadores que tuvo la inteligencia de establecer una excelente relación con la Nación y eso está dando resultados muy positivos.

– ¿Tiene alguna aspiración política?

– Mi objetivo es seguir siendo fiscal de Estado. Me tocó ser diputado en una época difícil, de 1999 al 2003, con los bonos Federales, un tiempo en el que no se pagaban los sueldos… Fui presidente del bloque y de la Cámara después y con Urribarri éramos contrincantes, porque era presidente del bloque justicialista. Con la crisis de 2002 y pese a que uno era justicialista y otro radical, como la provincia se nos estaba cayendo a pedazos, empezamos a adoptar posiciones comunes y surgió un entendimiento. Posteriormente me convocó en el 2007 cuando asumió de gobernador para ser fiscal de Estado.

– Cuándo se va un gobernador, generalmente se cambian los fiscales…

– Se ha cambiado desde 1983 a la fecha, pero no porque el gobernador haya pedido la renuncia al fiscal, sino porque éste se ha ido. Veo que la provincia no puede cambiar la defensa en sus juicios cada 4 años. Es un error que se nota, porque los mismos nunca terminan ni en 2 ó 3 años, sino que llevan 9, salvo los amparos que son breves. Por lo tanto, cambiar la estructura organizacional Con 3 años en la función, todavía no conozco en plenitud los 6.900 juicios que llevamos adelante.

– ¿Cómo ve al radicalismo y qué ha cambiado en el partido de ese tiempo al presente?

– Estoy alejado de la actividad política, pero por lo que uno ve, el radicalismo todavía no se recupera de 2 tremendos problemas que tuvo: la entrega anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín, que fue traumática en 1989 y la salida de Fernando De la Rúa en 2001, que son recuerdos que todavía están muy presentes. Son 2 traumas que le quedaron al radicalismo de los cuales es difícil recuperarse y el partido no termina de convencer. Una parte de la sociedad dice: “si le damos el gobierno… ¿van a poder terminar el mandato? ¿van a poder gobernar? Ese es un temor instalado. Y en cuanto al radicalismo provincial, hay dirigentes jóvenes que se fueron a sus casas, que no han trabajado más en el partido. Atilio Benedetti es un productor agropecuario, lo respeto y lo conocí cuando fue intendente, pero no le debe ser fácil aglutinar al partido y confirmar las candidaturas…