Río Negro: mandaron a demoler una casa clandestina

Las obras sin aprobación son una práctica ilegal generalizada que los infractores justifican en largas demoras burocráticas que solían desembocar en multas o “discrecionalidades”.

El Juzgado Municipal de Faltas de General Roca aplicó a un vecino que levantó una casa clandestina una multa de unos $12.600.000 actuales e inclusive ordenó demoler todas las construcciones y estructuras antirreglamentarias incorporadas en el inmueble, junto a la remediación ambiental de los sectores afectados.

Fue el punto final a un largo ida y vuelta que mantuvieron el municipio local y un miembro de la comunidad local por la violación de una ordenanza sancionada en 1997 que se aplicó por la construcción de una vivienda sin declarar dentro del área natural protegida Paso Córdoba.

Todo comenzó con una sanción a los propietarios, debido a una “clara infracción de las Ordenanzas 2583/97 de Protección del Área, 3454/01 Plan de Manejo y del Código de Edificación Municipal”.

En primera instancia, personal municipal de las direcciones de Medio Ambiente y de Arquitectura labraron actas de infracción luego de constatar una importante obra en construcción con dos plantas y edificaciones adyacentes en una zona no permitida.

La edificación carece de un plano aprobado y se encuentra sin su respectivo cartel de obra.

En simultáneo, el Ejecutivo había solicitado la paralización inmediata de la obra, a lo que los propietarios hicieron caso omiso y continuaron con las trabajos.

Los infractores presentaron un primer descargo alegando que la propiedad no se encontraba dentro del ejido municipal.

Rebatido ese recurso, invocaron luego un proyecto turístico, que también fue refutado por falta de factibilidad ambiental, “dado que la provisión de infraestructura provoca afectaciones perjudiciales para el ambiente con impactos negativos, irreversibles y de manifestación permanente en el tiempo (movimiento de terreno, incorporación de estructuras y materiales que no son propios de lugar como metales y áridos, desmonte de vegetación, generación de residuos y efluentes, afectación de restos paleontológicos y cambios en el paisaje)”.

La familia Soria

No es el único caso que enfrenta la comuna de la localidad del Alto Valle, que contiene 10 aglomeraciones de población: la aglomeración principal (ciudad de General Roca) y 9 barrios rurales. Además de que existe un porcentaje importante de población rural dispersa.

Desde 2007 es gobernada por el apellido Soria, primero Carlos (luego mandatario de la provincia de Río Negro hasta su asesinato), y posteriormente por su hijo, el también ex ministro de Justicia, Martín, y actualmente la hermana de éste, María Emilia.

La familia Soria vivía precisamente en Paso Córdoba, donde se suscitó el conflicto que deriva en la orden de demolición.

A través de relevamientos realizados en diferentes localidades de la provincia, mediante el uso de herramientas tecnológicas e imágenes satelitales de la Gerencia de Catastro de Río Negro, se detectaron 190.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas en todo el partido.

El organismo depende de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN) que administra, entre otros gravámenes, el impuesto Inmobiliario, y en consecuencia las ampliaciones no declaradas se consideran una evasión.

En total las mejoras incorporadas, durante los primeros cuatro meses de 2024, ascienden a 190.000 metros cuadrados tanto en Viedma como en San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Las Grutas y General Roca.

Según informó el organismo, las ampliaciones ya fueron cargadas de oficio en cada uno de los inmuebles en falta.

La Ley provincial N° 3483, en su artículo 66°, estipula que las personas titulares/poseedoras deben presentar ante la Gerencia de Catastro de la Provincia, toda mejora o desmejora que modifique la valuación catastral de sus bienes, sean construcción, ampliación, refacción, demolición total o parcial de edificaciones; y son pasibles de sanciones los casos de incumplimiento.

El organismo indicó que los operativos de relevamiento se realizan de forma permanente durante todo el año, utilizando herramientas tecnológicas y satelitales o a través de fiscalizaciones en el lugar, y a la vez formuló recomendaciones para concretar los trámites de presentación de mejoras y evitar sanciones.

El caso se repite en gran parte de los 1298 municipios que hay en Argentina, de los cuales 186 cuentan con carta orgánica.

Y es una regla casi común el procedimiento que usan las burocracias como práctica: “dormir” los expedientes, lo cual termina modificando el orden de los factores, ya que la mayoría se larga a construir los proyectos con los planos sin aprobar a fin de evitar que la inflación les cambie la ecuación económica.

A pesar de ser ilegal, esta es la opción que, en el universo local de la construcción, se emplea para agilizar los tiempos de ejecución y comprar los materiales con anticipación, con el propósito de combatir la inflación, explicaron expertos del sector.

El riesgo de no obtener la habilitación municipal implica que no se pueda avanzar con la contratación de los servicios básicos (agua, electricidad y gas) ni con escrituración de la propiedad.

Agilizar los trámites municipales de obras privadas desalentaría las construcciones clandestinas, pero a costas de que los funcionarios pierdan poder de discrecionalidad y las arcas municipales resignen el ingreso por las multas posteriores.

Consecuencias irreversibles

Sin embargo, las construcciones clandestinas tuvieron consecuencias irreversibles, como la desgracia en una de ellas, en Guaymallén, Mendoza, en la que el año pasado murió el niño de 6 años, Eric Mamaní, al caer en un pozo dentro de un predio en donde se estaba construyendo un complejo de departamentos en la zona de Jesús Nazareno.

El terreno pertenece a un constructor boliviano, que según advirtieron tiene múltiples multas y denuncias por las irregularidades en sus proyectos en el ámbito de la construcción.

El accidente puso en evidencia las irregularidades que cometen algunas empresas dedicadas al rubro de la construcción y disparó el debate por la falta de control estatal.

El municipio quedó en el ojo de la tormenta, al ser “el responsable de controlar”, como le apuntaron desde la Cámara de Constructoras independientes (Cecim) y desde el Centro de Ingenieros de Mendoza.

En ese sentido, los profesionales explicaron que, en cada departamento, existe un código de edificación que deben cumplimentar. Caso contrario, las constructoras deben ser sancionadas, a riesgo de que paralicen la obra y, en casos extremos, de demolerla.

La comuna señalada también fue acusada por abandonar en los últimos 10 años lugares como Rincón Véneto, que había sido zona residencial hasta que construcciones clandestinas de paco, basura en las acequias y calles rotas se adueñaron de aquella postal.

Sobran causas por el estilo en el país, como la de la Municipalidad de Salta que el año pasado ordenó la inmediata y urgente paralización de una obra clandestina de un edificio en construcción que no cuenta con ningún tipo de autorización para el inicio de obra.

El escándalo saltó por el derrumbe de una pared colindante a una vivienda habitada, que provocó la destrucción de gran parte. Ahí sí, inmediatamente, funcionarios municipales se acercaron a la zona a constatar el hecho, dando cuenta que se trata de una obra clandestina.

La subsecretaria de Obras Privadas de la Municipalidad, Pía Ruiz De los Llanos, deslindó la responsabilidad: “Esta construcción no cuenta con autorización municipal, no tiene el visado correspondiente al cumplimiento a la normativa, es decir, nada que autorice a esta empresa a dar inicio a la obra”, sostuvo.

La construcción está bajo el nombre de la empresa Carma SRL, que resultó multada y paralizada la obra bajo la Ordenanza municipal N° 13778/10 y modificatorias.

Más recientemente, el Concejo Deliberante de Oberá lanzó un blanqueo de planos, mediante una ordenanza que establece un régimen especial de regularización de obras clandestinas en la ciudad.

Esta medida busca brindar a los contribuyentes la oportunidad de regularizar sus construcciones de manera voluntaria y acceder a importantes descuentos para la presentación de la documentación correspondiente a derechos de construcción, facilitando también el proceso para reducir costos.

El presidente del Legislativo local, Pablo Ullón, explicó que la intención es regularizar la situación de las obras y generar beneficios para los vecinos: “La idea es brindar seguridad a estas obras. Muchas no están registradas en el Ejecutivo a través del área de Desarrollo Urbano. La propuesta es que cada obra en ejecución sea regularizada por sus arquitectos, permitiendo así acceder a los beneficios”, comentó.

NA