Rematan 84 inmuebles del INTA: Opinan ex presidentes del organismo

Un grupo de 5 ex presidentes del “Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria” (Ing. Agr. Susana Mirassou, Méd. Vet. Amadeo Nicora, Ing. Agr. Francisco Anglesio, Ing. Agr. Carlos Paz e Ing. Agr. Carlos Cheppi) emitieron una carta en la que expresan su preocupación por la decisión del gobierno nacional de subastar 84 inmuebles de la institución, entre los que se incluyen “chacras productivas y campos experimentales estratégicos distribuidos a lo largo del país”. En la misiva expresan que “a mediados del Siglo XX, la producción agropecuaria argentina se había estancado. En 1956 se creó el INTA y desde aquel entonces y al presente, el área sembrada en granos aumentó un 300% y la producción se multiplicó por 15. El ganado bovino creció en 10 millones de cabezas. Más de un millar de nuevas variedades vegetales fueron obtenidas por INTA y la sanidad animal y vegetal se garantizó a través de la obtención de un centenar de vacunas y tratamientos. Se deben sumar los innumerables avances biotecnológicos, el cuidado del ambiente y del suelo, la agricultura y ganadería de precisión y más recientemente la agricultura regenerativa, los aportes a las economías regionales, entre otros avances tecnológicos e innovaciones. Siempre con renovado énfasis en proteger el arraigo rural para la soberanía alimentaria. Todos logros de un INTA en cooperación público/privado. Cuando nos tocó presidirlo, pudimos realizar bastante del proyecto con el que habíamos llegado bajo el brazo…”.

“Nos resulta una mezcla de inverosimilitud y pasmo, que su Consejo Directivo cambie hoy deber por obediencia debida y le ponga punto final al avance de la ciencia, tecnología e innovación. El INTA es una entidad autárquica, con recursos y patrimonio propio, donde el órgano soberano es su Consejo Directivo. Además, tiene un sistema de gobernanza donde se suman los Consejos Regionales, de Centros de Investigación, Consejos Locales Asesores. La ley no constituyó al INTA como un subordinado castrense. El Poder Ejecutivo Nacional podrá tener verticalidad política sobre 3 de los 10 miembros del Consejo. Pero hay 7 que no deben ‘cuadrarse’, ya que ellos provienen de las autonomías de las universidades y de las entidades de productores. Y, en el hipotético caso que se auto-perciban subalternos del PEN, tampoco tienen la obligación de cumplir una orden inmoral. Inconsulto con los 7 representantes de las entidades y las universidades del Consejo Directivo del INTA, aterriza un borrador que propone el remate de 84 inmuebles del Instituto, consistentes en campos experimentales y chacras productivas, esparcidos por toda la geografía del país. El rematador propuesto es la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado. Lo único que las entidades saben es que se venden esas propiedades. Ahora no saben por qué, a quién, para qué, a cuánto, bajo qué estudio, con qué debida diligencia, adonde irá a parar lo obtenido, ni qué se hará con ello. El CD solo sabe que hay un gran remate gran… ¿Qué necesidad hay de humillarlo así al INTA? ¿De obligarlo de estampida a sacar a remate en simultáneo 84 inmuebles? ¿Cuál es la razón para que el Consejo, soberano político y administrativo del INTA, acepte ser el responsable gratuito de esta auto-amputación que dejará en coma al INTA? ¿Qué motivo hay para que las entidades de productores, quienes en otras etapas han requerido (como corresponde) explicaciones exhaustivas ahora acepten a libro cerrado, sin estudios ni sustanciación, la liquidación de un patrimonio histórico del que ellos son los custodios? ¿Supone el Consejo que ser engranaje ejecutor de esta aberración no le va traer consecuencias a ellos ni a las entidades que representan? Estamos hablando de las facturas del desprestigio, de los perjuicios civiles y las pesquisas penales que al fin llegarán. Cuando amainen los vahos de esta orgía de entrega y sumisión que se ha cernido sobre nosotros. Pero que al fin llegarán. En la pandemia, entendimos que la vida de millones y millones de personas en simultáneo, pendían en gran medida de lo que lográramos científicamente. Sesudos estudios demostraron entonces que formar y preparar a un investigador o una investigadora, no tendría un costo inferior al medio millón de dólares por cada uno. Esto solo considerando los tangibles de instrucción. Una cifra subestimada, ya que los valores intangibles de esa labor social que es la innovación hace que esos cálculos sean una manifestación insuficiente. Por eso, cuando se dice irresponsablemente y con ligereza que el INTA tiene que desprenderse de 1.500 investigadores que ha venido preparando, capacitando, entrenando por años, se está hablando de una ̒ lobotomía auto-infringida en el cerebro de la ciencia nacional’. Daño que, por su trascendencia inter-generacional, tiende al infinito si se mensura el perjuicio. Y ni siquiera estamos haciendo una referencia desde la sensibilidad social. Hacemos una referencia desde el más básico de los supuestos de la acumulación de mercado. Sus consecuencias serán trágicas. En ocasiones adversarios en los debates, siempre aliados en la promoción del saber, estas líneas buscan llegar a los consejeros y las consejeras de INTA invitándolos a una profunda reflexión. En el orden de las grandes cosas, pedirles que sean los defensores de las gestas del conocimiento que el INTA realizó. Y, sobre todo, de las que realizará. No permitan este atropello denigrante y mercantil para con una de las instituciones de ciencia y técnica más prestigiada de América Latina y del mundo. Y no sacrifiquen su prestigio y trayectoria en el altar de lo que será un negocio ajeno”.

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