Problema internacional: Programas Forzados de Conversión Religiosa

El 19 de noviembre, el Centro Italiano de Estudios sobre las Nuevas Religiones (CESNUR) y los Derechos Humanos Belgas Sin Fronteras (HRWF), organizaron un seminario acerca de los derechos humanos titulado “Intolerancia y discriminación contra los nuevos movimientos religiosos: un problema internacional” en Seúl, Corea del Sur.

El seminario fue dedicado a la protección de los derechos de las minorías religiosas, “con un enfoque especial en los casos de conversión forzada en Corea”. La conversión forzada, también conocida como “desprogramación”, “es una violación de los derechos humanos, en muchos casos se ha visto el secuestro y el detenimiento de ciertos miembros de grupos religiosos etiquetados como ‘sectas’, en un esfuerzo para obligarlos a abandonar su fe” se explicó.

Más de 80 participantes, incluyendo expertos legales, periodistas y representantes de la sociedad civil, revisaron la situación actual de la conversión forzada y discutieron soluciones para poder defender la libertad de fe y los derechos humanos que se han convertido en la norma de la comunidad internacional.

Massimo Introvigne, director gerente de CESNUR y sociólogo italiano, enfatizó y criticó diciendo: “Los desprogramadores coreanos son pastores especializados de iglesias principales, la mayoría de ellos presbiterianos. Las protestas que conmemoran a las víctimas de la conversión forzada se mencionaron en el Informe de Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los EEUU en 2019. El informe citó ejemplos en cómo las conversiones forzadas violaron la libertad religiosa en 2018. Sin embargo, hubo nuevos casos de desprogramación incluso después de la muerte de las víctimas”.

Con respecto a la estrategia multidimensional para resolver dicho fenómeno, Willy Fautré, fundador y director de HRWF, hizo varias sugerencias: desarrollar actividades de promoción en las Naciones Unidas y en organizaciones que defienden la libertad de religión o creencias; enjuiciar a quienes alientan a las personas a perpetrar un acto de secuestro y reclusión. Señaló la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia Presbiteriana que tolera, respalda y tal vez alienta tal práctica.

En una carta abierta, firmada por 15 ONG internacionales, incluidas CAP-LC y HRWF, dirigida al presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, el 24 de julio, se expresó: “Corea del Sur puede ser el último país democrático del mundo en donde la desprogramación todavía es tolerada y ‘le pidió al Presidente’ que investigue las acusaciones en profundidad de la desprogramación forzada, y poner fin a esta práctica desagradable y penalizar a los responsables por completo”.

Como miembro electo del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Corea del Sur se comprometió a “participar en los esfuerzos internacionales para responder a las crisis de los derechos humanos en todo el mundo”. Los participantes en el seminario instaron al gobierno coreano a responder al tema de la conversión forzada que todavía es una amenaza a los derechos humanos de su poblado.