Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara, comentó cómo funciona el ente contralor de Entre Ríos

Estuvo en el “Centro Periodístico de Entre Ríos”, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Dr. Diego Lara, quien en diálogo con El Observador y el programa “Fernando Huck Reportajes” de Canal 6 ERTV, habló sobre sus primeros meses al frente de este organismo de control y de los proyectos que tiene para su gestión. Al respecto, entre otros temas, el Dr. Lara, contó que “este es un órgano previsto en la Constitución Provincial de Entre Ríos, que cumple un rol estratégico y relevante, porque tiene como misión, realizar un control de las erogaciones del Estado. Es muy amplio y el de Entre Ríos, mucho más que tribunales de otras provincias. Controlamos la administración central, los organismos autárquicos, las empresas estatales, a los municipios, Juntas de Gobierno y comunas, a los hospitales, a la Policía de la provincia. Los municipios por ejemplo, si bien tienen autonomía, no tienen un órgano de control externo. En la ejecución presupuestaria de cada año, antes del último día hábil de abril del ejercicio siguiente, deben enviar al Tribunal la rendición anual, donde se audita esa rendición. A todo ese universo de control antes mencionado, hay que sumarles los cuentadantes que reciben fondos públicos, como los beneficiarios de subsidios, los clubes, ONGs y personas individuales que reciben aportes del Estado, quienes también tienen que rendir cuentas de esa inversión…

– ¿Alcanza el personal con que cuenta el Tribunal para controlar miles de expedientes…?

– Contamos con una planta de 175 agentes, pero estamos trabajando con 135 personas, ya que en este contexto por la pandemia, algunos de ellos, que son personal de riesgo, trabajan a distancia. Mantuvimos la atención presencial y hemos fijado un sistema de doble turno, para trabajar de mañana y tarde y así, evitar que haya tanta gente en un mismo horario. Por otra parte, hemos sumado, en un plan de convenios con diferentes universidades, para tener pasantes, como licenciados en Informática y futuros contadores…

– ¿Cuáles son los principales objetivos planteados para su gestión?

– Estamos planteando la necesidad de ir en el sentido que va el mundo, que es la digitalización y la desburocratización. Hemos conformado una Comisión de Modernización, haciendo una fuerte apuesta a la incorporación de tecnología y a la mejora de los procesos internos. Tenemos grandes ejes, uno de ellos, que haya más apertura, que la sociedad conozca el Tribunal; por eso tenemos un programa y una agenda para recibir a intendentes, presidente de clubes, de las empresas de Estado y demás, para generar un vínculo de trabajo que permita mejorar las rendiciones. Cualquier órgano de control, en su naturaleza y esencia, debe velar y ser un garante de que los fondos se inviertan correctamente, marcar cuando hay un desmanejo, inconsistencias y buscar responsables. Por supuesto que es nuestra función, pero hay otras, como contribuir a mejorar, para evitar esas inconductas que lleven a eventuales sujetos que haya que sancionar. Y eso se logra de la mano de la capacitación y la formación interna. En el proyecto de modernizar al organismo, queremos mejorar las condiciones de trabajo de los agentes. Esta semana firmamos un contrato de obras por casi $ 5.000.000 para refuncionalizar las áreas del Tribunal, que está en el edifico de la Caja de Jubilaciones (3° y 4° piso). Estamos trabajando en un plan integral de inversiones en tecnología, adquiriendo nuevos softwares, más equipos de computación y en un sistema informático y una red digital mucho más moderna…

– ¿Encuentran muchas irregularidades?

– En materia de responsabilidades, el Tribunal tiene 2 campos de acción: uno es el control de las cuentas públicas y la inversión del gasto, que puede terminar en un “juicio de cuentas”, a quien debe rendir, que en el caso del municipio por ejemplo, es el intendente y contador; en determinados organismos, son los responsables del servicio administrativo contable, que son quienes van haciendo las erogaciones, pero también existe la obligación del Tribunal de encontrar otras eventuales responsabilidades de los agentes y funcionarios públicos en general. Se hace un proceso de recolección de información para desentrañar si hay responsabilidad de un jefe de despacho, un agente comunal, un funcionario determinado, se investiga y una vez que concluye ese paso, con todos los elementos, se eleva al fiscal de Estado para que promueva ante la Justicia, un reclamo para el recupero… En lo que va de mi gestión, se están investigando muchas situaciones y otras que ya venían de antes…