Como es de estado público, ante los hechos de inseguridad en distintos lugares del país, muchos de los cuales no han sido esclarecidos o los responsables de los mismos están libres, aparecieron varios casos de venganza por mano propia y hasta algunos linchamientos o intentos de los mismos. Días pasados en Diamante, un comerciante de apellido Zapata, fue asaltado por sujetos encapuchados y armados, que le exigieron el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora. Una vez con el botín, se dieron a la fuga. Desesperado por la situación, Zapata los aprehendió y en el forcejeo, recibió una herida de arma blanca, pero también uno de los delincuentes terminó lesionado y en el hospital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Se trata de un menor de 18 años, con antecedentes penales, quien quedó a disposición de la Justicia.

El lunes 7 de abril, en la misma ciudad, se produjo un intento de linchamiento a un menor que había realizado destrozos en viviendas y agredido a vecinos. Cuando el joven delincuente se daba a la fuga en un remises, uno de los damnificados hizo parar al vehículo, abrió una de las puertas y golpeó al ladrón, sumándose otros afectados, pero el rápido accionar policial impidió que la agresión masiva se consumara.

En Concordia, el pasado viernes, un joven de 18 años fue golpeado por los dueños de una vivienda en la que robó una garrafa, sufriendo traumatismo de cráneo y heridas cortantes en el cuero cabelludo. También en la Capital del Citrus, un hombre de 34 años, a punta de pistola, robó una moto, pero familiares y amigos del afectado lo persiguieron y lo agredieron, por lo que debió ser atendido en el hospital local.

En el país, fundamentalmente en Buenos Aires, se dieron otros casos similares e incluso aparecieron numerosas páginas de Facebook y Twitter y blogs en los que se justifican los linchamientos que se están dando en el país. Una de ellas es “Yo apoyo la Justicia por Mano Propia – El Pueblo se Defiende”, donde se publican hechos, en los que ladrones fueron aprehendidos y golpeados por los mismos vecinos.

“¿Vieron que la justicia por mano propia funciona?” señala la página, remarcando que “después de los linchamientos populares, Scioli (gobernador de Buenos Aires) decretó la emergencia en seguridad por el término de un año, prometió equipamiento, convocó a personal retirado, etc., etc. Obviamente es puro circo, son medidas que no tienen como objetivo combatir la delincuencia, sino desactivar la protesta y enfriar a la gente” subrayaron.

Además se fustiga la decisión de los jueces Martín Diego Farrell y María Susana Najurieta, que ordenaron que el Estado pague $ 85.000 a la familia de un delincuente que fue baleado por oficiales cuando cometía un asalto y hacen referencia a que sólo el 2,65% de los robos y hurtos denunciados ante la Justicia terminan en condenas, según un informe publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación.

En Entre Ríos, una de las instituciones que salió a fustigar los linchamientos fue la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que manifiesta su más enérgico rechazo a las agresiones físicas y hasta la muerte de personas presuntamente involucradas en hechos delictivos, que recientemente se han observado en distintos lugares de nuestro país. En un comunicado enviado a El Observador, la entidad expresa que “estas conductas perpetradas, al margen de la ley y de las instituciones públicas, llamadas a defender la vigencia efectiva de las garantías constitucionales, merecen el repudio absoluto y también la mayor atención de todos los que pretendemos desarrollar nuestra vida como la de nuestras familias, trabajar y construir nuestro destino, en una comunidad organizada, bajo el imperio de la ley. Más aún, quienes elegimos la misión de actuar en auxilio de los derechos vulnerados y con el soporte de la norma. Frente a esos actos, que afectan la sustentabilidad del Estado de Derecho, generan y potencian situaciones de violencia social, conmoción y generalizado desconcierto, nos asumimos como actores responsables en la tarea de contribuir a preservar, procurar y defender el ejercicio de los derechos y garantías rectoras, así como el acceso universal, oportuno y eficaz a la Justicia. Entendemos que tanto las entidades públicas, como otras instituciones involucradas con la defensa de las garantías consagradas, tenemos un compromiso insoslayable con la comunidad, que se expresa en nuestra labor cotidiana apegada al derecho, sólidamente fundada, honesta y responsable. Comprendemos que en estos momentos, en que la sociedad se siente afligida por la inseguridad y la violencia con que se ejercen algunos hechos, nuestra mayor contribución, indudablemente, tiene que ver con el mantenimiento de la confianza pública en la vigencia de la ley, los procedimientos y los organismos previstos para asegurar su aplicación”.