Preocupa la deuda que Nación mantiene con los prestadores privados en discapacidad

Atendiendo a la deuda que mantiene el nivel central del Programa Federal Incluir Salud con las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad, la ministra de Salud, Sonia Velázquez se reunió con referentes de los prestadores para abordar las dificultades del sector en la provincia.

La ministra junto a la directora del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce; la subsecretaria de Administración de la cartera sanitaria, Gabriela Diez; y la coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud, Andrea Nassivera, recibió a representantes de instituciones provinciales que trabajan en la atención de pacientes con discapacidades y tienen convenio con el Programa Federal Incluir Salud. Allí las autoridades provinciales expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector, atendiendo a que la falta de pago desde Nación pone en riesgo la continuidad de los servicios de las instituciones bajo convenio. Cabe señalar que actualmente son 19 las instituciones entrerrianas alcanzadas por este programa, las cuales brindan diferentes prestaciones a 520 beneficiarios discapacitados y en situación de vulnerabilidad.

La ministra señaló: “Para nosotros era importante poder materializar este encuentro con las instituciones que prestan servicios a una población tan sensible, entendiendo que el componente prestacional no se compone exclusivamente de la red pública, sino también de los prestadores privados”.

Velázquez destacó: “Observamos con preocupación el estado que atraviesa el sector, queremos poner esta problemática en agenda para que todos los actores tomen real dimensión de la magnitud y definir una estrategia que permite llegar con una solución a las 19 instituciones bajo convenio, que hoy por hoy resuelven la demanda de 520 beneficiarios”.

Por lo tanto, la ministra instó a los representantes a documentar la situación de cada institución, y continuar el diálogo para hallar posibles líneas de acción, “llámese defensoría, poder legislativo o las instancias legales que correspondan, para arribar a soluciones y que se garantice el derecho a la salud a esta población especialmente vulnerable”, completó.

En el encuentro además se informó a las instituciones de las diferentes gestiones y presentaciones formales iniciadas por parte del Ministerio de Salud de la provincia ante la Agencia Nacional de Discapacidad y en ámbitos nacionales como las reuniones del Consejo Federal de Salud, así como de las acciones llevadas adelante por la senadora Sigrid Kunath y el diputado Juan José Bahillo ante la jefatura de Gabinete, para tratar de lograr el reconocimiento y pago de la deuda que mantiene el Programa Federal Incluir Salud con la Unidad de Gestión Provincial y con los prestadores que asisten diariamente a los afiliados. Medidas que a la actualidad han resultado infructuosas.

Impresiones

La directora del Iprodi indicó: “Siguiendo el mandato del gobernador Bordet de ocuparnos de estos temas y ver en conjunto de qué modo salir adelante se hizo este encuentro donde junto a la ministra de Salud y la representante de la Unidad de Gestión Provincial del programa, nos reunimos con distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, para informarnos de cuál es la real situación por la que están pasando estos prestadores que no perciben los fondos que les corresponde por convenio”.

Ponce añadió: “Se estableció un plan de trabajo, en principio las instituciones redactarán un documento denunciando la situación que atraviesa el sector y exigiendo al estado nacional que se haga cargo de esta responsabilidad, y hacer gestiones con la sociedad civil, legisladores, funcionarios de todo nivel para ver lograr un eco social más importante y reclamar estos servicios en conjunto”.

Por su parte el presidente del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad (órgano integrado por instituciones y asociaciones de la sociedad civil y personas que trabajan por y para la discapacidad), Daniel Allende, coincidió: “El atraso en el pago de parte del Programa Incluir Salud está poniendo en riesgo la prestación de los servicios que hacen las instituciones, y también pone en riesgo la posibilidad de que los beneficiarios puedan seguir asistiendo a esos lugares”.

Allende explicó el estado de incertidumbre que atraviesa a los prestadores: “Hay instituciones que hoy presentaron una situación crítica en lo referente a su personal y a la prestación del servicio; otras instituciones no llegan a ese estado de gravedad pero tienen el mismo atraso en los pagos, deudas y demoras en la renovación o firma de nuevos convenios con el programa, así que la situación es compleja”.

Finalmente, el referente destacó “le hemos pedido a la ministra que se trabaje desde la provincia para acompañar este reclamo de las instituciones, así que en los próximos días vamos a realizar un documento detallando todos los puntos; que se va a elevar a la Agencia Nacional de Discapacidad con copia al gobierno de la provincia de Entre Ríos para que nos acompañe en el reclamo, y también vamos a convocar a los actores políticos nacionales, provinciales y municipales para que se empapen de la temática, dimensionen la gravedad de esto y nos acompañen”.

La coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud, Andrea Nassivera indicó que se trata de “un reclamo muy legítimo de estas instituciones por la falta de pago del organismo nacional”.

La coordinadora hizo una distinción explicando que el programa Incluir Salud tiene un convenio con la provincia por el cual se determinan cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte; con lo cual hay determinadas prestaciones que debe cubrir la UGP con fondos que deben transferirse de Nación a la provincia, mientras que en otras prestaciones Nación le paga directamente a los prestadores bajo convenio.

En torno a las aquellas que son responsabilidad de la UGP, Nassivera destacó que “la provincia no ha interrumpido ninguna prestación a los beneficiarios y de hecho se está haciendo cargo, por decisión del gobernador y de la ministra, con fondos provinciales de la sustentación de estas prestaciones que ya Nación envía sólo un 40 por ciento de los fondos”. La referente precisó: “En materia de discapacidad tenemos prestaciones como las fonoaudiólogas, kinesiólogas o contratos con trasportes que las cubre la provincia, y en todos esos casos estamos ordenados y al día”.

Autoridades

Por las entidades asistieron a la convocatoria el vicepresidente de la Comisión directiva del Hogar San Camilo de Lelis, Jorge Hilairet; el administrador de la institución, Antonio Giménez, y la subdirectora del hogar, Nadia Dettler; la coordinadora general de la Obra Don Uva, Carolina Ramírez; junto a la representante legal de la entidad, Hna. Verónica Pérez; el titular del centro de día “Rincón de Luz” (Concordia), Hugo Cuevas.

Asimismo, participaron la apoderada legal de la escuela San Francisco de Asis, María Delia Rubinetti; acompañada por Silvia Pasquet y María Magdalena Belloni, presidenta y tesorera de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís respectivamente. La directora de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari: el presidente de la Comisión Directiva de la entidad, Renzo Cumar; y el apoderado de la institución, Joaquín Garay. La representante de Asociación Argentina de Equinoterapia de Federal, Andrea Godoy Singuene; junto a Eric Rees, colaborador de la institución.

La apoderada legal del Centro Educativo Terapéutico y Escuela Privada de Educación Integral Nº 24 “El Solar” y del Centro de Rehabilitación y Centro de Día “Santa Ana” (ambos de Colón), Mireya Antivero; junto a la directora de este último, Alejandra Iglesias. La vicedirectora del Hogar para Discapacitados Mentales Adultos (Hodima) de San José, Jacqueline Weiss, y la trabajadora social de dicha entidad, Yanina Rodríguez.

Cabe mencionar que independientemente de su rol de presidente del observatorio, Daniel Allende también participó en carácter de presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Integral Nº 13, “Arco Iris” de Urdinarrain y como representante del Hogar Igualar de esta misma localidad.

Mientras que por la cartera sanitaria también participó el administrador de la UGP del programa Incluir Salud, Diego Bagnis.