Política habitacional: Preocupación en empleados del IAPV por medidas de Nación

“Frente a las modificaciones legales impulsadas por el gobierno nacional en torno a la política de vivienda, que llevaría al vaciamiento de los organismos provinciales y la limitación de llevar adelante la construcción de nuevas soluciones habitaciones”, los trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), reunidos en Asamblea, decidieron seguir en “estado de asamblea y movilización permanente”, medida adoptada desde el pasado mes de abril, “como consecuencia a lo actuado por la Secretaría de Vivienda de la Nación, a partir del dictado de la Resolución Nº 122/17”.

“Sostenemos lo comunicado anteriormente, de mantenerse la política habitacional de vaciamiento, ninguna obra nueva fue aprobada por la actual gestión nacional, los entrerrianos perderán una importante fuente de acceso a la casa propia, ya que sus ingresos no ‘califican’ para ser clientes bancarios, necesitando apoyo del Estado para satisfacer este derecho humano fundamental. Adherimos al repudio emitido por la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda a la Resolución 122/17 reafirmando nuestra solicitud de revisión de la norma y los aspectos que vulneran la pluralidad del destino de la vivienda social, ya que la misma excluye a las dos terceras partes de nuestros beneficiarios, para lo cual debería modificarse, ampliando el límite de 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil ($ 16.120) a 4 ($ 32.240)” dice el comunicado enviado a El Observador.

“De la reunión con el bloque de diputados y senadores de Cambiemos, los mismos descartaron la intención del Gobierno Nacional de vaciar el IAPV, manifestando que por el contrario se busca la optimización de los recursos del Estado. Ante esto aclaramos: estamos de acuerdo con ser auditados, de hecho, el Estado Nacional ha auditado siempre las cuentas del organismo. Sin embargo, aún se sostiene el discurso de la corrupción y la ineficiencia del Estado, como argumento para bancarizar el acceso a la vivienda e importar las mismas desde China”.

Finalmente piden “una salida alternativa, que no vulnere los derechos de nuestros vecinos, las entidades intermedias, los empleados de la construcción y las economías regionales, cuyas Pymes no podrán afrontar la competencia desleal”.