¿Podrán las casi 200 Juntas de Gobierno pasar a ser comunas? Explican ventajas y dudas

La Comisión Bicameral del Poder Legislativo se reunió en Gualeguaychú, para profundizar el debate sobre el proyecto de “Ley de Comunas” enviado por el gobernador Gustavo Bordet. De esta manera, en cada departamento con la opinión de diversos actores, se seguirá analizando esta propuesta, cumpliéndose con el compromiso asumido desde las Comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales que preside el Dr. Diego Lara en la Cámara Baja. En ese marco, se realizó un amplio encuentro de la “Región Sur”, que agrupa a 50 Juntas de Gobierno de los departamentos Gualeguaychú, Islas, Uruguay, Colón, Gualeguay y Victoria.

“La iniciativa busca transformar las 193 Juntas de Gobierno de Entre Ríos en comunas, asegurando que estos centros poblacionales rurales tengan autonomía en sus funciones, de la que hoy carecen casi por completo, pero además, puedan dictar normas y contar con fondos propios, entre muchas otras innovaciones”, explicó Lara.

El legislador señaló que “con la ministra de Gobierno, Dra. Rosario Romero y al senador Lucas Larrarte, ante un auditorio colmado, presentamos los aspectos generales del proyecto y avanzamos sobre algunos pormenores de la ley que generan un especial interés en estas pequeñas comunidades del interior provincial, como por ejemplo, la cláusula que establece que a partir de su conversión en comunas van a recibir muchos más recursos; siendo el más significativo el 1% de los recursos de coparticipación nacional y el 1% de los recursos de coparticipación provincial. Esta mejora en el flujo de fondos permitirá la prestación de servicios y la ejecución de obra pública, algo imposible de realizar bajo el régimen actual”, precisó el legislador.

“Este proyecto busca regular el artículo 253 de la Constitución Provincial, reformada en 2008, reglamentando el régimen de las comunas y determinando su circunscripción territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema democrático”, añadió Lara, quien aportó otra mirada a los beneficios de la ley: “Entre Ríos se distingue entre las provincias argentinas por su equilibrada distribución poblacional y esta ley viene a consolidar esa condición. El 20% de nuestra población reside en las Juntas de Gobierno, lo que expresado en números más precisos, significa que esta ley asegura mayores conquistas y derechos para casi 300.000 entrerrianos. De allí la importancia de avanzar en su discusión en un mano a mano con las autoridades locales, referentes sociales, fuerzas vivas y vecinos en general de estos centros rurales”, indicó.

 

Mattiauda plantea objeciones

 

El senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú) se refirió al proyecto mencionado, al que consideró “una deuda de 10 años con las poblaciones rurales, debido a que la reforma constitucional de 2008 ya las incorporaba”, pero planteó una serie de cuestionamientos y alertó que “si no es analizada en profundidad, puede generar serios problemas institucionales a futuro”.

El legislador pidió “cautela y responsabilidad” a la hora de debatir el proyecto y opinó que “es un tema que merece un trabajo minucioso, punto por punto. Ni el apuro, ni las urgencias electorales debieran estar presentes. Hoy se usa como principal elemento de convencimiento, que a partir de esta ley, las comunas obtendrán el 1% de la coparticipación, como así también tendrán la posibilidad de generar tributos. Pero tras ese anuncio se esconde una transferencia de obligaciones que las nuevas estructuras administrativas no van a poder solventar”.

“Hay una serie de puntos centrales en este tema. Uno es la delimitación de las potestades de cada comuna en materia de ejido y legislación. Otro es qué Juntas de Gobierno pueden mutar hacia el nuevo formato. Desde mi punto de vista, hay algunas que ya cuentan con las necesidades y características de urbanización y densidad poblacional, como para pasar a la nueva categoría, pero para otras, no tienen demasiado sentido. Esto no puede ser universal”.

Para Mattiauda “hoy los integrantes de las Juntas pueden verse confundidos ante la chance de contar con recursos propios, pero en esta transferencia de recursos y obligaciones que realiza el Estado provincial, reconoce implícitamente el abandono que ha hecho de las poblaciones rurales”, al tiempo que contó que “en las permanentes recorridas por esas zonas, queda claro que los presidentes solicitan ayuda económica para mejorar los caminos, los centros de salud, entre otras cuestiones básicas. Hoy, si el gobierno entrerriano reconoce la importancia y el valor de las poblaciones rurales, podría mejorar su calidad de vida sólo incrementando las partidas y enfocando mejor los recursos”.

El senador de Cambiemos agregó que “estamos hablando de transferir responsabilidades a las comunas, pero hay que definir con extrema claridad los alcances de la normativa y sobre qué territorios. En lo personal considero que ciertas materias podrían ser competencia de las comunas, como por ejemplo los códigos de convivencia, algunas tasas por servicios, entre otras, pero no comparto que puedan legislar básicamente sobre el uso del suelo, cuestiones ambientales y los formatos de producción agropecuaria, entre otros aspectos que debieran ser competencia del Estado entrerriano”.

Mattiauda aseguró que si esta ley sale sin el necesario análisis, puede afectar seriamente el desarrollo socioeconómico de Entre Ríos y pidió que se discuta “con los pies sobre la tierra”. En este sentido reconoció que “los presidentes de las Juntas, quieren comprar máquinas para mejorar la accesibilidad ante el abandono de Vialidad y creen que siendo Comunas, van a poder lograrlo. Y es un engaño, ya que el presupuesto es magro y no van a contar a futuro con la infraestructura ni el personal necesario. Pero con un agravante: no podrán reclamar más, ya que el gobierno provincial les deslindó las responsabilidades. Hoy ni siquiera los municipios, con mayores recursos, pueden hacer frente a los gastos y costos de mantener una estructura estatal. Por eso planteo que seamos cautos, para que esta ley sea realizable y mejore la forma de vida de la gente de estas poblaciones rurales, no que las sumerja aún más en el abandono”.

Por último, reclamó por una vieja reivindicación de las Juntas de Gobierno como lo es que se las participe de los fondos de la soja: “Hoy los municipios se ven beneficiados con el fondo sojero, aún aquellos que no tienen vinculación alguna con el campo. Pero increíblemente ni un peso de esos recursos van a las poblaciones rurales, que es donde se produce, ni siquiera a aquellas que poseen características urbanas. Esto merece ser rediscutido, ya que es otra discriminación a los pueblos del interior de la provincia”, expresó a este medio.