En diálogo con El Observador, el coordinador de la Comisión de Suelos del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER) Ing. Gustavo Oertlin, destacó la importancia de realizar tareas de conservación, para preservar los campos de la erosión hídrica, por medio de terrazas u otras prácticas agronómicas. Recordó que aquellos productores que efectúan las mismas, por ley tienen como beneficio una exención impositiva, pero aclaró que en una reunión de la Comisión Provincial de Conservación de Suelos, realizada en el COPAER, a mediados de 2013, las autoridades provinciales transmitieron que los proyectos ya analizados, que tengan aprobadas las prácticas agronómicas y concedidos los beneficios impositivos, serían revisados primero por la Administración Tributaria de E. Ríos y luego por la Dirección de Catastro. ATER recomendó en esa oportunidad que los productores pagaran el Impuesto Inmobiliario sin descuento, dado que luego de la revisión, si estaba todo bien, volverían a gozar de la desgravación impositiva, “desconociéndose porque se alteraba el procedimiento sobre planes ya analizados por la autoridad competente en la materia y especializada en suelos, autorizados y con beneficio concedido” expresó el dirigente.

– ¿Se están revisando todos los casos o algunos puntuales?

– Por escrito no hubo ninguna respuesta del gobierno a nuestros pedidos, ya que tenemos muchas dudas y consultas. En esa reunión, que se hizo en junio, nos informaron que se estaban analizando todas las carpetas, las del 2012 y las que se presentaron en los últimos 7 años, porque según afirmaron, habían encontrado inconsistencias técnicas.

– ¿Cuántas hectáreas hoy tienen ese beneficio impositivo en la provincia y por ende, tienen prácticas conservacionistas?

– Ese es otro dato que no contamos. La última información oficial que logramos, es de 2009. Por una apreciación personal y por algunas estadísticas que llevamos, creemos que no debe ser más del 7% de la superficie potencialmente de siembra que tiene Entre Ríos.

– ¿Considera que se eliminará o que se reducirá esa desgravación impositiva?

– A nosotros como Colegio no nos corresponde discutir si se tiene o no que cobrar. De última, si el gobierno quiere recaudar más, que convoque a las entidades relacionadas con el campo y les explique que la política para los próximos años será de esta manera. De nuestra parte, no queremos romper puentes de diálogo con ellos, pero hemos perdido un poco las esperanzas de que nos reciban.

– Hay establecimientos que llegaron a tener exenciones del 70% por contar con terrazas…

– Hasta el 2013 las exenciones llegaban al 60 % y 70% del Impuesto Inmobiliario Rural, pero con la última modificación del Código Fiscal, a partir del próximo período (2014), el tope de la desgravación será del 35%.

– Cuando ATER habla de inconsistencias técnicas, ¿a qué se refiere…?

– Desconocemos el criterio que aplica la ATER para los planes aprobados con anterioridad a la modificación de la ley. Dicho organismo y la Dirección de Catastro están revisando los planes que ya fueron evaluados y aprobados… Nos parece que escapa a las funciones de la ATER el conocimiento técnico sobre los principios y prácticas específicas agronómicas de la conservación del recurso suelo. Pareciera que el Estado provincial prioriza la recaudación fiscal por sobre los principios de la conservación del recurso, sumamente importante para la producción de alimentos y su uso sustentable para generaciones venideras. Lo que percibimos es que con todo esto, se está desestimando la conservación, priorizándose de parte de los productores, la rentabilidad para afrontar costos, incluido el fiscal, a punto tal que es observable que se inclinan a llevar a cabo producciones que agudizan la erosión. Es sabido que deberían hacerse dentro del sistema de conservación, una hectárea de trigo por dos de soja, sin embargo se ha observado que se están sembrando cinco de la oleaginosa por una de trigo o se repone menos fertilizantes que el requerido por los cultivos, incluso hay casos en que se suprime su incorporación, priorizando costos. Desde el COPAER afirmamos que la sustentabilidad es un concepto socioeconómico e invertir en conservación de la tierra productiva es un requisito para lograr sustentabilidad y debería ser objeto del Estado, como es en otras partes del mundo. La agricultura sustentable ya ha dejado de ser una cuestión de “ambientalistas”. Ahora surge como una situación socioeconómica que debe ser atendida responsable y adecuadamente, por su importancia en el equilibrio en la producción de alimentos en el tiempo y que a su vez limita la tasa de crecimiento de la economía por producción decreciente y por ende repercute en los distintos ámbitos. La aplicación de prácticas agronómicas de conservación de los recursos naturales a los cuales se les aplique beneficios fiscales, generan un círculo virtuoso, donde existe la posibilidad de obtener mayor producción por unidad de superficie y diversificación productiva, con lo cual se genera un aumento del producto bruto geográfico provincial, con beneficio global, hecho que supera a políticas de corte fiscalista.