En los últimos días se confirmó que las compañías telefónicas incrementarán los precios hasta un 20%, por lo que los usuarios deberán abonar cada vez más por un servicio que sigue generando reclamos. En Buenos Aires, la Cámara de Diputados emitió una declaración solicitando que “se arbitren los medios necesarios ante la Secretaría de Comunicaciones y la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que soliciten a las compañías de telefonía celular la suspensión de la venta de nuevas líneas telefónicas, hasta tanto brinden el servicio de acuerdo a los estándares internacionales vigentes”. Fundamentan esa decisión “en las numerosas quejas por mal funcionamiento de celulares y en que las multas no resultan efectivas, ya que las empresas prefieren pagarlas y no realizar las inversiones para mejorar el servicio”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, se informó a El Observador que “la deficiencia en la prestación del servicio de telefonía celular no resulta un tema novedoso. A través de la Resolución Nº 31, emitida por este organismo en 2005, se recomendó a la Secretaría de Comunicaciones, en carácter de autoridad regulatoria, que elaborara un nuevo marco regulatorio en materia de servicios de telecomunicaciones móvil, radiocomunicaciones móvil celular y de comunicaciones personales, que contemple la multiplicidad de situaciones que el mercado presentaba, para garantizar los derechos de los usuarios de esos servicios en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Dicha resolución se fundamentó en el crecimiento de las líneas de telefonía celular móvil en nuestro mercado y proporcionalmente, en los reclamos formulados por titulares y usuarios de esos nuevos servicios. Uno de los principales quejas en todo el país fueron las anomalías en las facturas emitidas por las licenciatarias de servicios de telefonía celular móvil por la inclusión de cargos ajenos a las solicitudes de servicio, la facturación de importes distintos a los acordados en las promociones ofrecidas y otras comunicaciones ofrecidas ‘sin cargo’. La demora para operar los pedidos de baja y la mala atención por parte de los operadores de las distintas prestadoras, es otra de las quejas frecuentes. Además, con el avance tecnológico surgieron nuevos tales como el envío de publicidad no deseada a través de mensajes de texto, el envío de trivias o juegos con cargos para los usuarios, la inclusión de los denominados ‘sms premiums’, sin que hubieran sido solicitados. Recientemente, el secretario de Comunicaciones adjudicó a distintas empresas de telefonía celular bandas de frecuencia para prestar el servicio 3G y 4G, en el marco del Concurso Público oportunamente realizado. Esto, prima facie, resultaría una importante mejora en la prestación al descomprimir el espectro, sin embargo la mejora sería a largo plazo. Asimismo, el 16 de diciembre de 2014, el Congreso de la Nación aprobó la denominada ‘Ley Argentina Digital’. Lamentablemente, no se declaró servicio público a la telefonía móvil, pero sí se mantiene como servicio público a la telefonía básica, que actualmente cuenta con sólo 9.000.000 de líneas aproximadamente, contra las 62.500.000 de las de celular activas”.