Estuvo esta semana en el “Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos”, con sede en Crespo, el flamante director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Inspector Gral. José Luis Mondragón (50), quien en diálogo exclusivo con el Cont. Fernando A. Huck, director de El Observador, brindó detalles inéditos sobre el funcionamiento de las 9 prisiones que tiene bajo su órbita. Afirmó que disminuyó la edad promedio de la población carcelaria, habló de la capacitación a internos, controles de drogas, salidas socio-laborales y adelantó que en abril de 2014, las unidades penales entrerrianas contarán con un sistema de detección de llamadas de celulares para evitar el ingreso y uso de estos equipos de comunicación.

– ¿Qué cambios hubo en el Servicio Penitenciario en sus 31 años de carrera?

– Uno es el descenso del promedio de la edad de los internos, que oscila entre los 25 y 35 años y eso ha bajado. Años anteriores había mucho alcoholismo, carencia en cuanto a la preparación intelectual de las personas, pero hoy nos aquejan otros males, como el consumo de drogas, la escasez de límites y el muy poco apego a las cuestiones laborales, que también afectan a la familia. Todo eso ha provocado cambios en la metodología de trabajo. La Ley 24.660 de Ejecución de Penas, que dejó de lado la normativa anterior, moderniza mucho los parámetros dentro de los cuales debemos movernos. Ahora debemos contener a personas que están privadas de su libertad, para lo cual se trabaja en red con otras instituciones. La cárcel se abrió más y dejó de ser una cuestión misteriosa…

– ¿Son seguras las cárceles de la provincia?

– Estamos en un nivel muy bueno en ese sentido. Hace un tiempo, estuvieron en los medios nacionales las noticias de fugas e inseguridad que abarcaron a casi todo el sistema del país. Nosotros estuvimos alejados de esos problemas, se hizo un trabajo minucioso unidad por unidad y persona por persona. Tomamos las medidas correspondientes, que en algunos casos incomodaron a nuestras filas, buscando clarificar cuál es el rol del penitenciario y cómo nos paramos frente a estas cuestiones. En algunos casos abarca requisas hasta con nuestros propios funcionarios, que también colabora para que todos podamos andar en la calle con la frente en alto. Cuando se detectaron empleados que no habrían sido fieles con el sistema, hemos colaborado para que se pongan a disposición de la justicia, en colaboración con la policía…

– ¿Recorre las 9 cárceles con frecuencia?

– Hace mucho tiempo participo de la plana mayor del Servicio y eso me obliga a recorrer las Unidades Penales y más aún siendo el director general. Somos un sistema chico, lo que nos permite en cuanto al número, manejarnos persona a persona…

– Si una persona mató, violó y robó, ¿es razonable que salga cuando cumple el 50% de la pena?

– No es una cuestión matemática. Si bien hay personas que incurren en ese tipo de delito y pueden lograr este beneficio, no en todos los casos se da. Ante tantos controles, es difícil que una persona que ingrese a los establecimientos penales con tamaño hecho cometido años anteriores, vaya a salir si no hay una garantía que mínimamente se encuentra en condiciones de salud mental, física y con un marco contenedor de afuera que nos haga pensar que no va a volver. De todas maneras, la ley es ésta y debemos respetarla. Estamos adheridos a pactos internacionales que garantizan el sostenimiento de una política firme en cuanto a derechos humanos pero también están los de la sociedad, de las víctimas y en ese marco trabajamos.

– ¿Cómo se controla a los internos que tienen salidas laborales o familiares?

– Tenemos un grupo de profesionales, integrado por trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, terapistas ocupacionales, que son los que se encargan de entrevistarse permanentemente con los internos. No trabajamos solamente con el sujeto sino con el entorno, que debe ser contenedor cuando logre su llegada nuevamente a la casa. Sabemos dónde vive, quién es su mamá o papá, si en ese hogar hay problemas de drogas, antecedentes de violencia penal, para ofrecerle al juez un paquete de trabajo que no es poco. El 80% de nuestros internos ya están condenados y sólo un 20% está procesado, lo que habla que los procesos son rápidos y se arriba a una condena. Actualmente son unas 120 personas las que hacen uso de esos beneficios… Y de ellos, es muy bajo el porcentaje (3%) de fracasos. No todos los casos son transgresiones delictuales. Algunas son por ingesta de alcohol, tardanzas… La persona tiene un horario de salida y otra para volver.

– ¿Hay presos con SIDA en la provincia?

– Sí, hay 8 internos con VIH, testados permanentemente. Tenemos mucho apoyo de Salud Pública de la provincia y a través de programas especiales, estas personas se encuentran muy bien atendidas…

– En Entre Ríos ¿existe el “Batallón Militante”?

– Esa fue una cuestión que ocurrió en el Servicio Penitenciario Federal, pero no me corresponde a mí opinar de eso… No estamos ni cerca de ese tipo de cuestiones, porque somos una fuerza de seguridad organizada, orgánica, respetamos mucho nuestras obligaciones y los derechos de los demás. En eso estamos muy claramente parados y con firmeza acompañando la gestión de gobierno…

– Como los presos pueden votar, ¿se hace campaña proselitista dentro de las Unidades Penales?

– Muy poco. Pero algunas personas se han acercado. A su vez, los internos reciben las visitas de sus familiares 2 veces por semana y a través de los medios, tienen una posición política. Muchos han sido militantes antes de ingresar… El único derecho que estas personas tienen truncado es el de deambular, todo lo demás, el Servicio Penitenciario debe garantizarlo.

– ¿Es cierto que los presos cobran mensualmente?

– Todos cobran. En algunos casos poco y en otros, suficiente. El que mantiene el jardín, tiene un peculio estímulo, lo mismo el que trabaja en la fabricación de calzado… Depende de los horarios que cumplan. Eso está estipulado en la ley y siempre fue así, lo que le permite tener algún elemento que le posibilite compartir en el momento de la visita y también adquirir cosas que le sirvan para sus cuestiones personales.

– ¿Hay celdas VIP en Entre Ríos?

– No. Hay celdas mejores que otras, en cuanto a la construcción, al empeño que ponen cada interno para vivir mejor. Les damos la oportunidad a todos de mejorar, incluso le ponemos a su disposición pinturas y materiales.

– ¿Alcanzan las cárceles que tiene la provincia?

– Hay 9 unidades penales en este momento, de las cuales 2 están en Paraná (una femenina y otra para varones), 2 en Victoria, 2 en Gualeguaychú, una en Concepción del Uruguay, otra en Concordia y la más moderna, la de Federal. En esta gestión, del gobernador Sergio Urribarri se logró esta última unidad penal (Federal) que nos ha servido de contención para internos de alta peligrosidad o conflictividad y al inaugurarse la Unidad Nº 9, que es la granja penal de Gualeguaychú, tendríamos capacidad para alrededor de 1.400 personas, que es una importante cantidad de acuerdo a la historia de E. Ríos en esta materia. Sin querer ser demasiado optimista y ver las cosas bien, Entre Ríos se ha caracterizado en este tiempo por tener un nivel de seguridad ciudadana importante, con un sistema policial efectivo y a la vez, con una Justicia ponderada. En ese marco, nuestra población penal no ha variado, a pesar de que la población de la provincia ha crecido… Más cárceles no necesitamos. Sí hay que realizar refacciones en los establecimientos…

– Se dijo varias veces que se iba a construir una cárcel modelo grande en el centro de la provincia…

– Por otras experiencias mundiales, sabemos que las poblaciones penales mayores a las que tenemos nosotros, perjudican. El interno se masifica y los oficiales a cargo de conducir no los conocen, porque es imposible. No estoy de acuerdo con tener una cárcel de 1.000 a 2.000 internos, no le veo el beneficio….

– ¿Ha participado de requisas en las celdas?

– Sí. Es un momento de tensión, porque es una invasión a la privacidad. De modo que hay que ser muy equilibrado. La requisa está pautada que se haga 2 veces por mes, pero hay lugares donde se hace 2 ó 3 veces por semana, de acuerdo a cómo esté el clima dentro de la población penal. Hay conflictos interpersonales que determinan que se busque eliminar cualquier elemento que sirva para una posible agresión…

– ¿Está permitido a los presos tener celulares?

– No. Estamos muy avanzados en la colocación de inhibidores de señal de celulares… Hicimos una prueba piloto en la Unidad Penal Nº 1 con muy buenos resultados y a mediados de abril de 2014 van a estar todas las unidades penales con este sistema, que es moderno, de tecnología sencilla y efectiva. Tratamos de realizar las requisas lo más profundas posible, pero hay lugares que son inexpugnables, sin llegar a cometer un delito que está tipificado en el Código Penal, que se llama vejamen. Nosotros hacemos permanentes reuniones para testear cada una de las situaciones y vamos a lo seguro.

– ¿En las requisas encuentran droga…?

– En algunos casos sí, no en la generalidad. En las cárceles tenemos personas afectadas por el consumo de drogas, de alcohol y por una cuestión de normas, se realizan los tratamientos individualizados. Y en los controles, obtenemos más de una vez el secuestro de drogas, por lo que damos participación a la Justicia Federal y a las fuerzas de seguridad nacionales, que son las que realizan el procedimiento, para certificar que el elemento que secuestramos es estupefaciente. Después está el seguimiento, la sanción para el interno, que lo afecta para los beneficios futuros que le pueda dar la ley…

– ¿Hay conflictos entre la Justicia y el Servicio Penitenciario?

– No, todo lo contrario. Tenemos una muy buena relación y somos muy respetuosos de su trabajo. La presencia de los jueces de Ejecución en unidades penales es importante. Tenemos uno en Paraná y otro en Gualeguaychú, que controlan la ejecución de las penas y junto a un equipo de profesionales que trabaja en cada juzgado, otorgan la libertad condicional. El Poder Judicial tiene una intervención directa en la vida íntima de las unidades penales y verifican que estemos actuando de la manera correcta. Hay un tratamiento correccional y el pasar del tiempo, le va permitiendo al interno acceder a beneficios. Llegada la mitad de la pena, puede obtener salidas transitorias para trabajar o para visitar a sus familias o ambas cosas. El juez lo que hace es testear, que se respeten los derechos de estas personas y en su momento ante la propuesta del Servicio Penitenciario, analiza la situación y concede o no el beneficio.