En Estados Unidos, el 2% aproximadamente de habitantes están presos. Si Entre Ríos tiene 1.300.000 y le aplicaríamos ese 2%, debería haber 26.000 personas detenidas. Pero para bien o para mal, actualmente estamos muy lejos de esa realidad, un poco porque vivimos en una provincia que tiene mucho menos delitos que Bs. Aires, Santa Fe o Córdoba y un poco también, porque la justicia beneficia para que las condenas, por distintos motivos, se acorten respecto a las oportunas sentencias de los jueces. Esta semana estuvo en el Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos, con sede en Crespo, el director principal del Cuerpo Penitenciario de Entre Ríos, inspector general José Luis Mondragón, quien en diálogo con El Observador habló del proyecto para modernizar y trasladar las Unidades Penales que están en medio de las ciudades e informó que actualmente cuentan con sólo 1.006 internos, de los cuales 49 son menores. Al respecto, el funcionario precisó que “del total de detenidos, menos del 30% se encuentra en calidad de procesados y el resto, son los condenados. Son números que nos distinguen. La Justicia de Entre Ríos tiene un servicio excelente, por lo que los internos no están mucho tiempo en la cárcel sin recibir una condena. Al tener una pronta sentencia, se incorporan al periodo de tratamiento, que es lo que nos da razón de ser”.

– Por muchos años, se decía que las cárceles entrerrianas estaban abarrotadas y que urgía la construcción de nuevas unidades…

– En este momento tenemos 9 unidades, una de las cuales todavía no está a pleno. Nuestras cárceles son antiguas, más allá de que se pudo avanzar con importantes obras en los últimos años. Está en pleno desarrollo el proyecto de mudar algunas de las mismas, ya que quedaron en el medio del ejido urbano y eso trae problemas para las ciudades. Hay propuestas en desarrollo para crear pabellones de máxima seguridad en Colonia El Potrero, para desafectar la Unidad Penal de Gualeguaychú, que es la más antigua y la más problemática. A la población penal se la trata de dividir por edad, por una cuestión de los delitos cometidos, todo tendiente a evitar los inconvenientes de convivencia, que es muy difícil de lograr. Se trata de salvaguardar la integridad física y que la relación sea sana, que no haya presiones de unos a otros. Conformamos grupos pequeños, que es posible por la cantidad de unidades penales que tenemos, cifra que no la tiene otra provincia y además, está muy bien distribuida la población penal en Entre Ríos…

– ¿Se incrementó la población femenina en las cárceles?

– Sí, hemos aumentado al doble en la última década. Históricamente, el índice es muy bajo de la mujer como protagonista activa de un delito. La diferencia está dada lamentablemente por las cuestiones de infracción a la Ley de Drogas (N° 23.737), que hace que la persona que tenga estupefacientes para comercialización o transporte, quede detenida, procesada y condenada. Actualmente quedan como internas en Paraná, que actualmente alberga a 36 mujeres, pero es un número que fluctúa…

– ¿Cuántas personas tienen para controlar a esos 1.006 internos?

– Somos 1.400 personas que trabajamos en el Servicio Penitenciario, entre el personal que está en formación, el de guardia, los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios, más los empleados de maestranza, administrativos y de conducción… El objetivo que perseguimos, es incorporarles a las personas que tenemos a nuestro cargo, hábitos sanos, lo que nos permite tener un bajo índice de reincidencia. Los que no lo lograron, son personas que vienen con muchas carencias y a quienes resulta una tarea titánica poder incorporarlos a esos hábitos de vida que pretendemos que incorporen…

– Se conoció en las últimas semanas un proyecto que establecería una supuesta sindicalización de las personas que están presas. ¿Cuál es su opinión?

– Nosotros tenemos talleres que tienen una doble finalidad, por un lado está la labor de terapia, pero a la vez el producido se comercializa y por ende se genera un ingreso de dinero. Desconozco los alcances de esa supuesta sindicalización. El peculio que hoy reciben es razonable y compensa la actividad que desarrollan, que recordemos es educativa y socializante. No son obreros comunes, sino que están abocados a aprender oficios, a acrecentar o crear sus hábitos de trabajo e incluso pueden sostener esta actividad una vez que queden en libertad. Muchos lo han sabido aprovechar y se han reinsertado en la sociedad con una profesión.