Brasil no seguirá los pasos de Uruguay y no habrá marihuana legal, al menos durante los cuatros años del segundo mandato de la presidente Dilma Rousseff, iniciado el 1 de enero.

Así lo advirtió el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en una entrevista publicada por el diaro O Globo, de Río de Janeiro.

“La legalización de las drogas no está hoy en la agenda”, contestó el ministro al ser consultado sobre el posible éxito en el Parlamento de un proyecto presentado por dos diputados de la izquierda opositora de Río de Janeiro, Jean Wyllys y Eurico Júnior, de Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Verde (PV), respectivamente.

En los proyectos de estos legisladors se destaca que la liberación de las drogas, sobre todo de la marihuana, “serviría para descomprimir el sistema carcelario, que está abarrotado de condenados por tráfico de droga, la gran mayoría por el comercio de pequeñas cantidades”, según destaca O Globo.

El ministro de Justicia ha dicho que no será la legalización de la marihuana lo que solucione el problema del hacinamiento carcelario, sino la construcción de nuevas prisiones. Prometió además un sistema de medidas cautelares, como el monitoreo electrónico y la aplicación de penas preventivas.

Durante el primer gobierno de Rousseff, y sobre todo cuando Uruguay anunció la regulación del cannabis, el Congreso inició un debate sobre el tema. Pero cualquier cambio en la legislación fue bloqueado de inmediato por la poderosa bancada evangélica, que forma parte de la coalición de gobierno liderada por el Partido de los Trabajadores (PT).

Fueron los votos evangélicos los que, en buena medida, permitieron el ajustado triunfo que dio la reelección en segunda vuelta a Rousseff.

En diciembre, sin embargo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dijo en un comunicado difundido en su página de internet que a partir de enero comenzarían las deliberaciones sobre la “reclasificación” medicinal de la sustancia cannabidiol, que está prohibida en Brasil.

Algunas personas recurren a una red clandestina de cultivadores ilegales de marihuana en el estado de Río de Janeiro que extraen y donan el cannabidiol para tratar, por ejemplo, las convulsiones severas.