Maneiro propone que el 10% del Inmobiliario Rural vaya a las Juntas para caminos

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que dispone que el 10% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural sea destinado a la creación del Fondo de Asistencia a la trama vial rural. La iniciativa es impulsada por el legislador provincial crespense Julián Maneiro (UCR) y dispone “la afectación del 10% de los recursos recaudados en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural para la creación del ‘Fondo de Asistencia a la Trama Vial Rural, que se implementará a través de las Juntas de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”.

“Esto no implica que Vialidad no sea responsable de los caminos, todo lo contrario. Pero es una ayuda para las Juntas de Gobierno que hoy reciben en promedio $ 100.000 por mes para hacer todo lo que tienen que hacer en su distrito. Es una vergüenza”, opinó.

Afirmó que son muchos los jefes comunales que necesitan soluciones urgentes para problemas que Vialidad, en muchos casos y por diversas razones, no atiende, aunque debería ser su obligación hacerlo.

“La idea es aportar un granito de arena para el mantenimiento y mejorado de la trama vial de las diversas jurisdicciones, tarea que Vialidad realiza de manera deficiente desde hace mucho tiempo. Los vecinos, en ese contexto, terminan siendo rehenes de esas situaciones, quedando solo en palabras vacías el concepto de igualdad de oportunidades”, agregó.

El fondo será distribuido entre las Juntas de Gobierno, indistintamente de su categoría, de acuerdo al siguiente criterio: 30% para todas las Juntas de Gobierno por igual y 70% conforme al porcentaje de kilómetros de caminos secundarios y terciarios que exista en la jurisdicción.

En la propuesta se destaca que la transferencia de los fondos a las Juntas se realizará en forma automática y los recursos serán afectados exclusivamente al sostenimiento de la infraestructura vial mediante el mantenimiento, mejora y la recuperación de la red de caminos secundarios y terciarios.

Las Juntas de Gobierno deberán realizar al cierre de cada ejercicio una rendición especial respecto del destino de los recursos percibidos y en caso contrario, serán pasibles de la exclusión de los beneficios establecidos.

“Si analizamos los datos que surgen de la ejecución presupuestaria del año 2020, en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural se recaudaron unos 2.745 millones, por lo que una afectación del 10%, implicaría la generación de un Fondo de unos $ 274,5 millones para ser distribuidas entre unas 150 Juntas”, indicó Maneiro.