Vocales del Superior Tribunal de Justicia recordaron a magistrados y funcionarios del fuero penal provincial que los procesados en las alcaidías o comisarías se deben limitar a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de los actos procesales” y que “en ningún caso puede superar esa estancia los treinta días”. Una vez transcurrido ese lapso, los detenidos a disposición de la justicia deben ser destinados a las unidades penitenciarias correspondientes.

Así lo hizo saber el alto cuerpo judicial en la acuerdo general en el que deciden recordar ese criterio, ya transmitido anteriormente, a los jueces penales. En el marco del acuerdo general también disponen “la inmediata aplicación de la medida, para todo detenido en calidad de procesado”.

Y ordenan “comunicar, como se pide, a la Jefatura de la Policía Provincial a los fines pertinentes y al Servicio Penitenciario de Entre Ríos”. También disponen solicitar al Poder Ejecutivo, que el Servicio Penitenciario prevea pabellones o unidades de alojamiento separadas de la población carcelaria general para aquellos casos que por razones de seguridad así lo requieran”.