Esta semana estuvo en el “Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos” con sede en Crespo, la diputada nacional Dra. Rosario Romero, quien en diálogo con el programa “La gente quiere saber”, que el Cont. Fernando A. Huck y Nydia Schmidt conducen los martes a partir de las 21.30 por Canal 6 ERTV, analizó el panorama político provincial y nacional y dio su punto de vista sobre la decisión del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, por declarar inconstitucional los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley Provincial Nº 10.329 (“Narcomenudeo”), entendiendo el magistrado que los mismos “modifican la Ley Nacional Nº 26.052, que tiene mayor rango legal”. Sin embargo, el martes 2 de diciembre, el Superior Tribunal de Justicia de ER, dio tratamiento a una nota del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, en relación a una causa sobre infracción a la Ley 23737 y por mayoría, aprobó rechazar dicha comunicación del juez federal por considerarla “impropia”.

Al respecto, Romero expresó que “esta es una cuestión que atraviesa las ideas políticas y que debería ser una preocupación general como entrerrianos. No queremos que nos ocurra lo que le pasó a Rosario. Argentina, desde hace muchos años, dejó de ser un país de tránsito para ser un país de producción de drogas y se han asentado muchos narcotraficantes que invaden nuestras ciudades. Hoy en día, no hay delitos que no estén vinculados a la comercialización de estupefacientes. La Ley 26.052, sancionada por el Congreso de la Nación, fue una iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, que permitió que las provincias tomaran a su cargo la investigación y el juzgamiento de estos delitos (narcomenudeo). Entre Ríos se adhirió a esa ley, pero fue suspendida, porque no estábamos en ese momento en condiciones de asumir la investigación y el juzgamiento. Se trabajó mucho durante este tiempo en la legislatura provincial, planificando la tarea en el marco de esa ley nacional y se aprobó la ley. ¿Qué ha dicho el juez federal? Que esa investigación preliminar, si no es seguida del juzgamiento en la provincia, no tiene valor, que es inconstitucional. Ha interpretado o “… tomamos todo o no tomamos nada”. Mientras discutimos todas estas situaciones, el delito de estupefacientes va en jet y establece nuevas formas organizativas. Hoy en día, hasta los aguantaderos de drogas en los barrios tienen poca cantidad para que de algún modo, de ser sorprendidos en un procedimiento, no tengan tanta cantidad y puedan defenderse en mejores condiciones. La dirigencia política en general, aprobó esta ley, el radicalismo votó a favor y todos imaginamos una norma por lo cual nuestros fiscales, nuestra policía y nuestros jueces de Garantía, puedan intervenir en esa primera etapa la intervención, capturar la droga y a los que están comercializando, para ofrecérselos al juez Federal. Éste no lo ha aceptado, ha dicho que la norma es inconstitucional. Si podemos investigar y juzgar, ¿por qué no podemos investigar y darle al juez federal que siga juzgando? Vamos a entrar a un terreno de discusión jurídica que no es lo deseable, porque mientras nosotros discutimos en los congresos, en los ámbitos políticos y jurídicos, el delito sigue avanzando. Por eso lamento las decisiones de este juez, porque no están a la altura del problema que vive la sociedad, pareciera que no está cercano a este flagelo. Hay que ver los barrios, para darse cuenta que no son solo los grandes narcotraficantes. Allí también se vende y le arruinan la vida a los chicos”.

– ¿Por qué el diputado Lisandro Viale del socialismo, pidió la derogación de la Ley …?

– Lisandro Viale se opuso y también Juan José Albornoz. Están en contra de la desfederalización, porque dicen que este es un problema de la Nación, de los tribunales federales… pero nosotros tenemos solo 2 jueces con competencia penal federal, uno en Paraná y uno en la Costa del Uruguay…

– ¿Y que pasará ahora…?

– La ley se seguirá aplicando, pero puede pasar que el año que viene evaluemos y terminemos en una norma que consolide la investigación y el juzgamiento… Es lo que estamos hablando…

– ¿Y mientras tanto…?

– No quiero imaginarme un escenario de discusión judicial… Hay que recordar que los procedimientos que se realizan por estupefacientes, siguen un viejo protocolo que tiene más de 30 años, que han venido reproduciendo los jueces, que le exigen a la Policía que siga por 6 meses a un sospechoso de estar traficando drogas, que le pida la intervención del teléfono a la SIDE de Santa Fe, que muchas veces demora un mes y medio en responder. Ese protocolo ignora los WhatsApp, los mensajes de texto, la telefonía celular… Es un disparate esperar 6 meses de intervenciones telefónicas, de observaciones y fotografías, para liberar la orden de allanamiento. Hay banditas en los barrios que se disputan, que están matando niños y jóvenes y nosotros seguimos con una investigación conforme a un protocolo de hace 30 años. Esto quisiera que entre todos podamos lograr cambiar, antes de decir que una norma es inconstitucional o no. Hay algunos que se quedan en las discusiones académicas y no toman conciencia que es un problema de nuestros hijos, nietos, de nuestra realidad cotidiana, de nuestros hermanos, parientes… Se podría intentar insertar a nivel nacional, en la Ley N° 26.052, una posibilidad concreta para las provincias de hacer una implementación gradual de la desfederalización. Con eso zanjaríamos el inconveniente que encuentra el juez Ríos y con esa posibilidad, las provincias podrían hacer una implementación gradual sorteando cualquier exigencia, en mi concepto exagerado. Por ahora, se va a insistir en la aplicación tal como está…

Opina Enrique Cresto

Mientras el Procurador General de la Provincia dio a conocer la Instrucción General Nº 125/14 dirigida a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, donde les hace saber que “la Ley 10.329 (Narcomenudeo) se encuentra en plena vigencia, el senador Enrique Cresto, mentor de la normativa legislativa que lucha contra la comercialización de estupefacientes, opinó que “losjueces federales tendrán que revisar sus prácticas, porque en Entre Ríos, se seguirá secuestrando drogas y les seguiremos remitiendo las causas, para que la Justicia Federal, haga lo que tiene que hacer. Causa indignación, pero no sorpresa. Está más que probada la ineficiencia de la Justicia Federal para aplicar la ley que combate el narcotráfico, que en algunos casos como éste, es escandalosa. Y esa ineficiencia beneficia a los que lucran con la venta y perjudica a los ciudadanos. Respecto de la Ley 10.329, tenemos la conciencia tranquila de estar trabajando de acuerdo a estos momentos históricos, ya visualizados por un gran estadista, que fue Néstor Kirchner. Fue consensuada con juristas de renombre, penalistas de reconocida trayectoria, como los Dres. Claudia Mizawak, Rosario Romero y Jorge Amilcar García, quienes además de ocupar cargos en la cúpula del Poder Judicial de Entre Ríos, son penalistas de prestigio, con autoridad reconocida en la materia. Pasó por todo un proceso de debate parlamentario, también se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la CSJN, que resolvió y delimitó las respectivas competencias frente a un conflicto suscitado entre la provincia de Buenos Aires y el Fuero Federal, con asiento en la misma e inclusive tuvimos la prudencia y apertura de invitar a participar del proceso de formación de la ley a los magistrados del fuero federal, quienes en definitiva tienen competencia en los delitos que no entran en la normativa sancionada. Por caso, se recabó la opinión de un ex – Juez Federal, como lo es el Dr. Laurito, quien no encontró reparos” y acotó que “estamos estudiando la posibilidad de denunciar al juez federal, Dr. Ríos ante el Consejo de la Magistratura, si encontramos elementos para sospechar que deliberadamente benefició con su accionar a quienes le fue secuestrada la droga. Estamos abiertos a recibir información de la población al respecto, porque en tal caso, no nos quedaremos cruzados de brazos haciendo sólo declaraciones. Y para dar ese paso, necesitamos estar convencidos, con elementos de pruebas. Aquí tiene que primar el sentido común y cualquier interpretación de la ley, debe tener en cuenta el contexto histórico y las consecuencias que derivan de esa interpretación. El contexto indica que miles de jóvenes por la inacción de quienes están encargados de aplicar la ley (la Justicia Federal), caen dentro de las redes del narcotráfico, siendo víctimas reales de carne y hueso, arruinándose a varias familias. Pero nuestro sistema de control difuso de constitucionalidad deja resquicios para que pasen estas cosas. Es llamativa la velocidad con que se declara la peor sanción que se le puede dar a una ley, que es la declaración de inconstitucionalidad… También observo con preocupación como el fiscal Federal, Ricardo Álvarez, contrariando la jurisprudencia de la Corte, en su momento jugó en tándem con los opositores a la ley, lo que lo inhabilitaría para emitir dictamen sobre la cuestión. Me parece que por una cuestión de mínimo recaudo ético, debería apartarse. Sin intención de entrar en polémicas, me parece una actitud prepotente, muy poco comprometida con la excelsa función de impartir justicia y que beneficia a quienes lucran con la muerte, porque los narcotraficantes en definitiva lucran con la muerte. En fin, no tiene asidero jurídico, anclaje lógico ni en el sentido común y es una afrenta a la ciudadanía, preocupada por erradicar las drogas. Estamos dispuestos a trabajar en un protocolo común para que se tengan en claro pautas, pero no vamos a permitir este atropello al federalismo y a la institucionalidad entrerriana, violando una ley nacional que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró constitucional”.