Lacalle Pou despidió a su custodio luego de que un juez lo imputara

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, despidió al jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, horas después de que un juez le imputara tres delitos y le aplicara 30 días de prisión preventiva, informaron fuentes oficiales citadas por la prensa local.

El mandatario “desvinculó” a Astesiano, afirmaron fuentes de la Presidencia uruguaya, según los diarios locales El Observador y El País.

El juez Matías Porciúncula imputó este martes a Astesiano por el delito continuado de creación de estado civil falso en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, y le aplicó 30 días de prisión preventiva.

Luego, Lacalle Pou reconoció que el hecho, del que se responsabilizó, podría afectarlo políticamente. “Si hay un responsable, soy yo”, sentenció.

“El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal; en lo político ni que hablar, pero habla bien de la República”, aceptó el mandatario en conferencia de prensa.

De esa forma, el magistrado aceptó íntegramente los pedidos efectuados el lunes por la fiscal Gabriela Fossati, ante lo cual Lacalle Pou se declaró sorprendido y reveló que el hecho le cayó “como un balde de agua fría” al referir que Astesiano le generaba “confianza”.

Consultado sobre si ordenaría una investigación interna o despediría al custodio, el gobernante evitó dar una precisión al responder que “la Justicia tiene que actuar a fondo”.

Al requerírsele sobre los antecedentes penales del imputado, dijo: “Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraba ninguno”.

Luego adelantó que se adoptará otro filtro en Presidencia para que no ocurra un incidente similar.

“Si hay algún responsable soy yo”, admitió, aunque aseguró que le generaba confianza y “era muy efectivo en el trabajo, cumplía su función a cabalidad”.

Lacalle Pou volvía este domingo de una breve licencia en el exterior cuando, ya en el aeropuerto de Carrasco, se enteró de que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Inteligencia de la Policía para llevarse detenido a Astesiano, quien estaba con él en ese momento y lo había acompañado durante sus días de descanso.

Lacalle sabría pocos minutos después que Astesiano iba a ser detenido por estar implicado, presuntamente, en una trama delictiva por la que se falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a rusos.

Sin embargo, la polémica sobre este hombre ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial.

Ante ese dato, el Ministerio del Interior había reparado en sus registros para confirmar o descartar si tenía o no antecedentes penales y encontró que, técnicamente, no los tenía, según fuentes del Gobierno.

Lo que sí confirmó la cartera de seguridad era que, en efecto, Astesiano tenía más de 20 anotaciones -por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018-, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Secretaría de Estado. Y así fue comunicado a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga.

Astesiano es un expolicía que se ganó la confianza de la familia Lacalle en 1999.

La fiscal Fossati, considerada una de las más duras del sistema y con amplia experiencia en delitos complejos, pidió a la Justicia la formalización de la investigación a Astesiano por los delitos de suposición de estado civil (crear un estado civil falso) y asociación para delinquir.

“Se hicieron allanamientos y se incautaron celulares”, dijo Fossati ayer en rueda de prensa.

Los contenidos de los teléfonos celulares brindaron información a la Fiscalía sobre la operativa de una organización conformada por rusos y uruguayos.

Durante la investigación, Fossati obtuvo pruebas sobre las distintas modalidades delictivas del grupo: realizaban adulteraciones de documentos públicos -sobre todo partidas de nacimiento- para elaborar pasaportes u obtener la ciudadanía uruguaya. También se fraguaban documentos en idioma ruso.

Consultada sobre si Astesiano tenía un nexo con Presidencia para realizar dichas maniobras, la funcionaria judicial respondió: “Nada hay que vincule a una institución pública”.