Jubilaciones: el Gobierno apura una nueva fórmula de movilidad

La propuesta es un ajuste mensual por inflación más 10 puntos porcentuales de recomposición por el período anterior.

La reunión entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los mandatarios provinciales fue el marco para que el Gobierno planteara la necesidad de obtener un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como ley ómnibus. Entre los cambios se plantea una modificación de las fórmula de movilidad por la cual se ajustan las jubilaciones.

Durante el encuentro, el Gobierno propuso promover un paquete de alivio fiscal que incluye una Moratoria Impositiva, la Modificación a los Impuestos Internos al Tabaco, y la Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

También, se discutió el incluir cambios en la Ley de Ingresos Personales, la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la misma, y la modificación del Monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y de las cuotas fiscales. Por último, se propuso el impulso del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Los gobernadores se reunieron este viernes con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Cabe recordar que el paquete de alivio fiscal será incluido en tanto y en cuanto se logre la aprobación de la nueva Ley Bases.

Nueva ley ómnibus

El nuevo proyecto de ley ómnibus contempla 9 capítulos que van desde la Ley de Emergencia, Blanqueo Laboral, Privatizaciones, Desregulación Económica, y tema previsional, entre otros. En tanto, la modificación del Impuesto a las Ganancias se presentaría por separado.

Los ejes centrales del nuevo proyecto de ley incluyen: la declaración de Emergencia para aspectos administrativos, económicos, financieros y energéticos por solo 1 año, según pudo acceder Ámbito.

Una de las preocupaciones del Gobierno es avanzar en reformar el Estado con la consigna de liberar de su peso a los ciudadanos. En ese capítulo se plantean artículos referidos a que el Parlamento le delegue al Gobierno las herramientas para poder en la Administración central o descentralizada: reorganizar; fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente (se excluye a las Universidades, CONICET e INTA).

Los Fondos Fiduciarios también están incluidos. Éste punto fue el que llevó a que el presidente Javier Milei tomara en su momento la decisión de retirar el proyecto, tras la derrota durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En este punto, en el nuevo proyecto se aspira que el Poder Ejecutivo pueda modificarlos, disolverlos o determinar la extinción de fideicomisos públicos y que los fondos pasen al Tesoro Nacional hasta la sanción de la próxima ley de Presupuesto.

Reforma laboral

Uno de los temas considerados clave para la reactivación económica es la modificación laboral, en diferentes aspectos. La nueva ley ómnibus contempla en el Capítulo IV el tratamiento del Empleo Público. En tanto, el Capítulo VI contempla la “Promoción del empleo registrado” y establece la creación de un régimen de “blanqueo laboral”.

Reforma previsional

Este punto es clave para poder actualizar las jubilaciones. El Capítulo V prevé la modificación de la movilidad de las prestaciones previsionales y la modificación de la actual fórmula previsional.

La propuesta es un ajuste mensual por inflación más 10 puntos porcentuales de recomposición por el período anterior. Seguramente esta propuesta será resistida por varios legisladores que aspiran a que se contemple la recomposición de los meses de mayor inflación.

También se incluye un capítulo de Consolidación de Deuda Pública y el Estado retendrá las acciones de empresas dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Contratos

Asimismo, habrá una modificación a los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, es decir disponer por razones de emergencia, la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos; y regular la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales.

Como asimismo un capítulo referido a la delegación al Poder Ejecutivo de la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos.

También se contempla el capítulo de Energía, la Ley Hidrocarburos, Gas natural y transición energética y, para promover las inversiones se incluye un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Qué espera el Gobierno de la negociación con las Provincias

El Gobierno Nacional fue manteniendo aspectos centrales de la ley ómnibus siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro del Interior, Guillermo Francos (los interlocutores por el Poder Ejecutivo), según se comenta en la Casa Rosada.

En este sentido, Milei sigue insistiendo en que confía poco en la posibilidad de un acuerdo. Ayer, en la antesala del encuentro del Ejecutivo con los gobernadores, formuló declaraciones señalando que se había equivocado al considerar que los mandatarios provinciales iban a negociar de buena fe.

De acuerdo con la interpretación de la administración central, los gobiernos provinciales cometieron “un error” al creer que tenían suficiente fuerza como para torcer la decisión del Presidente de no enviarles fondos si no apoyaban las reformas que impulsa su gestión. La respuesta de Milei a los pedidos del interior fue “sentarse sobre la caja para sorpresa de muchos”, dicen en el entorno del primer mandatario.

Efectivamente, en febrero las provincias recibieron sólo $18.250 millones en concepto de transferencias discrecionales -un recorte de 88%, descontada la inflación, con relación a igual mes del año pasado-, según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Cuando se suman las transferencias automáticas, en el acumulado al primer bimestre del año giros por coparticipación alcanzaron los $4.500.000 millones, con una caída real del 15,4% en comparación con igual período del año pasado. Esto implicaría el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años, según el IARAF.

A la contracción de los giros por coparticipación deben agregarse las caídas que están sufriendo las provincias en la recaudación de ingresos propios, derivada de la fuerte contracción de la actividad económica y la caída en el poder adquisitivo. En este contexto, las gobernaciones encuentran crecientes dificultades para subir la carga tributaria.

La posición del presidente Milei es que “no está dispuesto a ceder en lo que considera los cambios fundamentales que necesita el país”, señalan en su entorno. Argumentan, además, que a los gobernadores le va a ser muy difícil oponerse a demandas que la sociedad votó en las últimas elecciones.

Fuente: Ámbito