José Artusi reclamó un cambio profundo en las políticas petroleras

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos resolvió solicitar a los legisladores nacionales del partido, que procuren introducir modificaciones en el proyecto de ley de expropiación de parte del paquete accionario de YPF. En tal sentido se estima fundamental que no se excluya a las acciones del Grupo Petersen; que el 49% de las acciones a adquirir se distribuyan entre todas las provincias y no sólo las productoras, que no se excluya a YPF SA de la posibilidad de ser controlada por la Auditoría General de la Nación y otros organismos, y la conformación de una Comisión Bicameral encargada de investigar el vaciamiento de la empresa.

En charla con El Observador, el presidente del comité entrerriano, José Artusi, dio su explicación al respecto: “La resolución tiene dos partes, una referida a YPF y otra al petróleo, porque no es lo mismo. YPF es el responsable de más del 30% del petróleo que se trae a Argentina, pero se dice muy poco del otro 65% que proviene de empresas extranjeras. La primera parte pretende interesar a nuestros legisladores nacionales en producir algunas modificaciones en la ley de expropiación. Reclamamos la elaboración y presentación de propuestas complementarias, tendientes a la efectiva recuperación de la soberanía energética, tales como la derogación de la ‘ley corta’ y su sustitución por una nueva ley de hidrocarburos. Tambien la reversión hacia el Estado nacional de las concesiones otorgadas irregularmente, Auditorías integrales e independientes a todas las empresas del sector, y finalmente planteamos la necesidad de la investigación judicial de la entrega y extranjerización de YPF y el proceso de vaciamiento de la empresa, reiteradamente mencionado tanto en expresiones de funcionarios del gobierno nacional como en los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo enviadas al Congreso. En segundo lugar pretendemos que se incluya a la provincia, junto a todas las demás, en la distribución de las acciones que corresponden al Estado”.

Sobre el último punto, el ex diputado profundizó: “El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a que el 51% sea del Estado y un 49% para las provincias productoras de petróleo. Es una injusta discriminación y queremos que se incluya Entre Ríos como así también a todas las provincias. YPF fue una empresa modelo importante en Latinoamérica, una empresa 100% estatal y nacional, queremos crear una Comisión Bicameral para investigar el proceso de vaciamiento reconocido por otros funcionarios”.

Artusi explicó que reclamaron por un cambio profundo en las políticas petroleras del país: “Queremos remarcar la necesidad de derogar la ley de hidrocarburos que es una normativa de la época de Onganía, como así también la ley del gobierno de Kirchner, que le dio a las provincias la facultad de otorgar concesiones y explotaciones. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, en todo caso las empresas privadas son contratistas, pero son los Estados los que tienen la decisión soberana acerca de lo que aceptan sobre el petróleo”.

En la continuidad de los puntos a rever que pretende la UCR, el dirigente entrerriano sostuvo: “Diferenciar servicios públicos vinculados a la producción y explotación de hidrocarburos y derivados. En especial con una auditoría integral a todas las áreas concesionadas porque muchas de ellas están otorgadas de manera irregular y aún con la legislación vigente, permitiría revertir al Estado nacional un conjunto de áreas que hoy están concesionadas, a empresas en su mayor parte extranjeras. Con esto y otras medidas que se pueden insertar, queremos un cambio radical en una política petrolera en conjunto con la recuperación que para nosotros tiene que ser más profunda. Con estos aspectos demarcados, podríamos hablar de verdad del famoso título del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo: ‘Recuperación de la soberanía hidrocarburífera en Argentina’”.

“Nosotros no hemos hecho más que mostrarnos en anteriores pronunciamientos tanto del Comité nacional como de la Convención nacional, y nos pareció importante como conducción provincial formalmente y de manera orgánica e institucional, plantear punto por punto esta cuestión”, agregó.

Durante la charla, fueron abordados otros temas como el actual gobierno de Sergio Urribarri y su forma de proceder: “La fiesta se está terminando, hay una crisis en cuanto al financiamiento del Estado que es evidente y se muestra en distintos indicadores: El pago en cuotas del salario de los empleados públicos, una crisis del sistema jubilatorio, también del IOSPER, y demás. Veo con mucha preocupación la falta de reacción del gobierno frente a diversos problemas y en definitiva la carencia de un proyecto de desarrollo que necesita posicionar a Entre Ríos en la senda de un crecimiento sostenido y una mejora de la calidad de vida de los entrerrianos”.

A estos conceptos, añadió: “Hay un intento desesperado de querer ingresar recursos a las arcas públicas , pero en realidad no se opera. Se ha generado todo un conflicto artificial en la provincia con los productores agropecuarios a través del impuestazo inmobiliario rural, pero nada se dice de la crisis y la necesidad de reclamar ante la Nación por los recursos que se han apropiado de manera ilegitima e ilegal como producto de esta crisis. Lo denunciamos en su momento cuando éramos legisladores provinciales, habíamos llegado a la conclusión de que alrededor de 2 mil millones de pesos perdía la provincia al año por culpa de estas situaciones que tienen que ver con las retenciones, con las condiciones de la AFIP, con el 15% que va al ANSES, con el no cumplimiento de la garantía del 34% de la coparticipación a las provincias”.