Indican que el operativo montado por Bullrich eran armas no controladas por el gobierno

La Red Argentina para el Desarme denunció que el decomiso de más de 2500 armas tiene como principal eje a la empresa Tala. Un funcionario del Ministerio de Defensa encabezado por Aguad, y directivo de Tala, figura entre los detenidos en el “histórico operativo”.

“Lo que se está mostrando como un logro, es en realidad la demostración del enorme fracaso de las políticas de Estado respecto del control de armas en el país”. Julián Alfie, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), en diálogo con Página 12, se refirió en esos términos a la llamada Operación Palak, anunciada por el gobierno como “el decomiso de armas más grande de la historia” argentina. “No hay fabricación ilegal de armas, la fabricación es legal, pero se producen desvíos hacia el mercado ilegal, por la incapacidad del Estado en el control de las armas, porque desde hace cuatro años no se pone en marcha el organismo creado para realizar esa tarea”, aseguró Alfie.

El Inecip forma parte de la Red Argentina para el Desarme, que denunció “la falsedad” del anuncio realizado la semana anterior por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Red sostuvo que lo que se mostró como “un éxito de la política criminal (…) parece tratarse de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

La ineficacia y la posible connivencia quedaron expuestas porque entre los 17 detenidos anunciados por Bullrich, figura Diego Martín Bollati, de 47 años, directivo de la firma Tala, propietaria del arsenal ilegal dado a conocer por Bullrich con bombos y platillos. Bollati es un abogado y ex militar que, hasta pocos días antes de los allanamientos, era funcionario del Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad.

Julian Alfie señaló que todo gira en torno de la empresa Tala, que pertenecía a las Fuerzas Armadas y que estaba en disputa con un actor privado. Eso ocurría “sin ningún tipo de control del Estado”. Recordó que la causa comenzó por una investigación del gobierno de Estados Unidos “que fue generada por la propia incapacidad del Estado argentino”.

Página 12