Está acusado de reducción a la servidumbre en un campo del Acceso Norte de Paraná. También es de Bolivia y fue detenido en la frontera hace unos días. Tenía pedido de captura desde 2010

Pasaron siete años y medio de aquel día en que se descubrió que en un campo del Acceso Norte de Paraná se explotaba en condiciones lamentables a ocho personas oriundas de Bolivia. El expediente, que recayó en la Justicia federal de Paraná, tiene algunas de sus hojas amarillentas, pero hace unos días se desempolvó: un boliviano acusado de engañar a sus coterráneos para que trabajen en la producción de hortalizas, fue detenido hace unos días en la frontera norte del país, lo trasladaron a la capital entrerriana y hoy será indagado. El hombre sostiene que era uno más de los explotados por parte del dueño del establecimiento rural ubicado en El Brete, consignó UNO.

Pío Soruco Segovia quedó imputado en la causa iniciada en junio de 2007. En 2010 le dictaron el pedido de captura, pero recién ahora lo detuvieron en el paso fronterizo de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, que une Argentina con Bolivia. El hombre hacía años que cruzaba la frontera muy seguido, pero esta vez el funcionario que revisó su nombre en el registro advirtió que tenía un pedido de arresto vigente. Así fue que detuvieron a Segovia y ayer a la madrugada lo trasladaron desde la localidad salteña de Orán hasta Paraná. Hoy a media mañana, el juez federal Leandro Ríos lo indagará por el delito de Reducción a la servidumbre. Segovia cuenta con la defensa técnica del abogado paranaense Alberto Salvatelli, quien lo asistirá en el proceso judicial.

La investigación se inició hace siete años y medio cuando una niña de 12 años fue rescatada mientras corría por la ruta en el Acceso Norte. Según supo la Justicia que intervino en su protección, escapaba de un campo de la zona donde la obligaban a trabajar la tierra de las huertas, cocinar y lavar, y también indicó que sufría acoso sexual del encargado.

La Policía y la entonces Dirección Provincial de Trabajo allanaron el establecimiento: se encontraron con ocho personas de nacionalidad boliviana, entre ellos dos menores de edad, quienes no tenían documentación que acreditara su identidad ni menos el ingreso legal al país. Las condiciones de vida, alojamiento y sanitarias en las cuales se hallaban eran, a simple vista, serviles y humillantes. Además, se informó que les pagaban 250 pesos mensuales por el trabajo rural.

El dueño del campo se desligó de la situación al argumentar que lo arrendaba a un hombre boliviano, quien se encargaba de trabajarlo y contratar a los empleados. De este modo, con el transcurso de los años quedó imputado Segovia, pero no lo hallaban.

El hombre habría sido quien buscaba y traía a Paraná a las personas de su país para trabajar en el campo. Pero según su versión, no era quien arrendaba el lugar, sino que cumplía con estas tareas para el beneficio del propietario. Pero este le hizo firmar un contrato de locación para quedar desvinculado de la situación irregular.

Luego de mucho tiempo la historia se retoma recién hoy, y habrá que ver hacia quién apuntará las responsabilidades la Justicia federal de Paraná, ante un caso que comprobó el aprovechamiento y la explotación de inmigrantes pobres en condiciones irregulares.

Entre Ríos, tercera

Según un informe estadístico de la Procuración de Trata y Explotación de Personas de la Nación (Protex) de febrero de 2014, sobre la trata laboral en la Argentina, Entre Ríos es el tercer distrito del país con mayor cantidad de casos en el fuero federal por este delito (después de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En coincidencia con el caso referido que motiva hoy una declaración indagatoria en el Juzgado federal de Paraná, dicho informe reveló que la mayoría de las víctimas son migrantes, y que ocho de cada 10 procesados son extranjeros, principalmente bolivianos.

En este sentido, el estudio de la Protex destaca que “en todos los casos, los beneficiarios inmediatos y mediatos de la esclavización de personas son argentinos”, por lo cual resulta necesario generar investigaciones judiciales que “eleven las perspectivas de imputación hacia escalones más altos en la cadena de producción y beneficios”.

Además, se remarcó que “más del 57% de los casos fueron a través de ofertas laborales engañosas, en donde el engaño recayó mayormente en las condiciones de la actividad y no en la naturaleza de la misma”.