En declaraciones a El Observador, el presidente de la filial de Gobernador Mansilla de la Federación Agraria Argentina, Ricardo Garzia, comentó acerca del proceso y tratamiento de la ley que modificó los tributos provinciales antes de culminar el 2013.

Al respecto y tras el aumento a la alícuota de los Ingresos Brutos y las bases de cálculo para el Impuesto Inmobiliario Rural, entre otras modificaciones, el dirigente indicó que “la lectura general de sector agropecuario, con pocas diferencias, fue recibir una vez más, una carga impositiva sobre su ecuación y en detrimento de su rentabilidad, donde se advirtió y expresó de manera generalizada que ‘no soportamos más presión tributaria’, por eso es que se realizó la movilización en Gualeguaychú sobre la Ruta Nº 14 en enero pasado, pero sin cortes solamente volanteando y explicando a los turistas y a la sociedad, la situación de presión impositiva del gobierno”.

Posteriormente la Mesa de Enlace de la provincia, solicitó una audiencia al gobernador Sergio Urribarri, quien la hizo efectiva el pasado 4 de febrero, donde el mandatario y sus ministros defendieron la aprobación de la norma.

“Es conveniente aclarar un punto sobre los números y las posturas, ya que el sector agropecuario no se rehúsa a pagar impuestos y no se desliga de su obligación tributaria. Para dar un ejemplo concreto, desde la Mesa de Enlace defendemos con pruebas que de cada $ 100 que produce una hectárea, 50 son para producir, con el riesgo del productor y la generación de desarrollo rural que tiene la provincia; 46 son para el Estado, tanto provincial como Nacional y los $ 4 restantes son el margen para el productor propietario de la tierra. Hay que aclarar que los $ 46 se van al Estado aún si el productor no se embolsilla los 4. Es decir que si quedan libres $ 50, el 8% es para el que arriesgó, trabajó, renegó con el clima y comprometió su capital y el 92% se va al socio privilegiado. Por eso no podemos compartir las afirmaciones del gobierno, sobre las virtudes que la gestión declama sobre la realidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Nuestro sector exige la corrección de las alícuotas de Ingresos Brutos, la no modificación del IIR y la vuelta al origen de la Ley de Conservación de Suelos”, remarcó el presidente de la entidad rural de la filial de Gobernador Mansilla.