Más de 100 personas quedaron imputadas por los saqueos registrados durante el alzamiento policial del 8 y 9 de diciembre pasado en reclamo de mejoras salariales, que dejó un saldo de tres muertos en Concordia. Los expedientes están referidos a la imputación del delito por robo agravado, encubrimiento, legajos por la receptación sospechosa de bienes y robo en grado de tentativa. En ese marco, hay 16 policías con prisión preventiva, imputados por sedición agravada y otros delitos.

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amílcar García, en diálogo con El Observador y FM Libertad 98.3, expresó que “este fue un hecho gravísimo, por el quebrantamiento de los deberes de los funcionarios, ya que los ciudadanos somos los que les damos las armas para que ellos garanticen seguridad y no para que extorsionen a quien sea. Más allá si el reclamo (salarial) es correcto o no, hemos calificado a estos hechos como de sedición y otros delitos más y lo más grave, la instigación a robos y saqueos. En este momento, llevamos la elevación a juicio para un grupo importante, que son aquellos que tuvieron la participación más importante y paralelamente, la investigación está avanzada para quienes saquearon en los negocios. Van avanzando las dos causas y ya están listas para ir a juicio”.

– ¿Cuál es su opinión en relación a la reforma del Código Penal, que se está discutiendo a nivel nacional?

– Como académico y con 35 años en la magistratura, puedo asegurar que el actual es una recopilación bastante maltrecha de leyes, por lo que es absolutamente necesario racionalizarlo y sistematizarlo. Tiene tantas cirugías estéticas malas, que es irreconocible, por lo que necesariamente tenemos que ponernos seriamente a mejorarlo…

– El común de la gente entiende que con esta reforma, los delincuentes tendrán más garantías…

– Cuando se habla de la quita de la pena perpetua, hay que aclarar que siempre el sujeto que ha sido penado con ese castigo, saldrá antes, por los cumplimientos de los pactos internacionales, que expresan que no puede quedarse toda la vida en una cárcel, salvo que no cumplan ninguno de los reglamentos, entonces sí quedaría adentro, pero por culpa de él. Después está la eliminación de la reincidencia como agravante, pero de ninguna manera se elimina la reincidencia… Estos son dos temas que han generado mucha polémica, en especial en los medios, pero no es lo más importante. El Código establece una cantidad de reglas para que los jueces las usen para poner una pena en más o en menos. Son cosas importantes y se acciona el tema de atenuantes, agravantes, que hay que discutir en términos académicos e informando a la gente, pero lo que no es cierto es que van a salir las personas libres. Eso es mentira…

– Ante el avance de la droga, en la Legislatura de Entre Ríos se aprobó la desfederalización de los delitos por droga, para que la policía y la Justicia puedan actuar, pero la medida nunca fue instrumentada por el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?

– Desde un primer momento nos opusimos y ahora también, porque no se trata de quien juzga, sino que son distintos los procedimientos y el problema es, cómo prevenir y cómo investigar estos hechos. La provincia no está adherida a la Ley de Desfederalización y creo que sería un error hacerlo. Es importante que las fuerzas de seguridad, que trabajan en la prevención e investigación de estos delitos, coordinen entre sí y con las autoridades del Foro Federal y nuestros fiscales y jueces, para trabajar en conjunto, pero sin tocar el tema del juzgamiento, porque esto generaría una cantidad de problemas burocráticos que lo único que harían, sería entorpecer la investigación. Es un problema que va mucho más allá del problema judicial, es un tema cultural y que tenemos que afrontar entre todos.

– El senador Enrique Cresto también presentó una propuesta para que la policía de Entre Ríos, pueda atacar a quienes venden droga en menor escala y no esperar que sea la Policía Federal…

– Con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Claudia Mizawak, estuvimos reunidos con los senadores, donde expresamos nuestra opinión. Si bien es interesante como fenómeno para poner de nuevo en el tapate este tema, no nos soluciona el problema, lo que sí efectivamente hay que hacer, es tratar de ver de qué manera la justicia provincial tiene que acompañar, por ejemplo, autorizando que sean los propios jueces de Garantía, los que puedan librar órdenes de allanamiento, que sean válidas en el marco de la lucha contra la droga. Esto se hace a través de una ley, es uno de los elementos a discutir…

– La gente exige respuestas y por ahí se lamenta que la Justicia demora las causas…

– El gran desafío de la República es judicializar los conflictos, que no queden en manos del hombre, sino llevarlos a la racionalización. Lo mejor es clarificar este problema, para no caer en estas soluciones que son a corto plazo y no convenientes.