Fracaso del diálogo en Colombia: Gobierno y manifestantes se culpan mutuamente

A 40 días del inicio de las protestas en Colombia, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP) que convoca las manifestaciones se acusaron hoy mutuamente del fracaso y suspensión del diálogo, el mismo día que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para relevar las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

“Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno, estamos listos”, aseguró en un comunicado el titular del Consejo para la Estabilización, Emilio Archila, negociador designado por el presidente Iván Duque, según el diario El Tiempo.

“El CNP ha dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Nosotros, el Gobierno, estamos listos. Tenemos todas las instrucciones del Presidente para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del Pliego”, agregó el funcionario.

Sin embargo, desde el Comité cuentan otra historia.

Ya en los últimos días, las organizaciones civiles y sindicatos -que convocaron a finales de abril a salir a las calles en contra de la ahora fallida reforma impositiva de Duque- venían denunciando que el Gobierno se negaba a firmar el llamado preacuerdo de garantías que ellos demandaban para empezar a negociar su pliego de demandas sociales y económicas.

El preacuerdo incluía garantías básicas para que las protestas en las calles no sean reprimidas y los líderes sociales y estudiantiles al frente de ellas no sean estigmatizados, como viene sucediendo cuando funcionarios ponen recompensas por sus cabezas por considerarlos criminales.

“Nos cansamos del método que ha venido utilizando el Gobierno para dilatar la negociación y hacerle creer al país que estamos en una negociación. En la práctica lo que hubo es una bicicleta estática que no nos lleva a ninguna parte”, denunció en diálogo con Télam Percy Olaya, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Comité.

Este quiebre, que se venía anunciando y hoy se concretó, coincidió con dos novedades importantes en la crisis política y social.

Por un lado, la misión de la CIDH llegó a la mañana al país para evaluar la situación en medio del estallido social, reportaron las agencias de noticias AFP y Sputnik, y fue recibida con carteles de bienvenida por el Comité y miles de manifestantes en Bogotá.

Su llegada sucedió apenas horas después de que el país reeditara nuevas escenas de violencia y sangre en la ciudad de Cali que terminaron con dos muertos y 30 heridos. La razón fue la determinación del Gobierno de levantar los bloqueos de protestas por la fuerza y de miles de manifestantes en todo el país de mantenerlos hasta que Duque tome en cuenta sus reclamos.

Por otro lado y coincidencia con esta esperada llegada de los observadores humanitarios, el presidente Duque anunció una reforma para modernizar a la Policía, uno de los reclamos de los manifestantes y una institución que quedó bajo la lupa en estas últimas semanas por la represión de las protestas sociales que ya causó más de 60 muertos, cientos de heridos y al menos más de cien desaparecidos.

“Hoy anunciamos 10 líneas de acción con las que profundizamos la modernización del Ministerio de Defensa y la transformación integral de nuestra policía; en ese proceso, fortalecemos la política de derechos humanos y elevamos los estándares en la prestación del servicio al ciudadano”, afirmó Duque durante la ceremonia de graduación de subtenientes de la policía, en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.

La estrategia de transformación, contenida en un proyecto de ley que será presentado el 20 de julio y en un próximo decreto gubernamental, supone la creación del Viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana, al igual que una estricta regulación para limitar la comercialización, la portación y el uso de armas traumáticas, cuyo uso por particulares fue denunciado desde el estallido de la crisis..

Sin ceder, en principio, a la presión de los manifestantes que exigen una reforma a la policía, el presidente anticipó una “transformación” del cuerpo adscripto al Ministerio de Defensa y agregó que creará una “dirección de derechos humanos” encabezada por un experto ajeno a la institución.

Desde que asumió en 2018, Duque siempre respaldó el accionar de la fuerza de seguridad: en 2019 lo hizo cuando una serie de manifestaciones antigubernamentales dejaron cuatro muertos, y en 2020, cuando una movilización por el asesinato de un estudiante en poder de la policía tuvo un saldo de 13 víctimas fatales.

“Colombia lleva más de 20 años con su escuadrón móvil antidistrubios; hemos visto los mínimos casos de incidentes letales”, sostuvo Duque, y agregó que brindará “nuevas herramientas” para que el cuerpo actúe “minimizando las situaciones o riesgos de letalidad”.

En más de media década de conflicto armado, la policía colombiana se especializó en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, y desde mediados del siglo XX depende del Ministerio de Defensa, pero a raíz de los abusos denunciados durante el último mes diversos sectores piden que regrese al Ministerio del Interior.

Duque descartó la semana pasada esa posibilidad.

Actualmente, al menos 61 personas murieron desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. Dos de ellos eran uniformados.

La ONG Human Rights Watch aseguró tener “denuncias creíbles” sobre 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas, y confirmó que 32 de ellas “tienen relación con las manifestaciones”.

Además, diversos balances oficiales y extraoficiales hablan de unas 100 personas que participaron de alguna protesta cuyo paradero se desconoce.

Fuente: Télam