Fernández le aceptó la renuncia al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri

El embajador en Israel Sergio Urribarri y ex gobernador de Entre Ríos, había puesto a disposición su renuncia en el cargo, tras el conocimiento de la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

El presidente Alberto Fernández aceptó este jueves por la noche la renuncia, informaron fuentes oficiales.

Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015.

También indicaron en su fallo que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados.

La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.

Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.

Desde el pasado 27 de septiembre de 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Si bien eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.

Contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.

Los fiscales consideraron además que se trató de un “direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri”, y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían “retornar parte del dinero”.

Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una “persecución político judicial”.