Fallo judicial por fitosanitarios: Productores se reunieron en Crespo y confirman movilización

Este lunes por la noche, en el salón de la Parroquia San José de Crespo, productores entrerrianos participaron de una nueva reunión, en la que se abordó como tema central, el fallo de la Justicia que establece la prohibición de aplicar fitosanitarios en cercanías de escuelas, en una distancia no menor a 1.000 metros por vía terrestre y 3.000 desde el aire. En el encuentro desarrollado en esta ciudad, hubo productores de todos los sectores (agricultura, ganadería, tambo, citricultura, entre otros), quienes expresaron su enorme preocupación, ya que con esta medida, 300.000 has. quedarían sin poder ser sembradas con cultivos que necesiten de agroquímicos.

Tras escucharse diferentes testimonios, reflexiones y opiniones, se decidió realizar, el miércoles 10 de julio, a partir de las 9.30, una movilización en el acceso al Túnel Subfluvial, en Paraná. “Haremos una campaña de concientización. Los ambientalistas están comunicando erróneamente a la sociedad y nosotros tenemos que ir a aclararle a la gente, que los productos que se usan, están todos autorizados por los organismos competentes y que no hacen daño a la salud” expresó a El Observador, Fabio Schneider (Colonia Merou), uno de los voceros de los productores.

“Vinieron de toda la provincia. La gente quiere una acción directa, porque están muy angustiados por la situación. En la reunión estuvo presente también un grupo de ambientalistas, que tuvieron la oportunidad de dar a conocer su postura. Pero ellos se basan en lo que escucharon o lo que alguien les dijo, pero en lo técnico, no aportaron nada, cuando se les pidió algún informe avalado científicamente” acotó Schneider.

 

Mathé: “El ambientalismo es la nueva forma del socialismo”

 

Entre los presentes estuvo el productor ganadero e ingeniero agrónomo, Ricardo Mathé, quien opinó que “el fallo judicial es arbitrario y sin ningún tipo de justificación científica”. Recordó que “en la Sociedad Rural de María Grande tuvimos una reunión con más 40 ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, científicos y profesionales del CONICET, donde nos explicaron y detallaron que los productos que aplicamos, son inocuos. Hay investigaciones del INTA también, que demuestran que los productos no son malos y que bien aplicados, no hacen daño, no producen cáncer. Nosotros estamos muy preocupados por este fallo, que propende a la destrucción del sistema productivo de la provincia. Pero esto ya excede lo técnico, es un tema político, es parte de un organizado plan que el ambientalismo genera. El ambientalismo, es la nueva forma del socialismo, que ideológicamente fracasó en el mundo, tenemos los ejemplos de Cuba o Venezuela, que vemos lo que son o de China, que pasó del socialismo a mitad capitalista y que ahora explota de riquezas y así, otros más. El socialismo ahora elige la forma del ambientalismo para ingresar nuevamente a los países y lo primero que hace es destruir el sistema productivo. De nuestra parte tomaremos las acciones necesarias para que el fallo judicial se revierta”.

Mathé sostuvo que “estamos muy mal representados, primero por las entidades, que están en una especie de letargo, no saben qué hacer, pero también vemos que la parte política no nos representa, los partidos no tienen la suficiente representación agropecuaria y lo que pretendemos es que a partir de ahora, de otra forma, con otros modales, se respeten nuestros derechos” afirmó en diálogo con Canal 6 ERTV.

 

Proyecto en el Senado

 

Senadores del Bloque de Cambiemos estuvieron en la reunión, donde informaron a los presentes sobre el proyecto de ley que presentaron en la Cámara Alta sobre fitosanitarios. La iniciativa legislativa, que tomó estado parlamentario en la última sesión, es de autoría de Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay), Beltrán Lora (Nogoyá), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación) y Roque Ferrari (Victoria).

En los fundamentos de la propuesta se indicó que debido a que “existen varios proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de los últimos años, sin poder culminar con una sanción que regule la materia, es necesario regular y acordar la sanción de una legislación sobre los fitosanitarios en Entre Ríos, con la premisa de cumplir con lo que establece la Constitución Provincial, de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto, todos los habitantes deben vivir en un ambiente sano y equilibrado”.

“Con el mandato dispuesto en el artículo 68, de la Carta Magna entrerriana, de que el estado fomentará y protegerá la producción y en especial, las industrias madres y las transformadoras de la producción rural”, presentaron el proyecto bajo estas 3 premisas: “a) Protección de la salud humana, b) Protección de los recursos naturales, c) Protección de la producción agrícola. A estos valores protegidos, se le suma la incorporación de dos principios rectores: 1) Integración de sistemas ecológicos y económicos; 2) Tratamiento responsable y equilibrado de los valores protegidos”, se indicó en la propuesta, la que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara Alta.

Para los senadores de Cambiemos, “más allá de la polémica desatada por los fallos judiciales que prohíben la fumigación en los predios lindantes a escuelas, ampliando las distancias establecidas en el decreto, creemos conveniente que se pueda lograr un consenso en la materia, por ello, consideramos que este proyecto de ley viene a salvar estos conflictos que se suscitaron en el último año”.

Los legisladores recodaron que “entre los años 2016 y 2018 se trabajó en una comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados de todos los bloques políticos y en función de ello se convocó a representantes de todos los sectores, públicos y privados y se recibieron sus aportes, los cuáles fueron debidamente analizados e integrados al anteproyecto de origen. En función de ello, propiciamos que la norma provincial, contenga un marco de principios que sirvan de disposiciones generales tanto a la autoridad de aplicación como a los gobiernos municipales, para mediante su reglamentación, ordenanzas y decretos, ajustar la práctica de las actividades comprendidas en su regulación; lo suficientemente abierta para contemplar tanto las  particularidades geográficas del territorio provincial, como el avasallante avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muerta o inservible cualquier disposición restrictiva o cerrada en la realidad actual”.