Este lunes por la mañana los cuatro gremios docentes de la provincia, Agmer, AMET, Sadop y UDA realizarán un paro de actividades y marcharán a la Casa de Gobierno para exigir “una mejora en la propuesta salarial que presentó el gobierno”.

La medida de fuerza se realizará a pesar de la conciliación obligatoria que el sábado dictó el Juzgado Laboral Nº 4, a cargo de Gladis Pinto, tras el pedido que había realizado el día previo el Gobierno a la Justicia para que tome intervención en el conflicto docente.

Cabe destacar que Agmer, AMET y UDA habían dispuesto cinco días de paro, y Sadop dos, pero el dictado de la conciliación obligatoria -si bien no logró frenar el primer día de huelga- sí llevó a los gremios a evaluar qué hacer con el resto de las medidas de fuerza que se habían definido, que por ahora continúan en pie.

La excepción por el momento es Sadop, que ratificó no sólo el paro de este lunes, sino también el del martes. Cabe recordar que el sindicato que nuclea a los docentes privados no integra la mesa paritaria que componen los gremios Agmer y AMET y para los cuales la justicia dictó la conciliación obligatoria y ordenó suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza, consignó APF.

Cabe acotar que “a los fines de garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos que concurren a las escuelas de la provincia”, la Justicia entrerriana ordenó suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por los gremios y fijó una audiencia entre las partes para este lunes. De esta manera, se dispuso la conciliación obligatoria que solicitó el Consejo General de Educación al Juzgado Laboral.

“No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias”, expresa la jueza del Trabajo, Gladys Pinto.

“Entendemos que corresponde a las Asociaciones Gremiales y Sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad”, aclara la resolución.

“El conflicto se ha generado entre el CGE y las entidades gremiales Agmer y AMET ejerciendo estas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada”, afirma la jueza.

En el marco de esta conciliación obligatoria, la jueza dispuso una audiencia para este lunes. Pero en este período de 20 días hábiles que dispuso la jueza, puede convocar a cuantas audiencias considere necesarias hasta poder arribar a un acuerdo.