En el Senado entrerriano, está en debate un proyecto de ley que apunta a combatir el narcomenudeo. En una iniciativa que fue firmada por todos los senadores entrerrianos, se propone la adhesión de Entre Ríos “a las disposiciones del Artículo 34 y concordantes de la ley nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional Nº 26.052”.

Aparece como una herramienta que habilita al Poder Ejecutivo Provincial a requerir transferencia de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, del ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de Justicia.

Estas acciones son posibles, contando con el marco legal, merced a la norma nacional que impulsó en 2005 el entonces Presidente Néstor Kirchner, que consideró necesaria la participación de la policía y justicia de las provincias para luchar contra el flagelo de las drogas.

El proyecto en debate propone la creación, en dependencia directa de la Gobernación, de la Secretaría de “Lucha contra el Narcotráfico”. Este organismo debería coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad, organismos jurisdiccionales y penitenciarios provinciales, respecto de la oferta y demanda de estupefacientes, en el marco de las competencias legales que se asumen.

Sería además el ámbito para armonizar el trabajo con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y con el Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (COFEDRO).

En uno de los artículos el proyecto deroga la ley 9783, por la que Entre Ríos adhirió a la ley nacional 26052. Si bien fue promulgada (decreto 4387 del año 2007), se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad “queda suspendida”.

En aquel entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.

Teniendo en cuenta la importancia del tema, sus alcances y los actores que deberían participar en la implementación de la norma en caso de ser aprobada, en la Cámara Alta se realizaron encuentro de los que participaron los legisladores miembros de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción.

Además se recibió a la presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Claudia Mizawak y al Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García.

Junto a estas altas autoridades judiciales se hizo un análisis del proyecto de ley que propone atacar la venta de droga en baja escala, denominada vulgarmente “narcomenudeo”.