Elevan a juicio la causa por la quiebra de la empresa crespense Waigel. Pedirán “prisión efectiva” para procesados

Tras idas y venidas, con planteos, recusaciones y resoluciones, finalmente la justicia federal dispuso el envío a juicio de los 22 procesados en la causa que se investiga la quiebra fraudulenta de la empresa Waigel de Crespo.

Como se recordará, en un principio la misma la llevó adelante la justicia provincial, que incluso llegó a disponer la detención de integrantes del directorio de la firma. Sin embargo, en la investigación tallaron las presentaciones de los abogados defensores, como también la decisión de la Administración Federal de Ingresos Brutos de tratar de unificar las causas por “la quiebra fraudulenta y evasión fiscal”.

El largo devenir de la investigación tuvo en su itinerario, declaraciones, secuestro de vehículos y propiedades. Así con pedido de nulidad, se pasaron en los estrados judiciales 8 años. Luego, se dispuso finalmente que la investigación pasara al juzgado federal de Paraná, donde se acumularon los expedientes.

Este jueves, los integrantes de la quebrada empresa fueron notificados de una resolución que dispone clausurar la instrucción y elevar la causa a juicio, “por no cumplir con las obligaciones salariales y de acreedores por casi 40 millones de pesos”.

 

De esta larga investigación, se supo la postura de la Afip, que se convirtió en querellante, en el juicio oral y público que se llevará a cabo en una fecha que determine el Tribunal Federal de Paraná. Los abogados del organismo recaudador entienden que por las características de las maniobras en las que participaron 22 personas, con el asesoramiento de profesionales de ciencias económicas y hasta abogados, es que se debe reclamar “una pena de prisión efectiva”.

Este es el primer caso de insolvencia fiscal de Entre Ríos elevado a juicio oral. En esa línea se conoce que la “Insolvencia Fiscal Fraudulenta” tiene un mínimo de dos años de prisión (condicional), pero al existir agravantes es que el mínimo se fija en los cuatro años de cárcel efectiva.

De allí es que hay un reclamo judicial que lleva a los acusados a saber que si son condenados, es altamente probable que terminen detenidos en un penal entrerriano, consignó Uno.

En estos ocho años de investigación, hubo una gran cantidad de afectados que perdieron sus ahorros y merced al secuestro de vehículos o la toma de propiedades es que se pudo devolver parte de los reclamos.