La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, retomó el debate y se encuentra evaluando el caso que regula el funcionamiento de las Juntas de Gobierno, que pasarán a denominarse Comunas.

El presidente de dicha comisión, Aldo Ballestena, expresó a la agencia APF que uno de los temas que está en carpeta es la reglamentación de un nuevo orden administrativo, económico y poblacional para las Juntas de Gobierno, que pasarán a denominarse Comunas, tal como está establecido en la manda constitucional.

La Carta Magna ordena que la ley reglamentaria del régimen de las Comunas determine su circunscripción territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema democrático, con elección directa de sus autoridades, competencias y asignación de recursos. Esto incluye la potestad para el dictado de ordenanzas, alcance de sus facultades tributarias, el ejercicio del poder de policía, la realización de obras públicas, la prestación de los servicios básicos, la regulación de la forma de adquisición de bienes y las demás facultades que se estimen pertinentes.

Vale recordar que la Cámara de Diputados aprobó en la gestión anterior un proyecto que legislaba al respecto, pero el Senado decidió avanzar en otra propuesta que finalmente nunca fue aprobada.

En abril pasado el presidente del monobloque del FpV en el Senado, Enrique Cresto, informó sobre una reunión con representantes de la Fiscalía de Estado, de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y de la Dirección de Catastro para avanzar en la norma. En esa oportunidad el legislador se animó a decir que en los días siguientes la Cámara Alta iba aprobar el proyecto y que “a mediados de junio” iba a tener sanción definitiva, con la aprobación en Diputados. Pero a seis meses, nada de ello ocurrió.

Cresto había manifestado en esa oportunidad que la decisión de avanzar en el proyecto tenía que ver con un pedido expreso del gobernador Sergio Urribarri, quien había solicitado que “se empiece a trabajar en la regularización de las Comunas para que éstas estén en condiciones de acompañar el crecimiento de la provincia en todo su desarrollo”.

Y en mayo surgió la novedad de que el propio Ejecutivo iba a mandar un nuevo proyecto a la Legislatura.

A cinco años de la reforma, poco y nada se ha podido avanzar en este sentido y lo cierto es que el hecho de que no se reglamente tal manda constitucional imposibilita, por ejemplo, que las Juntas de Gobierno (o Comunas) puedan contar con una coparticipación actualizada.

También se ven impedidas de cobrar tasas -y de tener recursos genuinos- y de recibir los beneficios de los programas de Nación, entre otras ventajas que hoy no tienen.

El proyecto que se debate establece que toda comunidad que tenga entre 200 y 1.500 habitantes se definirá como “Comuna”, la que tendrá autonomía y será gobernada por una Comisión Comunal, un “órgano colegiado que concentra las funciones deliberativas y ejecutivas, y toma sus decisiones por el voto de sus miembros”.

Los miembros de la Comisión Comunal serán elegidos directamente por el electorado y durarán en sus cargos cuatro años. Habrá cinco titulares y tres suplentes. La lista ganadora se adjudicará la mitad más uno de los cargos.

Quien encabece la lista de candidatos de la lista ganadora ejercerá la función de Presidente de la Comuna.

También se preveía realizar una nueva delimitación territorial, ya que la iniciativa establece que no podrá haber zonas grises y que una Comuna deberá estar pegada a la otra o a un Municipio.