La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley del legislador Natalio Gerdau, que propone una serie de herramientas para evitar situaciones de violencia en el ámbito escolar. Se lo definió, al proyecto, como “de atención integral para la erradicación de la violencia y la discriminación en el ámbito escolar”.

Se trata de encontrar, desde la comunidad educativa, soluciones para salvar los inconvenientes que genera en la sociedad el denominado bullying. El legislador pidió el ingreso del proyecto que no formaba parte del plan de trabajo original de la sesión. Esto fue aprobado por unanimidad. Se trató sobre tablas, con despacho de comisión y pasó a la Cámara de Diputados.

Gerdau había planteado el tema a las autoridades del Consejo General de Educación y consideró que “ya es tiempo de avanzar en este tema”, al que consideró “una epidemia silenciosa”.

El senador de Gualeguaychú recordó que “hubo una coyuntura en la que, por distintos casos divulgados por los medios masivos, el tema fue central, pero después decayó al menos en esos espacios. Pero más allá de eso tenemos que buscar una herramienta que nos permita atacar la cuestión de fondo”, enfatizó.

Gerdau propone con esta iniciativa, que tomó estado parlamentario hacia fines de 2013, “establecer políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia y la discriminación en el ámbito escolar, estableciendo las bases para la promoción y la convivencia en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades” dependientes del Consejo General de Educación.

Agrega que son “principios orientadores de esas bases” el respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas, como así también a sus valores, creencias e identidades culturales.

También toma como aspectos ineludibles a tener en cuenta “el respeto a los derechos y responsabilidades de cada persona, la resolución no violenta de conflictos, el respeto y la aceptación de las diferencias”, a lo que suma “el rechazo explícito a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones”.

Otro de los parámetros centrales lo constituye el derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida escolar, mediante la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia”.

El proyecto apunta a generar condiciones para el respeto de las normas y la sanción de sus transgresiones, todo esto como parte de la enseñanza socializadora de la escuela y de su calidad como espacio público regulado por el Estado.

En lo que hace a las transgresiones señala la necesaria contextualización de estos hechos, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley, asegurando “la garantía para el estudiante de que se cumpla con su derecho de ser escuchado y a formular su descargo”.

En lo referido a la sanción, Gerdau enfatiza la valoración primordial del sentido pedagógico de la sanción, como así también el reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas y/o bienes de la escuela o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y/o grupos responsables.

El proyecto tiene como objetivo prevenir, detectar y eliminar todas las formas de violencia escolar, pero también concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa, a las familias, a la población en general sobre esta problemática y sobre la necesidad de una convivencia escolar y académica pacífica, en base al respeto a las diferencias y una visión positiva de la diversidad.

Es en este sentido que los principios rectores del proyecto son el interés superior del niño o niña, el respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos, las perspectivas de género y diversidad, la no discriminación, por citar algunas de las más importantes.

El denominado “acoso escolar” (bullying), es una epidemia silenciosa que afecta a un gran número de alumnos, y que suele conllevar graves consecuencias que trascienden el ámbito escolar.

El legislador de Gualeguaychú considera que es indispensable visibilizar esta problemática, y comprender que las consecuencias negativas del acoso escolar la sufren tanto las víctimas como quienes lo infligen como victimarios.

El desafío de la propuesta legislativa es entonces “evitar la estigmatización y criminalización de los y las estudiantes que generen la violencia en tanto que estamos convencidos de que, en una sociedad democrática, la violencia no se erradica con más violencia ni con medios represivos o punitivos”

Destaca que “el fin de la norma no es sancionar, sino prevenir toda violencia en el ámbito educativo a través de la construcción de una cultura de la no violencia y el buen trato”, por lo que es una de las propuestas centrales “la creación de un Observatorio sobre Convivencia Escolar que participará en el diseño de las estrategias a seguir, en articulación con instancias sociales y académicas, lo que permitirá generar estadísticas y un diagnóstico real de la problemática”.

Contar con un monitoreo permanente sobre el fenómeno de la violencia en los centros educativos de la Provincia, es una base fundamental para elaborar nuevas propuestas que permitan erradicar esta problemática.

Para hacer este proyecto se tuvo en cuenta que la escuela constituye el lugar en el que los alumnos desarrollan las primeras habilidades para el ejercicio democrático y en este sentido, educar para la paz, para la democracia y el ejercicio pleno de los derechos implica, entre otros aspectos, favorecer procesos de participación en la institución escolar.

Por eso es fundamental para el éxito de la propuesta la existencia de dinámicas institucionales que garanticen la participación de niños y jóvenes en la vida escolar y cuando las características del nivel y modalidad lo hacen posible, el funcionamiento de órganos de participación democrática, tales como las asambleas, los consejos de convivencia o los centros de estudiantes, entre otros.

También es primordial la participación de la familia en la construcción de las normas de convivencia de cada establecimiento, porque esto asegura mayor compromiso en la búsqueda de alcanzar una convivencia en el marco que se propone de común acuerdo entre los actores del sistema. “Cuando se asumen esas normas consensuadas como propias, se las percibe como legítimas y son respetadas, mejorando sensiblemente los términos de convivencia”, señaló Gerdau.

Hay dos propuestas que el senador considera importantes, como son la creación de un ente específico de monitoreo, el Observatorio Provincial contra la Discriminación y el Acoso Escolar, y la Autoridad de Aplicación, a través del Consejo General de Educación, que sería ejecutor de la aplicación de las políticas públicas.

Observando la coyuntura y las situaciones que se han dado en el ámbito escolar, muchas de ellas ampliamente difundidas, Gerdau sostiene que “no se puede esperar más para tratar una norma como esta”, porque es en el sentido de “atender situaciones que suceden en la cotidianeidad del ámbito educativo y permitiría avanzar sobre causas más estructurales, para minimizar la violencia y la discriminación en el mediano y largo plazo”.

“Todo esto tiene que ser parte de un debate amplio y pluralista, que visibilice esta problemática y permita intentar soluciones efectivas y duraderas en defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes -y también adultos- y fundamentalmente del derecho constitucional a enseñar y aprender”, destacó en los argumentos que acompañan al proyecto, que cuenta con trece artículos (uno de forma) en cinco capítulos.