El oficialismo busca cambiar la ley de alquileres

El Gobierno negocia cambios al proyecto de ley de alquileres que ya arrancó a ser tratado en el Congreso la semana pasada y que levantó críticas de empresarios del sector e incluso del propio oficialismo.

En este sentido, se aceptó incorporar al debate parlamentario una parte de los reclamos. Incluso está en estudio reglamentar la habilitación de desalojos exprés ante incumplimiento de contrato por parte del inquilino.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, planteó “la reglamentación de desalojos inmediatos, que demoren entre 30 y 60 días, para bajar los costos de la garantía”. Según su visión, “ya que traemos este sistema de garantías desde el exterior, también deberíamos avanzar en esa dirección, ya que actualmente tardan entre seis meses y un año”.

Según publica diario Clarín, se aceptó incorporar al debate los siguientes puntos:

• El propietario puede reservarse el derecho de exigir garantías reales al posible inquilino. Hasta ahora, se planteaba que sólo eran necesarios los recibos de sueldo y algún seguro de caución.
• Que los corredores inmobiliarios puedan cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino.
• Que no se fijen topes a la comisión que el inmobiliario le cobre al propietario.
• Reducir el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse a esta futura ley. En el dictamen aprobado figura un tope de 3.000 UVAs al mes ($82.590 al valor de ayer) para los alquileres de vivienda. Pero se lo bajaría a $30.000. Esto quiere decir que los contratos con valores mensuales superiores a $ 30.000 podría acordarse según los usos y costumbres actuales.
• Será opcional egistrar el contrato ante la AFIP.

Mientras tanto hubo otros aspectos que tuvieron menor aceptación, como la duración de los contratos (se mantendrá que se lleve el plazo mínimo a tres años desde los dos años actuales) y el ajuste se hará por el promedio del índice de salarios e IPC (los privados pidieron que se adoptara la UVA).

El proyecto ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La norma recibió fuertes críticas de todo el sector inmobiliario, desde donde aseguraron que una norma de este tipo encarecería los precios y provocaría el retiro propiedades del mercado de alquileres (Clarín).