Hace algunas semanas se conoció una presentación del Bloque de Concejales Justicialistas de Aranguren, que solicitaban la nulidad de la Ordenanza Nº 625/14, por considerar que “se violó el procedimiento para la sanción de ordenanzas, específicamente el inc. 2 del artículo 99 de la Ley Nº 10.027”.

Los ediles se basaron en que en la sesión del lunes 6 de octubre ingresó el proyecto de ordenanza enviado por el intendente (Eduardo Tessore) al Concejo Deliberante, que trataba sobre una ampliación presupuestaria y en el mismo se incluía la creación de 9 cargos más para planta permanente, dos de ellos con categoría 5, lo que fue aprobado por los concejales del oficialismo. En este sentido mencionaron que “se le dio un tratamiento sobre tablas de forma arbitraria ya que no se procedió a someter a votación para definir su tratamiento en esa misma sesión o pasar el mismo a comisión, que hubiera sido lo correcto según el artículo 99 de la ley 10027, porque seguramente tenían la orden del intendente de aprobarlo en esa misma sesión no teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la citada Ley, sin siquiera haber dado un debate acorde”.

Ante esta situación, el intendente Eduardo Tessore, dio a conocer un comunicado: “(…) Es obligación política informar a ustedes que dicha ordenanza ha sido legítimamente tratada y sancionada, respaldada legalmente con el debido proceso. Evidentemente el propósito (…) no era defender con su postura el interés del municipio, sino poner palos en la rueda a esta gestión, que se preocupó por cubrir funciones que requiere el nuevo estado municipal, que ya no solo se ocupa de alumbrado, barrido y limpieza, sino que atiende una diversidad de realidades propias del crecimiento de nuestra comunidad, sin provocar desequilibrios económicos a las arcas institucionales”.

En este sentido, el asesor letrado de la municipalidad, Dr. Alejandro Carbó, dialogó con Diario 6 y comentó sobre la mencionada situación.

– ¿Cuál fue la respuesta de la Justicia ante el caso planteado por el bloque de concejales del FPV?

– El juez determinó la vigencia plena de la ordenanza y que el procedimiento legislativo fue correcto. Ellos intentaron apelar, pero se olvidaron de firmar la apelación. Con lo cual, en los hechos, no hay marcha atrás posible.

– Para despejar dudas…¿Cómo fue el tratamiento de este proyecto?

– Se envió la ordenanza de ampliación presupuestaria, tal como se había hecho en ocasiones anteriores. En este punto, está una de las contradicciones más fuertes del bloque justicialista, porque nosotros mandamos antecedentes al juez y en 2012 se hizo así y en 2013 se aprobó. 72 horas antes se entregó la propuesta, todos los concejales tuvieron tiempo de estudiarla, de hecho lo hicieron, porque vinieron y plantearon varias cosas del proyecto y se opusieron. Está claro que fue una maniobra política que les salió mal.